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FOTO: ML

INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ

Las comisiones legislativas tienen pendientes de análisis y dictamen dos iniciativas de ley que buscan echar abajo la reforma laboral que obliga a los nuevos ayuntamientos a pagar lo antes posible los laudos laborales que les heredarán las actuales administraciones.

El primer documento fue presentado el 11 de octubre por la bancada del Partido del Trabajo y el segundo por Morena, el 8 de noviembre. En ambos casos el objetivo es ajustar los cambios que hizo la anterior Legislatura a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos.

El análisis de ambas bancadas advierte que el no hacerlo dejaría en la incertidumbre a los ayuntamientos porque ya deben 2 mil millones de pesos de laudos y a esta cantidad se podrían sumar otros 5 mil millones más por el número de juicios laborales en trámite.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje informó a la comisión legislativa del Trabajo que tienen 17 mil 626 juicios, de los cuales el 78 por ciento, es decir, 13 mil 756 siguen en trámite.

Prácticamente todos los ayuntamientos tienen laudos pendientes. El más “endeudado” hasta el momento es Naucalpan, con un monto que representa actualmente el 7 por ciento de su presupuesto, fijado en 4 mil 287.9 millones de pesos, pero que podría llegar a consumir el 30 por ciento de todo el dinero que ingrese a las arcas municipales en 2019, cuando se resuelva el resto de expedientes.

En el caso de Cuautitlán Izcalli la cifra es menor, pero también su presupuesto, el cual fue aprobado este 2018 con un monto de 2 mil 473.4 millones de pesos, por lo cual la afectación actual sería de hasta 7 por ciento de los recursos públicos.

En el caso de Coacalco, con ingresos anuales de 861.8 millones, debe 157.5 millones. Esta cantidad significaría destinar el 18 por ciento de las entradas de este año a empleados despedidos ilegalmente.

En todos los casos falta resolver más juicios. La estimación del Tribunal es que los laudos actuales podrían crecer 150 por ciento en el transcurso de los primeros seis meses del siguiente año, hasta alcanzar los 7 mil millones de pesos.

Los legisladores se quejaron que por años no se obligó a las autoridades municipales a cumplir los laudos y precisamente cuando la inmensa mayoría pasará a manos de la oposición las reglas cambiaron.

A continuación, se muestra el detalle de los laudos de los municipios con mayor monto, hasta octubre de este 2018 y los pendientes que tienen:

LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

La iniciativa de la bancada del PT considera al gobierno estatal como deudor solidario y contempla una partida especial para hacer frente a estos compromisos, con un monto que podría ser de al menos un tercio, para que el total de los laudos se cubran en las siguientes administraciones municipales.

El argumento es que de otra manera dejarían en la bancarrota a las nuevas autoridades municipales y sin posibilidad de atender las necesidades sociales más urgentes de la población, paralizando varias administraciones.

La iniciativa de ley de Morena, presentada por Tanech Sánchez Ángeles, considera conveniente que las multas y sanciones puedan dejarse sin efecto cuando el área de finanzas o la tesorería demuestren que el pago correspondiente compromete la operación del mismo.

También contempla dejar asentado en la ley que los empleados de confianza sólo podrán durar en el cargo durante el periodo constitucional de la administración para la cual fueron designados, para evitar que esto se convierta en un pesado lastre para las siguientes administraciones.

Las obligaciones que se generen por las relaciones laborales en las dependencias deberán ser consideradas y cubiertas en el ejercicio fiscal que ocurra, para que cada administración se haga responsable de las recisiones de contrato que lleva a cabo. Las que no correspondan al ejercicio fiscal en curso deberán ser cubiertas de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Esto tomando en cuenta que el cúmulo de despidos y demandas laborales se da en cada cambio de administración, como se puede observar en la siguiente gráfica:

LAS NUEVAS REGLAS

La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos entró en vigor el pasado 20 de septiembre. Fue aprobada el 9 de agosto, a raíz de una iniciativa presentada por el diputado Aquiles Cortés López, coordinador del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza.

Su argumento fue que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje había perdido fuerza institucional y era necesario conceder a las partes justicia pronta y expedita.

Entre los cambios que entraron en vigor están:

  1. Para prevenir la acumulación de asuntos se incluye la caducidad del juicio por inactividad procesal de 120 días y se prevén casos en que se suspende el cómputo de este término.
  2. Se contemplan las notificaciones por correo electrónico, el incidente de suspensión de salarios vencidos y su tramitación.
  3. Amplía la aplicación supletoria de la Ley federal del Trabajo.
  4. Establece la aplicación de multas a cualquiera de las partes que presenten pruebas o testigos falsos y a las personas que teniendo conocimiento de los hechos o documentos no contribuyan al esclarecimiento de la verdad.
  5. Para presentar la demanda se debe exhibir cédula profesional o carta de pasante.
  6. Para embargar se suprime dejar citatorio previo y se prioriza bienes tangibles y de fácil realización, exceptuando las cuentas que provengan de participaciones y aportaciones federales, maquinaria, vehículos, instrumentos de salud y de Protección Civil.
  7. Hace responsables a los presidentes municipales, síndicos, tesoreros y representantes legales asignados hasta el cumplimiento de los laudos.
  8. Se establece el incidente especial de la suspensión de salarios vencidos en el momento que quede firme el laudo y se incorpore el trabajador a su fuente de trabajo.
  9. Se crea una comisión de Prevención y Conflictos Laborales en los ayuntamientos.
  10. Incluye como obligaciones de las instituciones públicas cumplir oportunamente los laudos que dicte el Tribunal o la Sala y pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público.

Contempla sanciones a quienes incumplan estas obligaciones. Las multas económicas van de 100 hasta 2 mil Unidades de Medida de Actualización, donde no sólo hay responsabilidades de los ediles y del tesorero, sino también del demandante, su abogado y los testigos que se presten con el fin de engañar al Tribunal, como también a los servidores públicos que se nieguen a proporcionar datos o documentos para esclarecer la verdad jurídica.

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