La admisión a trámite de la acción de inconstitucionalidad que interpuso la minoría del Senado, en contra de la Ley de Remuneraciones, permitirá a magistrados y ministros percibir hasta 4.7 millones de pesos netos durante todo el 2019, lo cual los ubica 2.8 veces por arriba de las percepciones del Presidente de la República, quien recibirá 1 millón 663 mil 50 pesos.

Como la Ley de Remuneraciones estará “congelada” hasta que la Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad de la misma, el proyecto presupuestal del 2019 contempla las propuestas que hizo cada dependencia y órgano, sin reducciones, ni “daños irreparables” a los servidores públicos que no dudaron en asignarse todo tipo de apoyos, donde se incluyen compensaciones, gratificaciones y hasta apoyo para comprar lentes.

En los tabuladores se observan como logran incrementar su sueldo base de manera exponencial con otros rubros. En el caso de los ministros de la Corte, con un sueldo base de 651 mil 241 pesos anuales suben a 4 millones 688 mil 93 pesos de forma neta, pues cobran una compensación de 2 millones 789 mil 845 pesos, 1 millón 321 mil 374 pesos de prestaciones de previsión social; además de un millón 341 mil 474 pesos de prestaciones donde se contempla una prima vacacional 95 mil 475 pesos, 586 mil 234 de aguinaldo, 33 mil 876 de seguro de vida institucional, 47 mil 853 pesos de seguro de gastos médicos mayores, 528 ml 782 pesos de seguro de separación individualizado 46 mil 154, pago por riesgo de 853 mil 223 y de pilón, 3 mil 100 pesos como ayuda para anteojos.

Con todo esto logran un monto bruto de 6.9 millones de pesos, de los cuales les descuentan durante el año 2.2 millones de pesos de impuestos que salen del mismo erario, dejándoles 4.6 millones libres, los cuales representan un pago diario superior a los 12 mil 600 pesos, incluyendo fines de semana y vacaciones.

Los montos son ligeramente menores para los ministros que ingresaron a partir del 2010. En ese caso terminarán el año con 3 millones netos por el trabajo que llevan a cabo apoyados por decenas de abogados especialistas.

Lo mismo ocurre con los consejeros de la Judicatura y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el caso de los diputados y senadores si se cumple el precepto de que nadie puede ganar más que el presidente, como se puede observar a continuación:

INE Y CNDH TAMBIÉN FUERA DE PROPORCIÓN

En los órganos autónomos también se pueden observar excesos. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por ejemplo, además de las clásicas prestaciones que tienen los funcionarios de primer nivel, les otorgan cada año un apoyo económico de 386 mil 496 pesos para adquirir un vehículo.

Ellos, al igual que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, terminan con ingresos netos superiores a los del titular del Ejecutivo federal, al obtener 2.4 millones de pesos anuales. Aunque aparentemente sus sueldos netos están por debajo del presidente, con sus pagos extras rebasan al presidente.

Además del apoyo para el auto, los consejeros electorales tienen diversas prestaciones, entre ellos una prima vacacional de 16 mil 345 pesos, 429 mil 831, una prima quinquenal de 2 mil 400 pesos, seguro de vida institucional de 48 mil 212, gastos médicos de 40 mil 120 pesos, entre otros.

El presidente del CNDH tiene 51 mil 335 pesos de prima vacacional, 311 mil 369 pesos de gratificaciones, además de 3 mil 600 pesos como ayuda para despensa. En su caso el salario neto es de 109 mil 335 pesos.

Las prestaciones del Presidente de México son menores a todos ellos, pues tiene asignado un aguinaldo de 86 mil 597, una gratificación de 227 mil 981, una prima quinquenal de 2 mil 820, 9 mil 420 para despensa, 27 mil 302 para seguro de vida institucional y 425 pesos de seguro colectivo de retiro.

A continuación, los ingresos que se auto asignaron cada uno de los órganos autónomos:

PIDE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

El Ejecutivo federal propuso a las dependencias y entidades se sujeten a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria donde destacan como medidas:

• No crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada o por reformas jurídicas.
• Los incrementos a los servidores públicos se sujetarán a los recursos aprobados.
• Adquisición y arrendamientos de inmuebles solo cuando no existan bienes nacionales aptos.
• Se limita la remodelación de oficinas.
• No procederá la adquisición de vehículos, a menos que sean necesarios para prestar servicios, para seguridad pública o para actividades productivas.
• Las compras deben ser consolidadas, siempre y cuando se generen ahorros y exista calidad.
• Las pólizas de seguros de personas y bienes deben incorporarse a las institucionales siempre y cuando represente una reducción en el gasto global y se mantengan o mejoren las condiciones.
• Los Poderes Legislativo. Judicial y los entes autónomos deberán implantar medidas equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades para la reducción del gasto.
• Publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en sus páginas de Internet, a más tardar el último día hábil de febrero sus respectivos lineamientos y la meta de ahorro.
• En los Informes Trimestrales reportarán las medidas adoptadas y los ahorros obtenidos.
• Los reportes serán considerados para el siguiente ejercicio fiscal.