Es importante señalar que una reforma política persigue fortalecer la participación ciudadana, a los partidos políticos, al poder legislativo, a las instituciones y a la democracia. Al día de hoy se está en espera de que se discuta al seno del Congreso de la Unión la reforma política electoral presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

Gran responsabilidad tienen nuestros legisladores, ya que les toca decidir cuáles son las normas comiciales que regirán los procesos electorales venideros. El objetivo de una reforma electoral es que tengamos un mejor sistema electoral que consolide objetivamente la democracia de nuestro país, lo cual debe hacerse bajo el contexto político, social, económico y cultural.

A lo largo de la historia han surgido grandes acontecimientos que motivan las reformas electorales. Uno de ellos que vino a dar auge fue el que se presentó en 1977. En esta reforma los partidos minoritarios fueron escuchados y atendidas sus demandas políticas, con ello, se logró una representación política más equitativa con la participación de diputaciones de representación proporcional.

La reforma político-electoral del año 1990, se concretó por virtud de los conflictos postelectorales que se originaron en 1988. Con el objeto de regular las incidencias electorales, se ordenó la expedición de la ley reglamentaria en el ámbito federal, llamada: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ordenamiento que tuvo como objeto establecer las disposiciones que rigen los procedimientos electorales. Lo más relevante de este cambio electoral, fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente en sus decisiones, mismo que fue instituido para brindar imparcialidad, objetividad y certeza en los procesos electorales.

Posteriormente surgió la reforma de 1993, que dotó al IFE de atribuciones en materia de fiscalización, para tener una debida supervisión de los recursos públicos que se les asignaba a los partidos políticos.

Por otra parte, la reforma electoral de 1996 fue un parteaguas para la democracia mexicana, debido a que se dotó al Instituto Federal Electoral de plena autonomía, ya que la Secretaría de Gobernación deja de tener intervención en esta Institución. Asimismo, trajo consigo la nueva composición del Consejo General del IFE, ya que sería integrado por ciudadanos comprometidos con la democracia y su país y, no solamente con las fuerzas partidistas. Además, en esta reforma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se convierte en la máxima autoridad en materia electoral.

A continuación, la reforma de 2007, generó mucha controversia, debido a que creó un nuevo modelo de comunicación política, en el que se eliminaron las contrataciones privadas en radio y televisión, las cuales serían ahora una prerrogativa de los partidos políticos, bajo la administración del IFE. Esto significó un acceso proporcional a los medios de comunicación masiva.

Posterior a ello, ante las recurrentes infracciones a la normativa electoral que afectaban el adecuado desarrollo de las elecciones, se creó un procedimiento especial sancionador, que fue diseñado, precisamente, para prevenir o sancionar conductas que violen las disposiciones legales relativas a la de propaganda electoral, principalmente en radio y televisión.

La reforma de 2014, que actualmente nos rige, ha enfrentado un gran reto: lograr integrar una adecuada coordinación, tanto con las autoridades electorales federales y locales, así como con los procesos electorales en esos ámbitos, para concretar la nacionalización de las elecciones. Para lograr este objetivo, los legisladores crearon un nuevo organismo electoral: Instituto Nacional Electoral identificándose por las múltiples atribuciones que le otorgaron, sobre todo aquellas que le permiten incidir en los procesos electorales locales, para lo cual, se estableció una relación estrecha con los Institutos Electorales de las entidades federativas.

Como se observa, las reformas han impactado nuestro sistema electoral que refleja grandes avances democráticos, los cuales han repercutido positivamente en las contiendas electorales, ya que últimamente se han caracterizado por ser más transparentes, cuenta de ello, son las constantes alternancias que se han dado en los altos cargos de elección popular.

Por tanto, una reforma político electoral debe considerar las experiencias y los contextos actuales, con el objeto de modular las inconsistencias y errores previos; crear un escenario político cada vez más igualitario y equitativo; ser el asidero del respeto al voto de la ciudadanía.

De esta manera se consolida nuestra democracia, pues permea el bien para todos los actores políticos, incluida la ciudadanía que es pilar fundamental. Es importante, tomar en cuenta que los jóvenes, hoy en día, toman decisiones y, por ende, son quienes van a dar continuidad a los logros que se alcancen en estos momentos; es por ello que, las modificaciones normativas que realicen nuestros legisladores, repercutirán en beneficio o perjuicio de nuestro país y seguramente en las futuras generaciones de ciudadanas y ciudadanos.

Finalmente, se considera que las reformas política-electorales deben pensarse con una visión democrática progresista, es decir, que se nutran las normas de contenido   que genere un verdadero cambio que beneficie al sistema político, al pluralismo, a la equidad en las contiendas electorales, sobre todo, al principio de mayoría que refleje elecciones auténticas y competidas que dejen satisfechos a todas y a todos.