A través de 28 auditorías practicadas a las diferentes dependencias de la Legislatura del Estado de México, en el año 2015 se detectaron deficiencias en el control interno de ese poder, entre ellas: observaciones por sobregiros o subejercicios presupuestales y el incumplimiento al Programa Anual de Obra.

También mostraron que recursos de los fondos revolventes fueron utilizados en importes y conceptos no autorizados, como: anticipos de sueldos y traspaso a otros fondos; hubo errores de registro presupuestal y contable; así como transferencias que no se agregaron a las pólizas del soporte documental completo.

En algunas unidades administrativas la plantilla de personal no estuvo actualizada; no se justificaron las causas del retraso en el incumplimiento de las metas en el formato de avances físicos; hubo unidades administrativas que pagaron por tiempo extraordinario más de lo que permite la normatividad y manuales de procedimientos de unidades administrativas desactualizados.

La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México realizó 28 auditorías, el año pasado, y de esas, 12 fueron administrativas, 12 financieras y cuatro de obra; de las cuales el 75 por ciento se aplicaron a las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Según los reportes de la Contraloría del Poder Legislativo, 7 por ciento de las revisiones fueron al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM); otro 7 por ciento a la propia Contraloría; 7 por ciento más a Comunicación Social y 4 por ciento a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

De manera general, algunas observaciones fueron: en algunas unidades no se cumplió con el perfil requerido para el puesto contratado y no se respetó el Programa Anual de Obra, pues la mayoría de Los trabajos no estuvieron contenidos en ese documento, ni se cumplió con su calendarización.

También detectaron registros contables y presupuestales en cuentas de diferente naturaleza; además, se identificó un vehículo siniestrado y se recuperó el pago del seguro, pero no se aclaró el destino de esos recursos; hubo bitácoras de registro de personal de limpieza sin el nombre y la firma de validación de la persona que realizó la supervisión.

Asimismo, se identificó que el registro de deudores diversos se hizo global, cuando debía ser de manera individual; huno diferencia en las cifras de bienes informáticos ingresados al almacén con las reportadas en los registros contables; además de que algunas unidades administrativas no cuentan con su programa anual de metas y plantilla de personal, aun cuando tienen su clave presupuestaria.

En varias unidades revisadas, no fue congruente el objetivo y las funciones del Manual de Organización, con las actividades desarrolladas; los listados y resguardos de mobiliario y equipo de algunas unidades administrativas no estaban actualizados.

Otras observaciones fueron: que el expediente único de obra no se integra en tiempo y por lo mismo no incluye toda la documentación requerida; no se han autorizado, ni publicado los manuales operativos de los diversos comités del Poder Legislativo.

Además, no todas las facturas se registraron al pasivo cuando se realizó un pago diferido; faltó copia de identificación de la persona que cobró algún cheque; hubo registros contables y presupuestales en cuentas de diferente naturaleza, entre otras irregularidades.

Entre las recomendaciones de la Contraloría destacan: apegarse al manual de procedimientos, una mejor planeación presupuestal, efectuar sus registros contables y de pasivos, hacer registros adecuados, fortalecer sus controles internos.

También: hacer contrataciones de acuerdo con los perfiles, aclarar las diferencias de registro entre los bienes que reporta el almacén de bienes informáticos y los de los registros contables, disminuir los pagos por tiempo extraordinario, entre otras.