En primer lugar, es importante expresar nuestro más sincero agradecimiento por el favor de su interés en leer cada uno de los artículos que publicamos mensualmente en Marcaje Legislativo, un espacio dedicado a la consulta y seguimiento al trabajo del Poder Legislativo del Estado de México. Su atención y participación en estos temas político-electoral de gran relevancia, son fundamentales para fortalecer el diálogo y la reflexión en torno a los procesos electorales que nos involucran a todas y todos. También aprovechamos la ocasión para desearles un excelente año lleno de éxitos y mucha prosperidad.
En este último artículo del año 2024, es fundamental abordar el gran reto que enfrentará la ciudadanía en el año 2025, respecto a las elecciones extraordinarias para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
Se perfila una elección con grandes desafíos, tanto para la ciudadanía y para las autoridades administrativas encargadas de organizar el proceso electoral, así como para las autoridades jurisdiccionales encargadas de calificar el mismo. Este es un hecho inédito, debido al elevado número de cargos a elegir, representa un reto de magnitud histórica. Por ello, el 2025 se perfila como un año clave en materia electoral, con una serie de desafíos sin precedentes para los distintos actores involucrados. No solo será una elección compleja por la cantidad de cargos a disputar, sino también por las circunstancias que rodearán el desarrollo de las campañas, la participación ciudadana y la validez de los resultados.
La participación de la ciudadanía será crucial. Los votantes tendrán la oportunidad de elegir entre una pluralidad de cargos, lo que representa una prueba tanto de conocimiento como de responsabilidad. La educación cívica se vuelve esencial en este contexto, pues los votantes deben estar informados, no solo sobre los candidatos más idóneos, sino también sobre el funcionamiento de los sistemas de votación. En este sentido, la confianza en las instituciones juega un papel fundamental. El acceso a la información precisa y veraz permitirá que los ciudadanos tomen decisiones fundamentadas en esta inédita elección.
Por otro lado, las autoridades electorales tendrán el reto de coordinar de manera eficiente la instalación de miles de casillas, asegurar la distribución de los materiales para la votación y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y secreta. Todo ello, requerirá una organización meticulosa para asegurar la credibilidad del sistema electoral. Además, será importante que se implementen y supervisen adecuadamente los mecanismos de votación. La seguridad de estos procesos, la capacitación de los funcionarios electorales y la pronta resolución de incidencias durante el día de la elección son aspectos que no pueden ser subestimados en ningún momento.
Finalmente, la calificación de la elección será uno de los momentos más críticos del proceso. Las autoridades jurisdiccionales desempeñarán un papel esencial, ya que son las encargadas de resolver las impugnaciones y validar los resultados. Este escenario implicará una carga de trabajo significativa, dado el número de posibles controversias. El sistema judicial electoral debe mantenerse imparcial y ágil, garantizando que las decisiones tomadas sean justas, basadas en los principios constitucionales, y evitando cualquier tipo de manipulación. La ciudadanía debe confiar en que las instituciones jurisdiccionales tendrán la capacidad de resolver de manera rápida y efectiva los conflictos que puedan surgir, siempre bajo el principio de legalidad que debe regir en todo el proceso electoral.
En conclusión, este panorama nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener un compromiso común con la democracia. La elección de 2025 será histórica, no solo por el número de cargos en disputa, sino también por la forma en que las autoridades, los ciudadanos y las instituciones trabajarán de manera conjunta para asegurar que el proceso se lleve a cabo de forma libre, transparente y legítima. Sin duda, enfrentamos grandes retos, pero también una oportunidad única para fortalecer nuestro sistema judicial y electoral, y para consolidar la confianza en las instituciones.
