La reforma política-electoral ya está en marcha. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, tras las consultas públicas impulsadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el país vivirá un proceso inédito de deliberación nacional que desembocará en una iniciativa formal a presentarse en enero de 2026. El objetivo es abrir la discusión a toda la sociedad mexicana, de modo que el diseño de las nuevas reglas del juego democrático no sea monopolio de élites políticas, sino resultado de un diálogo plural y abierto.

La importancia de la participación de todas y todos es muy importante, la convocatoria presidencial subraya que todos los sectores sociales deben involucrarse. La participación ciudadana es crucial porque dota de legitimidad al proceso y permite que la reforma electoral no responda únicamente a intereses partidistas. Cada actor aporta una visión necesaria:

• Diputadas y diputados, así como senadoras y senadores: tendrán en sus manos la discusión legislativa final y necesitan escuchar de primera mano las preocupaciones y propuestas de la sociedad.
• Ciudadanas y ciudadanos: garantizan que el debate no quede reducido a cúpulas políticas, aportando experiencias concretas sobre el funcionamiento real del sistema electoral en comunidades y regiones, y sobre todo es importante escuchar, cuáles son sus necesidades.
• Organizaciones de la sociedad civil: representan voces colectivas, defienden derechos de grupos vulnerables y contribuyen a la transparencia.
• Académicos y especialistas: ofrecen análisis comparados y fundamentos técnicos para que los cambios sean viables y sólidos en términos constitucionales.
• Partidos políticos y autoridades electorales: plantean perspectivas prácticas sobre el financiamiento, la representación política y la operación de los procesos electorales.

En sí, la pluralidad es indispensable para que esta reforma sea percibida como legítima y responda a los desafíos reales del país.

El proceso arrancó en septiembre de 2025, cuando se llevaron a cabo las primeras audiencias públicas. Desde entonces, la agenda contempla decenas de encuentros en las 32 entidades federativas, entre septiembre y diciembre de 2025.

El calendario de fechas y lugares está disponible en el micrositio reformaelectoral.gob.mx, donde también se pueden enviar opiniones y registrarse para participar. Tras esta ronda de audiencias, la Comisión Presidencial sistematizará las propuestas y entregará el proyecto final a la Presidencia en enero de 2026. Hasta el momento se han realizado varios foros y audiencias públicas en distintos estados, con un balance positivo: la asistencia ciudadana ha mostrado interés genuino por incidir en la definición de las reglas democráticas.

La Comisión Presidencial ha delineado ejes temáticos que orientan las consultas, entre ellos destacan:

• La representación política y las listas plurinominales.
• El papel y autonomía de las autoridades electorales.
• Los mecanismos de democracia participativa.
• El financiamiento público y privado de partidos políticos.
• La equidad de género y acciones afirmativas.
• La incorporación de innovación tecnológica en el voto.

Cada tema despierta posiciones antagónicas: por ejemplo, mientras algunos sectores buscan reducir el costo del sistema electoral, otros advierten que recortes presupuestales pueden debilitar la autonomía de instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE). Estas diferencias enriquecen el debate, pero también ponen de relieve los retos de alcanzar consensos amplios.

Tenemos grandes retos y perspectivas, y el principal desafío es lograr que las voces ciudadanas tengan un impacto real en el diseño de la reforma. La experiencia mexicana muestra que muchas veces las consultas terminan siendo simbólicas. Esta vez, la expectativa es distinta, ya que la presidenta y la comisión han reiterado que el proyecto será abierto a todas las voces, sin exclusiones, y lo más trascendente que debe ocurrir, es que, de todas las opiniones, se recoja lo que más beneficie a la sociedad, pero sobre todo que fortalezca realmente a la democracia.

También hay que decir que existe el riesgo que los intereses partidistas intenten monopolizar la discusión o que sectores sociales marginados tengan menos capacidad de incidencia. Sin embargo, si se logra consolidar un diálogo incluyente, la reforma electoral podría convertirse en un paso decisivo hacia la renovación institucional y la consolidación de la democracia mexicana.

En conclusión, los debates sobre la reforma política-electoral no son un ejercicio accesorio: son la razón de un proceso que definirá cómo elegimos a nuestras autoridades y cómo fortalecemos la confianza en la democracia. La invitación está abierta: todas y todos —desde legisladores hasta ciudadanos comunes, desde organizaciones sociales hasta jóvenes universitarios— tienen un lugar en estas mesas de discusión.

La historia de la democracia mexicana se escribe hoy en plazas públicas, auditorios universitarios y foros ciudadanos. Participar en ellos es; no es solo un derecho, sino una responsabilidad compartida para que la reforma refleje la diversidad y vitalidad de nuestro país.