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Se conoce como Principio de Legalidad aquel principio jurídico que sustenta el Estado de Derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho, (1)  de tal manera que todos sus actos deben ser apegados a la ley. Por lo tanto, todo acto de los poderes públicos que no se realice conforme a la ley se considera inválido.

Hoy en día, la sociedad ve en el Derecho y en quienes lo representan la garantía de que se debe actuar en apego a la legalidad para todo asunto en que se encuentren inmiscuidos, confiando en la justicia impartida por las instituciones emanadas del poder público.

Por lo anterior, analizaremos brevemente el Principio de Legalidad, acto básico del Estado de Derecho, en el cual, para su interpretación se debe valorar lo siguiente: Todos los poderes públicos quedan sujetos a la ley, y no hay espacio que este exento a la acción del Derecho, en la Administración Pública. A su vez, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados y Convenios Internacionales y las Normas del gobierno con rango de ley, son sin excepción alguna, los entes reguladores de toda acción pública y ciudadana.

Este principio se establece en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Los poderes públicos encuentran en el principio de legalidad, la legitimidad que se requiere en cuanto a que su actuación tenga sustento en el Derecho, y a su vez es el límite formal y jurídico para no rebasar fronteras jurídico-administrativas que violenten este principio.

Una característica única de éste principio, es que la legalidad controla la aplicación de normas sustantivas y adjetivas, enfocándose en la competencia y cumplimiento de la normatividad para hacerla valer cuando alguna conducta no se encuentre tipificada en la ley.

Es fundamental que la colectividad conozca que este principio aplica para todos los integrantes de ésta, como entes sujetos del derecho, así mismo toda autoridad debe proceder con apego a la ley, y nunca realizar acciones no contempladas en la misma, debiendo conducirse bajo criterios valorativos de equidad, respeto, igualdad y no discriminación, para alcanzar una convivencia armónica en sociedad.

*Catedrático Universitario

Especialista en Derecho Electoral y DDHH.

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