Dentro del Programa Anual de Auditorías que llevará a cabo este año el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), se contempla una auditoría para la Oficialía Mayor, que fue creada en esta administración para concentrar todos los procesos adquisitivos y evitar casos de corrupción en el gobierno estatal.
Esta forma parte de las 179 revisiones a que se llevarán a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025, donde también se considera otra instancia de nueva creación: la Agencia Digital, además del ISSEMYM que sigue con problemas financieros y la Universidad Autónoma del Estado de México que estuvo tomada por varios meses.
La auditora superior, Liliana Dávalos Ham, dio a conocer que los criterios para definir a quienes auditar de entre 376 sujetos estatales y municipales sujetos a revisión, por manejar recursos públicos fue considerar a quienes han sido denunciados, quienes manejan los presupuestos más altos, la frecuencia de tipos de auditoría, entre otros elementos que puedan evidenciar algún riesgo o necesidad de hacer revisiones de tipo financiero, legal o de desempeño.
En el listado están consideradas 90 auditorías a 86 municipios, entre los cuales están los más grandes y que manejan mayores recursos, como son los casos de Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco Solidaridad.
En el ámbito municipal se consideran ocho revisiones a los sistemas municipales DIF y seis a diversos organismos operadores de agua.
Consideraron al Poder Judicial del Estado de México que durante el año pasado se enfrentó a un reacomodo por la reforma judicial y el proceso electoral. En las revisiones está el Tribunal Electoral que cambió de presidencia, el Tribunal de Justicia, igualmente.
Están 49 auditorías a 49 órganos auxiliares, donde están diversas instituciones de educación públicas, así como el ISEM y la Junta de Caminos, y 20 auditorías a 18 dependencias del Poder Ejecutivo, donde se consideraron revisiones de cumplimiento financiero e inversión física, de legalidad y desempeño, para verificar el uso correcto de los recursos.
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