En el libro “Cambio sin Ruptura”, editado en septiembre de 1994, Manuel Camacho plasma su proyecto de nación, a partir de la conciliación, la institucionalidad y la construcción de acuerdos al señalar:

“La única manera de fortalecer nuestros propósitos comunes, de hacer compatibles las necesidades de la política y de la economía, y de abrir espacios de respuesta institucional a los conflictos sociales, es dar un nuevo equilibrio al sistema político mexicano. Es tomar -con claridad, audacia y determinación- las decisiones que permitirán volver a unir al país, asegurar su paz y su crecimiento económico. Es hacer posible, en las condiciones actuales de México, la reforma política que va a llevar a la democracia y a la competencia política plena entre todas las fuerzas políticas del país. Es llegar al acuerdo que dé garantías a los intereses legítimos y al aparato político de que las transformaciones no van a terminar en desorden, y que permita a quienes tienen aspiraciones de cambio social y democrático, encontrar cauces legítimos para alcanzar sus fines.” Sin embargo, existía la necesidad de transitar de una democracia electoral a una democracia de resultados.

Para ello resultaba indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del país, así como sus reglas e instituciones electorales. Nuestro diseño institucional no siempre propiciaba los acuerdos ni fomentaba el diálogo y la corresponsabilidad entre Poderes, lo que obstaculizaba la tarea de gobernar con eficacia. Este hecho amenazaba con socavar la legitimidad de nuestro régimen político, pues el verdadero riesgo para una democracia radica en la parálisis. De ahí que, de acuerdo con el Latinobarómetro, en 2010 sólo 27 por ciento de la población mexicana estuvo satisfecha con nuestra democracia y que en la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) de 2012, sólo seis de cada 10 mexicanos hayan considerado a la democracia como la mejor forma de gobierno posible.

Para llegar a lo que Camacho decía, fue necesario pasar una serie de Reformas Político Electorales. La primera gran reforma político electoral diseñada por la oposición después de perder una elección, en 1976, fue conocida como “Loppe”. En ella se marca un punto axial en la evolución de la democracia mexicana, el tránsito de un sistema de partido hegemónico y prácticamente único, el PRI confundido y en ocasiones fundido con el gobierno, a un sistema plural y abierto de partidos políticos, y con el tiempo también un sistema competitivo y equitativo, hasta desembocar en la alternancia en el Poder Legislativo, en 1997, y en la alternancia en el Poder Ejecutivo, en el emblemático año 2000, con la llegada el Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, con su candidato Vicente Fox.

Todavía en las elecciones federales de 1976 se dio el fenómeno de una elección presidencial con un solo candidato, con una elección protocolaria que solo daría validez legal, y legitimidad formal, a una decisión unilateral ya previamente tomada. El Partido Acción Nacional, llamado por la politóloga María Amparo Casar como la “Oposición leal”, fue el único partido realmente opositor al PRI en ese entonces, no postuló candidato por las fuertes disputas internas, y Valentín Campa, mítico líder sindical y destacado militante del Partido Comunista Mexicano, fue postulado como aspirante sin registro, obteniendo casi un millón de votos que, en ese marco legal, debieron ser anulados.

La reforma constitucional de 2012 posibilitó la existencia de candidaturas independientes. Sin embargo, este avance en materia de participación podía invalidarse si no se garantizaba que los ciudadanos que optasen por buscar un cargo de elección popular por esta vía pudieran competir en condiciones de equidad con los candidatos postulados por los partidos políticos. Pese a que las mujeres representan una proporción de más del cincuenta por ciento de la población mexicana, no tenían una presencia equiparable en la política institucional. Este hecho evidenció la necesidad de incidir en el proceso de nominación de candidatos dentro de los partidos políticos, pues este ha sido uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno del derecho a la representación política de las mujeres. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral. En cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La Reforma Electoral de 2007 trajo un nuevo Modelo de Comunicación Política. Con la reforma, el modelo de comunicación política de los partidos políticos es objeto de varios cambios, entre ellos los siguientes:

• Se eliminan los programas de 5 minutos que los partidos políticos producían y difundían en radio y televisión.
• El INE recibirá los materiales de partidos políticos y candidatos las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana.
• Se incrementa de 18 a 30 minutos el tiempo de los partidos políticos y candidatos durante las precampañas, lo que no implica aumento en los tiempos que los concesionarios ceden al Estado, pues se mantiene la suma de 48 minutos diarios.
• La entrega de los materiales y órdenes de transmisión a los concesionarios se podrá realizar en forma personal, electrónica o satelital.

Un país como el nuestro, que basa el ejercicio del poder público en un sistema democrático en donde se contienen normas constitucionales y legales que permiten, entre otros aspectos, condiciones de equidad, justicia e igualdad para el acceso a dicho poder, las normas electorales constituyen la columna vertebral que da vida, cauce, legalidad, legitimidad y credibilidad al régimen político. 

En este sentido, desde hace más de 30 años el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país, gracias al andamiaje normativo electoral construido por el Legislativo y por las autoridades electorales, ha permitido condiciones de competitividad, reglas claras para todos los actores políticos, vías legales e institucionales para impugnar los resultados electorales pero, sobre todo, que la ciudadanía, el principal ingrediente de las elecciones, tenga certeza de que su voto depositado en la urna cuenta.  Bajo este contexto, el sistema electoral con el que hoy contamos ha permitido darle estabilidad al país, garantizar la libertad y secrecía del voto y el acceso pacífico al acceso del poder, independientemente de la fuerza política, candidata o candidato que obtenga el triunfo. Por ello, es importante alertar a todos los actores políticos y a la sociedad en general sobre el impacto de la llamada Reforma Electoral. 

La nueva propuesta de Reforma Electoral que quiere el presidente y su partido contiene puntos interesantes a revisar. De entrada, existen cambios en las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y se busca reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición un nuevo marco normativo en la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Algunos de los principales aspectos de la Reforma Electoral los menciona claramente la Consejera del INE Carla Humphrey, y  son, entre otros:  Impacto a la estructura organizacional del Instituto Nacional Electoral la reducción de este personal sería de casi el 85% impactaría en el padrón electoral, la actualización cartográfica, la ubicación de casillas, la entrega de materiales y documentación electoral a las personas integrantes de casillas, a los sistemas de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, entre otros. El voto electrónico, se refiere, entre otras cosas, el diseño de un sistema de voto electrónico en un plazo no mayor a 5 años por una comisión del Congreso de la Unión en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y con el INE, lo que en los hechos implicaría un grave retroceso ya que se ordena detener los avances que en este tema tienen diversas entidades federativas y el propio INE. Con esta reforma se retrasaría al menos una década la implementación de la votación electrónica en nuestro país.

Se afecta también el modelo de fiscalización, elemento indispensable que le ha dado equidad y justicia a los procesos electorales ya que, entre otros aspectos, establece un mecanismo que demoraría significativamente la adecuada fiscalización, incompatible con el sistema de fiscalización en tiempo real y se impide solicitar información a otras autoridades fuera de los procesos electorales, con lo que prácticamente la capacidad fiscalizadora del INE se vería seriamente afectada y limitada a periodos determinados cuando la fiscalización es y debe ser permanente.

Se verían afectadas el desarrollo y participación de las mujeres y grupos en situación de discriminación, así como el acceso pleno al ejercicio de sus derechos ya que la propuesta de Reforma Electoral solo contempla aspectos de capacitación y educación cívica en materia de paridad de género y derechos humanos en el ámbito político y limita el número de espacios en el Poder Legislativo únicamente a 25 para personas en situación de discriminación. Se vulnera la autonomía constitucional del INE ya que, entre varias transgresiones legales, se pretende obligar a la instalación de módulos de atención ciudadana en edificios de gobierno, a que dependencias del poder ejecutivo revisen el padrón electoral, al reintegro de recursos no ejercidos que, en ocasiones, permiten enfrentar otras necesidades o proyectos institucionales, o bien atender la celebración de elecciones extraordinarias, o la consulta popular en 2021 y la revocación de mandato en 2022, por ejemplo.

De aprobarse la Reforma Electoral con éstas y otras modificaciones se trastoca el sistema electoral, se pone en riesgo el óptimo desarrollo de los procesos electorales, se afectarían los principios básicos de equidad en las contiendas electorales, se atenta contra los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, se vulneraría una óptima fiscalización que garantiza la equidad y legalidad en las elecciones y, entre otras consideraciones, se afectarían derechos alcanzados para las mujeres así como por otros grupos que históricamente han sido discriminados.

Finalmente la Reforma Político-Electorales representa un punto de inflexión entre la transición y la consolidación democrática de México. La transición implicó el ejercicio y respeto efectivo del voto ciudadano; no obstante, la consolidación de una democracia de resultados requería de una transformación estructural que modernizara e hiciera más eficaz nuestro régimen político y las reglas electorales apegadas a la nueva realidad del país. El conjunto de modificaciones constitucionales y legales que integran las  reformas realizadas hasta el día de hoy,  representa la más importante transformación política de las últimas décadas, tanto por su profundidad como por el amplio alcance de los temas que contiene. Las Reformas fomentan un mayor equilibrio entre los Poderes de la Unión, al tiempo que contribuyen a la formación de gobiernos que den resultados a los mexicanos, al contar con instrumentos que facilitan el diálogo y la colaboración, fortalecen e incentivan la participación ciudadana y brindan mayor certidumbre, equidad y transparencia a la competencia democrática, tanto a nivel nacional como local. Hoy el problema no es contar los votos, sino cómo llegan esos votos a las urnas.