Las elecciones de 2024 marcaron un parteaguas: fueron el proceso electoral más grande de la historia de México y, simultáneamente, uno de los más afectados por la desinformación digital. Sin embargo, el fenómeno no terminó ahí. En 2025, con las elecciones del Poder Judicial para la designación de personas juzgadoras, el país volvió a enfrentar una nueva ola de deepfakes (contenidos audiovisuales alterados mediante inteligencia artificial para simular voces, rostros o acciones), campañas automatizadas y manipulación algorítmica. Esta vez, los ataques no solo se dirigieron a figuras políticas, sino también a perfiles judiciales y académicos, ampliando la vulnerabilidad institucional.

Se habla del tema hoy porque la tecnología avanza más rápido que la regulación jurídica en materia de Inteligencia Artificial (IA), porque la manipulación digital ya incide en la deliberación pública y porque México se encuentra en un ciclo donde la integridad electoral —incluida la judicial— puede alterarse desde el entorno digital.

Los deepfakes son el riesgo más visible. En cuestión de minutos pueden fabricarse videos donde una persona aspirante aparece defendiendo posiciones que jamás sostuvo, aceptando presiones o cometiendo actos ilícitos. Esto dejó de ser una hipótesis: en 2024 circuló públicamente un video generado con inteligencia artificial que utilizaba la imagen de Claudia Sheinbaum con fines engañosos, lo que evidenció que este tipo de técnicas ya forma parte de un ambiente de desinformación en México. Diversas organizaciones dedicadas a la verificación de información, como VerificadoMX y AFP Factual, han alertado sobre el incremento de contenidos manipulados y la dificultad de identificarlos en tiempo real, especialmente durante periodos electorales.

En 2025, contenidos falsos circularon con la misma velocidad, ahora dirigidos también a aspirantes a cargos judiciales. En algunos casos se difundieron videos editados o descontextualizados que atribuían a personas juzgadoras criterios inexistentes o supuestas vinculaciones políticas. El problema es su impacto emocional: cuando llega la desmentida, la percepción pública ya está afectada y el daño reputacional difícilmente se revierte.

Las granjas de bots (agrupaciones de cuentas programadas para difundir mensajes de forma masiva y sincronizada) también escalaron. Si en 2024 saturaron narrativas políticas, en 2025 se enfocaron en erosionar credibilidad judicial, impulsando mensajes que buscaban polarizar y deslegitimar perfiles. Su objetivo no es convencer, sino inundar: generar la sensación de consenso donde no lo hay y distorsionar el debate público.

A la par, la manipulación algorítmica se ha convertido en un factor silencioso pero determinante. En ambos procesos, 2024 y 2025, surgieron entornos fragmentados donde circulaban narrativas contradictorias, imposibles de contrastar públicamente y muy difíciles de monitorear por autoridades electorales o judiciales. México enfrenta así un reto inédito: la pérdida de un espacio público compartido.

Desde la perspectiva ciudadana, el riesgo es directo. La calidad del voto —sea para cargos políticos o judiciales— depende de la calidad de la información que recibe cada persona. Si el electorado se expone a contenido manipulado, su decisión deja de ser plenamente libre. La desinformación provoca miedo, enojo o apatía, inhibiendo la participación pública.

En el ámbito académico, estos hechos confirman que ya no se trata de episodios aislados, sino de una transformación estructural de la comunicación política y judicial. Lo que antes era propaganda costosa hoy puede automatizarse; lo que antes era verificable hoy se oculta de una manera digital y de una viralidad algorítmica. Por ello, universidades y centros de investigación han intensificado sus estudios sobre inteligencia artificial, integridad electoral y legitimidad institucional.

Los actores políticos y judiciales también enfrentan un desafío mayor. La competencia ya no ocurre únicamente en territorio físico, sino en un entorno digital sin reglas claras. En 2025, las personas aspirantes a cargos jurisdiccionales enfrentaron por primera vez una contienda en la que la guerra sucia digital tuvo un papel central, mostrando que incluso la independencia judicial puede verse comprometida por información fabricada.

Desde las instituciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentan una presión creciente. En 2024 reforzaron lineamientos contra la desinformación y ampliaron los ejercicios de monitoreo digital mediante el seguimiento sistemático de contenidos en redes sociales, la identificación de narrativas engañosas y la colaboración con organizaciones especializadas en verificación. Para 2025, estas prácticas se ajustaron al contexto de la elección judicial, incorporando análisis básicos de audio y video —como revisión de cortes, edición evidente o descontextualización— y el rastreo de posibles redes de difusión coordinada, identificadas por patrones de comportamiento como actividad masiva en lapsos breves, repetición simultánea de mensajes y uso de cuentas recién creadas.

Aunque estos esfuerzos representaron un avance, la regulación sigue siendo insuficiente. México aún carece de un marco legal específico sobre el uso de inteligencia artificial en propaganda política y judicial, y la cooperación con plataformas tecnológicas continúa dependiendo de acuerdos voluntarios y no de obligaciones jurídicas claras.

Frente a este panorama, la protección de la democracia mexicana requiere acciones coordinadas. En el ámbito ciudadano, se necesitan alfabetización digital, verificación colaborativa y denuncia temprana de contenidos falsos. En el académico, investigación sobre comportamiento algorítmico, mapeo de redes de desinformación y análisis sobre impactos diferenciados en grupos vulnerables. En el ámbito político y judicial, pactos de integridad digital, transparencia sobre el uso de IA y prohibiciones explícitas al uso de deepfakes con fines electorales. En el institucional, una regulación robusta, unidades especializadas en análisis digital y mecanismos obligatorios de cooperación entre plataformas tecnológicas y autoridades del Estado.

La inteligencia artificial no es enemiga de la democracia; lo es su uso opaco y estratégico. México vive un momento trascendente: la tecnología ya no sólo acompaña las elecciones, sino que puede condicionar sus resultados y debilitar la confianza pública en autoridades políticas y judiciales. La pregunta central es si permitiremos que algoritmos ajenos definan la conversación pública, o si construiremos un marco democrático capaz de contener estos riesgos y proteger la voluntad ciudadana. Sin duda alguna, la defensa de la democracia —y de la legitimidad judicial— depende de nuestra capacidad colectiva para enfrentar este desafío.