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INFOGRAFÍAS Y FOTO: IGNACIO HERNÁNDEZ

Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral (INE), está obligado a tener resultados de la fiscalización antes que tomen protesta en el cargo los 3 mil 416 candidatos a ediles, diputados, senadores y presidente de la República que hayan ganado la elección del primero de julio.

Las reglas son muy claras, a partir del cierre de campañas tendrán tres días para entregar su último informe de gastos, 10 días más para la notificación de errores u omisiones, cinco días para que partidos solventen o corrijan, 10 días para la entrega de dictamen a la comisión y 12 días para la aprobación en el Consejo General.

Esto implicaría que el 6 de agosto estén en posibilidad de votar los informes que se irán desahogando de acuerdo a las fechas que tiene cada entidad para renovar sus poderes. En el caso mexiquense deberá salir primero la elección de diputados porque el cambio se da el 5 de septiembre y la de ayuntamientos hasta el primero de enero del 2019.

A partir de la aprobación de los dictámenes en el Consejo debe haber tiempo suficiente para el desahogo en los órganos jurisdiccionales, donde podría estar el plazo más largo para tener un acuerdo definitivo.

El responsable de fiscalización, tanto de las elecciones federales como locales es la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, quien debe de revisar los ingresos y egresos de más de mil planillas y fórmulas.

Pese a los topes de gastos de campaña. Ni un candidato y, o partido puede erogar más recursos privado que públicos, lo cual implica que los 184 millones de pesos que recibieron como prerrogativas se podrían traducir hasta en 368 millones de pesos en las elecciones de diputados locales y ediles. Aparte están los recursos destinados a las senadurías y distritos federales.

En la parte privada pueden obtener recursos de sus militantes y simpatizantes, así como de los candidatos, sin rebasar los topes acordados por el IEEM para cada rubro. Esto puede ser tanto en efectivo como o en especie.

Está totalmente prohibido recibir apoyos del erario público, de ministros de culto, organismos internacionales, empresas mercantiles, personas morales o sindicatos, del extranjero ni de origen ilícito.

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TODO SUJETO A CONTROL

Para el manejo de recursos los partidos y cada candidato debieron tener una cuenta bancaria exclusiva para la campaña, donde registren todos los ingresos y egresos, los cuales deben ser cubiertos sólo con proveedores dados de alta en el Padrón del INE, para estandarizar costos.

Se consideran como gastos de campaña: todo lo destinado a la propaganda, desde gastos operativos, como salarios, eventos, casa de campaña, unidades vehiculares, equipo de sonido, templetes, sillas, grupo musical o animadores, rentas; anuncios pagados en internet, cine, encuestas o sondeo; la propaganda en medios impresos o en calles; la producción de mensajes para radio y televisión; los utilitarios distribuidos entre la población y los gastos derivados de la jornada electoral, donde se incluye el pago a representantes, entre otros.

Los partidos deben llevar un registro contable, tener comprobantes de pago como son facturas, contratos de bienes o servicios y muestras o testigos del servicio. No basta con el valor reportado o el valor intrínseco, se toma en cuenta el valor razonable y al final se compara lo reportado con lo encontrado en campo por personal del INE.

Para estas funciones el Instituto tiene monitoristas que envió fotos geo referenciadas de espectaculares, casas de campaña, eventos públicos, bardas, lonas y otros elementos propagandísticos encontrados en calle.

También se monitorean medios impresos e internet. Se debe reportar la casa usada para campaña, las unidades y otros servicios aunque sean de carácter personal.

Si hay eventos donde participen varios candidatos las erogaciones se prorratean de acuerdo al Reglamento de Fiscalización. La fórmula general contempla 15 por ciento para el candidato a presidente, 35 por ciento a senador, 25 por ciento a diputado federal y 25 por ciento al candidato local, que en este caso puede ser diputado local y alcalde, pero se consideran diversos escenarios, si sólo son federales, locales, combinados, si hay varios candidatos de una misma elección.

Se hacen visitas de verificación, cotejo con prestadores de servicios y autoridades. Si encuentran gastos no reportados se sancionan con multas.

Con una semana de anticipación debieron presentar la agenda de eventos públicos, para cancelarlos contaban con 48 horas previas, si ello no ocurrió o se cambió el lugar sin avisar se multa al partido por obstaculizar el trabajo de fiscalización, donde tuvieron acceso a una plataforma donde debieron reportar diario los ingresos y egresos en tiempo real.

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