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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) ha entrado en un nuevo conflicto por el nombramiento del contralor universitario.

Ha sido la institución que más se ha resistido a acatar la disposición del Sistema Anticorrupción nacional y estatal, donde se señala que es atribución de las y los diputados elegir a ese funcionario.

Por más de dos años combatió legalmente la facultad del Congreso local para designar al titular del órgano de control interno, hasta que en 2019 la Suprema Corte de Justicia rechazó el amparo de la máxima casa de estudios de la entidad.

Los ministros determinaron que con esa atribución no se violentaba la autonomía universitaria. Precisaron que el contralor es un ente externo y lo fortalece justo la posibilidad de que la Legislatura lo designe.

El Poder Legislativo mexiquense emitió una convocatoria pública donde se inscribieron 34 aspirantes, la Junta de Coordinación Política definió una terna, de la cual, el pleno de la Cámara de Diputados local eligió por unanimidad a Victorino Barrios como el nuevo contralor universitario.

Sorpresivamente, hace unos días Barrios dió a conocer que la Universidad no le había permitido asumir su cargo, mientras la institución respondió mediante un comunicado que promovió un amparo para pedir que se clarifiquen las atribuciones del nuevo contralor.

Esa decisión causó reclamos de legisladores de diferentes grupos parlamentarios como: Faustino de la Cruz y Max Correa de Morena, Omar Ortega del PRD y Luis Antonio Guadarrama del PT.

Los diputados advirtieron que la Universidad debe acatar la ley, la resolución de la Corte y el nombramiento de Barrios.

En tanto, la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción estatal, Palmira Tapia consideró lamentable la situación y advirtió que las atribuciones del contralor están constitucionalmente definidas y no hay motivo para que Victorino Barrios no asuma el cargo.

Esos órganos, puntualizó, tienen la facultad de investigar y sustanciar faltas administrativas graves y no graves, y el amparo que acaba de promover la universidad en nada abona a la imagen sobre el manejo financiero al interior de la máxima casa de estudios.

Desde su punto de vista no hay argumento suficiente para impedir al contralor asumir sus funciones.

Las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción tienen impacto en todo el país, por lo cual en todas las universidades estatales y en todos los órganos autónomos son los congresos locales quienes eligen a los titulares del órgano de control interno.

El caso de la UAEMex al parecer es inédito, pues no se conoce otro donde no se haya permitido al contralor asumir funciones.

LÍNEA DEL TIEMPO 

2017

El 24 de abril del 2017 se publican en Gaceta de Gobierno las reformas constitucionales donde se precisa que es facultad y obligación de la Legislatura designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos.

El 12 de mayo del 2017 el rector promovió el amparo 720/2017  en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con el argumento de que la fracción LIV del artículo 61 de la Constitución Local vulneraba la autonomía universitaria y la capacidad de la UAEM de autogobernarse, al permitir que el Congreso local designara al titular del órgano de control y era incorrecto que el artículo 130 calificara como servidores públicos a todos los trabajadores de la universidad.

El 29 de septiembre del 2017 una jueza de distrito determinó que el artículo 61 fracción LIV de la constitución local no vulneraba la autonomía universitaria y el nombramiento del contralor por parte de la Legislatura era acorde al sistema local anticorrupción, por lo cual negó el amparo. También resolvió que el artículo 130 de la constitución local no genera ningún perjuicio al rector al no afectar sus intereses.

El rector promovió un amparo  en revisión.

2019

El 7 de agosto del 2019 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia y estableció que las universidades están sujetas a los principios y normas del sistema jurídico federal y estatal.

Resolvió que la creación del órgano interno de control y la designación de su titular por parte del legislativo no constituyen una vulneración al principio de autonomía universitaria, pues no pertenecen a la estructura interna de la institución, ni forman parte de las facultades de autogobierno de la universidad.

Esos órganos, determinó, conforman una estructura externa que pertenece al Sistema Nacional Anticorrupción y cumple una finalidad específica: el adecuado ejercicio de los recursos públicos.

También estableció que las facultades atribuidas al Congreso local no transgreden el principio de autonomía universitaria.

El 9 de agosto del año pasado el rector anunció que acataría el fallo de los ministros de la Corte.

2020

El 31 de julio del 2020 la Legislatura emitió la convocatoria para elegir al nuevo contralor universitario.

Del 3 al 5 de agosto fue el registro de aspirantes. Se inscribieron 34.

La Junta de Coordinación Política aplazó las entrevistas y las realizó el  18 y 19 de agosto. Llegaron 33 de 34 aspirantes.

El 10 de septiembre se presenta una terna al pleno de la Legislatura y por unanimidad las bancadas eligen a Victorino Barrios como titular del órgano de control de la UAEM.

El 11 de septiembre se publica en Gaceta de Gobierno el nombramiento.

El 14 de septiembre el nuevo contralor se presenta a asumir el cargo, pero no se lo permiten.

El 17 de septiembre Victorino Barrios denuncia que no ha podido tomar posesión del cargo.

El 18 de septiembre el rector afirma que hay voluntad, pero anuncia que promovió un nuevo amparo para que se aclaren las funciones del nuevo contralor.

 

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