El 1 de junio de 2025, México vivió un hecho inédito: la ciudadanía votó por juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte, como parte de una reforma constitucional que trasladó al pueblo la facultad de decidir quién imparte justicia. Si bien el proceso se organizó con eficacia técnica por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación ciudadana fue baja y se abrieron interrogantes sobre la idoneidad de este modelo para el nombramiento de cargos jurisdiccionales.

Desde una perspectiva organizativa, el INE logró cumplir con el complejo reto logístico de imprimir y distribuir más de 600 millones de boletas, instalar más de 84,000 casillas y habilitar herramientas de consulta sobre las candidaturas. La jornada transcurrió en paz, y los resultados preliminares se dieron a conocer en tiempo récord.

Sin embargo, la participación ciudadana fue insuficiente porque apenas entre el 12.5 % y el 13.3 % del electorado acudió a votar. Esta escasa concurrencia pone en duda la legitimidad del proceso y refleja una desconexión entre el electorado y el nuevo modelo de designación judicial. Las causas son múltiples: la excesiva complejidad de las boletas, por su elevado número de cargos y nombres provocó confusión y desmotivación, el desconocimiento sobre los perfiles, ya que la mayor parte del electorado careció de información clara sobre las trayectorias y propuestas de las y los contendientes, la limitada difusión de campañas, porque estas estaban sujetas a reglas de gasto muy estrictas, y el uso de propaganda no permitida, así como prácticas irregulares, como el uso de “acordeones”, lo cual influyó para que el sufragio no fuera reflexivo.

Por ello, y para salvaguardar la independencia, la imparcialidad y la calidad técnica de la judicatura, y ante estas circunstancias es menester mencionar que hay que dar un frente a estos desafíos, es necesario considerar otras vías que garanticen legitimidad democrática sin renunciar a la calidad humana y compromiso social. Una opción viable y funcional sería establecer un sistema de selección y ratificación de juzgadoras y juzgadores basados en los siguientes elementos:

• Concursos públicos de oposición. Procesos abiertos y competitivos que incluyan exámenes escritos, análisis de casos, realización de audiencias y entrevistas públicas ante órganos colegiados.
• Comités técnicos independientes. Integrados por académicas y académicos, personas juzgadoras en activo, colegios profesionales y organismos autónomos, con criterios objetivos y ajenos a cuotas políticas.
• Trayectoria y actualización permanentes. Evaluación del compromiso con la capacitación continua, la experiencia jurisdiccional o litigiosa y la producción académica, con la inclusión de servicio a grupos vulnerables.
• Rendición de cuentas y evaluación periódica. Revisión sistemática del desempeño mediante indicadores cualitativos y cuantitativos (calidad argumentativa, tiempos de resolución, enfoque de derechos humanos, trato digno).
• Transparencia y participación ciudadana. Observaciones públicas de universidades, barras de abogadas y abogados y organizaciones de la sociedad civil, sin convertir el proceso en contienda electoral.

Este diseño no excluye a la ciudadanía; por el contrario, promueve un control social informado y permanente, trasladando la legitimidad del número de votos al rigor de los méritos.

En conclusión, las elecciones de 2025 inauguraron una nueva etapa en la historia del Poder Judicial mexicano, pero sus resultados revelan tensiones entre el ideal democrático y las exigencias técnicas de la judicatura. Profesionalizar la justicia no implica multiplicar urnas, sino fortalecer instituciones, perfeccionar mecanismos de selección y asegurar una supervisión ciudadana efectiva.

En última instancia, la legitimidad de quien juzga no depende de cuántos votos reciba, sino de qué tan preparado y comprometido esté para resolver con equidad, solvencia jurídica y sensibilidad social. Perfeccionar la participación ciudadana exige más información, mayor transparencia y una cultura de evaluación constante; exige, sobre todo, que contemos con jueces y juezas capaces de defender los derechos de todas las personas y de sostener, con su actuación, la confianza pública en la justicia.