Bien dicen, los que saben: “No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla” y a la LegisMex se le está llegando la fecha o cumpliendo el plazo de aprobar el presupuesto de egresos 2022, del cual por cierto, todas y todos los diputados serán responsables muy a pesar de sus posturas, planteamientos o de lo que sus fracciones parlamentarias pregonen.

Si bien la ley permite aprobar dicho presupuesto hasta finales de enero, lo ideal era tener la resolución final  desde diciembre pasado porque aunque es bastante lo que está en juego, y no por los miles de millones de pesos del presupuesto sino por las millones de vidas mexiquenses a las cuales representan.

Analizar, proponer y votar el paquete fiscal, donde se encuentra la propuesta presupuestal, es uno de los trabajos principales de los legisladores que nos representan. Con la demora o falta de acuerdos y algunas “patoaventuras” más registradas el año pasado en el congreso local, nos queda claro que esta Legislatura no está a la altura de las necesidades de los mexiquenses.

¿Y cuál es el pleito que genera desacuerdo? La propuesta del ejecutivo estatal de contratar 9 mil 500 millones de pesos de deuda, la cual por cierto, sería mayormente destinada a obras públicas ordenadas por el gobierno federal, específicamente las vías carreteras para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y el próximo tren Chalco-Santa Martha.

El meollo de la discusión, poco congruente de hecho, es que la fracción representada por morena se niega a aprobar dicha propuesta aún y cuando el destino de la mayoría de los recursos de deuda sería para su propio proyecto de nación; mientras, la fracción representada por la coalición (PRI-PAN-PRD) refrenda su compromiso de servicio al gobernador e impulsa la propuesta original.

Si bien contratar deuda pública es significativamente riesgoso y en ciertos casos irresponsable, los cuestionable, más bien, es en qué y cómo se van a gastar los recursos contratados, porque si la intención fuera destinar los 9 mil 500 millones de pesos a solucionar los problemas de salud, económicos y de seguridad que enfrentan las familias mexiquenses, entonces la contratación de deuda sería no solo una obligación sino hasta un deber patriota.

En resumen, no tenemos presupuesto aprobado en el Estado de México porque nuestros representantes legislativos no se ponen de acuerdo, como si los desafíos del Estado pudieran esperar a sus conveniencias. Pero voten a favor o en contra de la propuesta original todos son culpables o responsables del resultado final, del presupuesto que tendremos todas y todos este 2022.