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DESATINADA DEFENSA POR LA LEY ISSEMyM

En la política es bueno cambiar de opinión cuando es parte de un ejercicio de reflexión, análisis y objetividad. También es políticamente correcto actuar con responsabilidad y prudencia respecto a la toma de decisiones que tienen que ver con la comuna.

Sin embargo, la reacción iracunda de la presidenta del PRI en el Estado de México Alejandra del Moral, respecto de la abrogación del decreto de reformas a la Ley del ISSEMyM llevado a cabo por una amplia mayoría de la Cámara de Diputados me dejó con la boca abierta, por su desatinado sesgo ante una nueva realidad política.

En un tono descompuesto y de desesperación quien dirige al PRI, acusó irresponsabilidad y dijo que Morena y sus aliados serán los responsables de que no se presten adecuadamente servicios de salud en esa institución; de que los pensionados no recibirán sus pensiones y que se está condenando a la quiebra a esa institución de cobertura social de la burocracia mexiquense.

Tales afirmaciones son falsas y temerarias. El decreto abrogado tiene tres ejes fundamentales en su articulado: el incremento a las cuotas del fondo de pensiones y de servicios médicos; el incremento de la edad para acceder a la pensión por cesantía en edad avanzada y por otro lado, el decreto establece que los fondos de pensiones se depositarán en cuentas individuales de ahorro, poniendo fin al sistema de retiro solidario, bajo el argumento de que es insostenible este sistema.

Ahora bien, tanto derechohabientes como la sociedad en su conjunto, tienen interés de que el ISSEMyM sea viable y eficiente. Pero lo cierto es que el decreto aprobado por la anterior Legislatura en la opacidad del “albazo legislativo”, carece de razón en su argumento, ya que invita al rescate de la institución y ofrece como único mecanismo el ya comentado.

La presidenta del PRI reclama airadamente a la mayoría legislativa invitando al debate público y abierto, mismo que negó cuando ellos actuaron como mayoría hasta hace unos cuantos meses y por ello resulta oportuno fijar postura.

Insistimos en primera instancia en que la supuesta quiebra del sistema de pensiones en la entidad es producto de la nefasta e imprudente administración en el ISSEMyM.

Sería prudente que se autorizara una auditoría externa en esa institución, pero de al menos tres administraciones pasadas.

Sería bueno que nos explicara por qué en 2017 se retiraron del fondo de reservas mil 300 millones de pesos sin justificación alguna. Por cierto, en un año electoral.

Sería necesario que nos dijera por qué la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto autorizó y liberó recursos a administraciones priistas municipales, fondos y recursos que estaban condicionados al pago de los adeudos con el ISSEMyM sin que se hubiesen enterado esos pagos, lo que ha debilitado la situación financiera de la institución por la utilización facciosa de las finanzas públicas.

Sería conveniente que nos dijera la presidenta del PRI por qué los activos que se han adquirido en dación de pago no se han colocado a la venta y simplemente se ha incrementado el haber inmobiliario, lesionando la cuenta corriente de la institución.

Sería oportuno que la señora Del Moral, nos diga si está convencida de que la administración del gobernador Alfredo del Mazo tiene la verdad absoluta, o si está dispuesta a construir una salida con el concierto de autoridades, beneficiarios y diputados.

Sería importante que ella misma explicara por qué se han negado sistemáticamente las administraciones a licitar los bienes y servicios de la institución mediante subasta inversa y por qué al mismo tiempo ha bajado la calidad de los medicamentos que se surten en las farmacias de la institución y se recurre cada vez con mayor fuerza a la subrogación mediante contratos con farmacias externas.

Sería extraordinario que nos dijeran por qué diversos órganos descentralizados y/o autónomos mantienen adeudos escandalosos con el ISSEMyM, a pesar de que dichas erogaciones están contempladas en el Capítulo 1000 del presupuesto de cada dependencia y/o órgano del estado, como el espinoso y público caso de la UAEM cuyo rector reconoce un adeudo superior a los 1200 millones de pesos.

Por supuesto que hay muchos más argumentos para el debate. Desde luego que es imperativo construir una institución de seguridad social a la altura de la burocracia mexiquense. De eso se trata, morena y sus aliados legislativos tienen presente que lo importante son los beneficiarios, sus prestaciones y sus familias. Es precisamente por ello que se ha abrogado el decreto en cuestión, faltan muchas páginas por escribir en esta historia.

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