Cerrar un año no es un simple ejercicio de recuento; es un acto de responsabilidad pública. Por ello, este artículo inicia con un agradecimiento sincero a las y los lectores de Marcaje Legislativo, quienes durante 2025 decidieron informarse, reflexionar y cuestionar en un contexto de reconfiguración del espacio público para la democracia mexicana.

Gracias por leer en un tiempo donde la prisa suele desplazar al análisis y donde la opinión inmediata amenaza con sustituir a la reflexión informada. Que 2026 nos encuentre con algo más valioso que certezas absolutas: con criterio, con disposición al diálogo y con la convicción de que la democracia no se hereda intacta, se construye y se defiende todos los días, desde lo local hasta lo global; con una ciudadanía cada vez más informada, participativa y comprometida con la vida pública. A todas y todos los lectores de Marcaje Legislativo, les envío un humilde y sincero agradecimiento: y que el próximo año esté acompañado de salud plena, trabajo digno y bienestar compartido para ustedes y sus familias.

El 2025 quedará registrado como un punto de inflexión institucional. No fue un año ordinario: fue el momento en que la ciudadanía fue llamada, por primera vez, a participar directamente en la designación de quienes imparten justicia. La elección popular de personas juzgadoras abrió un debate profundo sobre los alcances, límites y riesgos de trasladar la lógica electoral a la función jurisdiccional.

A lo largo del año, desde distintas entregas, se insistió en una idea central: la participación sin información no fortalece la democracia. Analizar las etapas del proceso electoral judicial, los perfiles, las reglas de campaña, la fiscalización, el cumplimiento del “8 de 8 contra la violencia de género” y las herramientas de consulta ciudadana no fue un ejercicio técnico, sino una apuesta por una ciudadanía activa y consciente, no solo votante.

Uno de los aprendizajes más relevantes de 2025 fue confirmar que la participación democrática no es un valor automático. Requiere pedagogía cívica, claridad institucional y reglas comprensibles. La baja participación registrada en las elecciones judiciales evidenció una paradoja contemporánea: nunca hubo tantas herramientas informativas disponibles y, al mismo tiempo, nunca fue tan complejo decidir.

Boletas extensas, múltiples cargos, perfiles poco conocidos y campañas sujetas a restricciones severas mostraron que democratizar la justicia no se logra solo con abrir la urna. Exige educar para elegir, generar confianza y repensar los modelos de selección judicial. De ahí la relevancia de discutir esquemas que integren mérito profesional, evaluación técnica, control ciudadano y rendición de cuentas, sin convertir a la justicia en una contienda política permanente.

2025 también dejó una lección clara: no hay democracia sin juventudes ni futuro institucional sin memoria. Las reflexiones dedicadas a las y los jóvenes recordaron que no son únicamente el mañana, sino el presente que ya incide, cuestiona y transforma. Excluirlos del debate público equivale a renunciar al futuro democrático del país.

En paralelo, los ejercicios de memoria institucional demostraron que recordar es también resistir. Escuchar a quienes construyeron las instituciones electorales y judiciales permite entender que los derechos conquistados pueden perderse si se normaliza su erosión. La memoria no es nostalgia; es una herramienta crítica para defender el Estado de Derecho.

Otro debate central del año fue la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales. Frente a discursos de austeridad y centralización, se defendió una premisa fundamental: la democracia necesita cercanía territorial. Los OPLES no son estructuras accesorias; son el vínculo entre comunidad y Estado. Debilitarlos implicaría alejar las instituciones de la ciudadanía y erosionar el federalismo.

Si los procesos judiciales marcaron el parteaguas institucional en 2025, también se cuenta uno de los debates más complejos y globales de nuestro tiempo: la democracia frente a la inteligencia artificial. Quedó claro que los riesgos electorales ya no provienen solo de prácticas tradicionales, sino de ecosistemas digitales opacos, donde deepfakes, granjas de bots y manipulación algorítmica pueden alterar la percepción pública en cuestión de minutos.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en un factor real de riesgo democrático. La desinformación ya no busca convencer, sino confundir y erosionar la confianza pública. Este fenómeno evidencia una tensión crítica: la velocidad tecnológica frente a la lentitud regulatoria. La defensa de la democracia exige hoy alfabetización digital, instituciones con capacidades tecnológicas reales y marcos jurídicos acordes con estos nuevos desafíos.

El cierre de 2025 deja una certeza: la democracia mexicana está en plena redefinición. Los debates sobre la reforma político-electoral anunciada para 2026 representan una oportunidad, pero también un riesgo. La experiencia reciente demuestra que las instituciones no se defienden solas; requieren ciudadanía informada, pensamiento crítico y espacios de análisis como Marcaje Legislativo.

Si algo enseñó 2025 es que la democracia no se rompe de golpe: se desgasta cuando dejamos de pensarla y de defenderla. Por ello, que 2026 nos encuentre informados, críticos y comprometidos, porque cuando la ciudadanía comprende su papel, la democracia no solo resiste: evoluciona.