En el Estado de México solo 37.7 por ciento de la ciudadanía denuncia los actos de corrupción que conoce, uno de cada dos servidores públicos no lo hace por miedo a represalias y 27.8 por ciento del sector empresarial considera que no se llega a una solución, con lo cual no sólo se normaliza la corrupción sino también se incrementa la impunidad.

De acuerdo con el Primer Diagnóstico Integral sobre la Percepción de la Corrupción que llevó a cabo el Secretariado del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, existen barreras para denunciar y una clara desconfianza en los mecanismos institucionales de denuncia, así como obstáculos prácticos y culturales que frenan la participación ciudadana y empresarial.

El secretario técnico del sistema, Víctor Romero Maldonado, indicó que en el caso de la ciudadanía predomina la pasividad; mientras, en el servicio público el miedo a represalias es el principal obstáculo, seguido de la percepción de ineficacia, y en el sector empresarial se presenta la lejanía de las instituciones denunciantes y la normalización de los sobornos.

Esto, dijo, obliga a diseñar estrategias diferenciadas de difusión sobre los mecanismos de denuncia, con mucha claridad, accesibilidad y pertinencia institucional, donde las estrategias atiendan las barreras percibidas por el sector público y social, además de otorgar garantías de protección para denunciantes, utilizando canales confiables que contribuyan a reconstruir la confianza institucional.

En los resultados generales encontraron que la corrupción es percibida como frecuente, poco sancionada y asociada a trámites donde hay contacto directo con personas servidoras públicas; persiste el desconocimiento sobre los canales instancias y mecanismos de denuncia y control, y los tres sectores valoran la capacitación la ética individual y la participación ciudadana como vías de transformación.

En las tres áreas ya se está trabajando y hay resultados, pero se deberán reforzar varias tareas, involucrar a todos los sectores, generar confianza y socializar más los resultados.

Corrupción frecuente

En la percepción general de corrupción para 28.3 por ciento de la ciudadanía es mucho lo que afecta en su vida diaria y para 47.9 por ciento del empresariado la corrupción se da con mucha frecuencia, con lo cual se refuerza la idea de que este problema se ha normalizado.

Los actos más frecuentes que identificó la ciudadanía son las mordidas en 35.1 por ciento de los casos, el desvío de recurso en 20.1 y el abuso de autoridad en 24.4. En el sector empresarial el soborno y el tráfico de influencias. Y en el servicio público el delito más frecuente es el soborno, seguido del peculado, el desvío de recursos públicos y el abuso de funciones y de autoridad.

En lo que se refiere a impunidad y efectividad de sanciones 65% de la ciudadanía considera que la corrupción no se sanciona, 45% del servicio público dice que no se inició la investigación correspondiente y para 44.4% del empresariado no hubo seguimiento a la denuncia.

En el conocimiento de mecanismos anticorrupción la mayoría señaló que no conoce campañas anticorrupción y en el caso del sector empresarial 77 puntos porcentuales no conoce la legislación en la materia, lo cual demuestra una desconexión y una débil apropiación interna de los marcos institucionales, lo cual obliga a fortalecer la inversión de recursos materiales y capital humano en el diseño de mecanismos anticorrupción más accesibles y operables.

Gobernantes los más corruptos

En lo referente a la confianza en instituciones y autoridades hay más sospechas sobre quienes están en la representación política y autoridades locales, por la erosión institucional que causa la experiencia cotidiana con servicios públicos y la pérdida de legitimidad y confianza.

La relación que tienen los sectores con los trámites y servicios demuestra la necesidad de seguir agilizando trámites donde la corrupción en trámites y servicios suele responder más a fallas estructurales del aparato burocrático que a intereses individuales por lo cual se deben simplificar procesos y reducir la discrecionalidad.

La ética pública puede convertirse en un motor de cambio institucional si se canaliza adecuadamente mediante mecanismos de evaluación externa, incentivos a la transparencia y acciones de liderazgo, consideró Víctor Romero.

También hace falta vincular a los sectores en la participación y responsabilidad social pues 54.1 por ciento del sector empresarial reconoció que no participa en acciones con el gobierno y 33.3 por ciento no sabe. Y en las expectativas y propuestas de cambio la ciudadanía refleja un panorama pesimista en la evolución de la corrupción a mediano plazo pues 40.9 por ciento cree que será mayor en 6 años

Diagnóstico sin costo

Este diagnóstico se construyó a partir de un estudio de percepción de la corrupción que se aplicó a la ciudadanía del Estado de México en 2022 y dos nuevos cuestionarios al servicio público y al sector empresarial, a finales de 2024, donde participaron mil personas servidoras públicas y más de 300 unidades económicas de la industria comercio y servicio.

El diagnóstico se organizó en 10 dimensiones donde se midió la percepción general de la corrupción que tienen estos tres sectores, los actos frecuentes de corrupción, la impunidad y efectividad de sanciones, las barreras para denunciar, el conocimiento de mecanismos anticorrupción, la confianza en instituciones y autoridades, la relación con trámites y servicios, la ética pública e integridad institucional, la participación y responsabilidad social y las expectativas y propuestas del cambio.

A partir del balance general de la percepción sobre la corrupción en el Estado de México establecieron los retos para la política estatal anticorrupción y se dieron cuenta que el trabajo que se ha llevado a cabo hasta el momento refleja avances, pero se tienen que seguir articulando acciones para reducir no sólo la percepción de corrupción sino su existencia.

Como muestra de los logros alcanzados señaló que en el último año se llevaron a cabo 5 mil 716 procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme, además se iniciaron 3 mil 142 carpetas de investigación en la fiscalía especializada en combate a la corrupción, se implementó un Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el sector público, se digitalizaron diversos trámites, se fortaleció el sistema de denuncias, así como la capacitación y se llevó a cabo la primera campaña para frenar la corrupción.

FOTOS: ESPECIALES Y ML / INFOGRAFÍA: SECRETARIADO DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL EDOMEX