Los partidos políticos son entidades de interés público, es decir: que a todos nos deben interesar. ¿Por qué? porque son organizaciones que manejan dinero público, que hacen campaña y actividades con el dinero de todos y muchas veces son acusadas de irregularidades, de gastar en utilitarios y en banalidades, o incluso de manejos cuestionables y escándalos.
Cuando ustedes los ven en mítines, repartiendo balones, playeras y todo lo que regalan en campañas no viene de la bolsa de los políticos; sino de los recursos públicos, del dinero que cada año se les entrega.
Las fuerzas políticas anteriormente no eran sujetos obligados de la Ley de Transparencia de manera directa, pero la nueva ley general los obliga a rendir cuentas de todos sus gastos y la verdad es que a los partidos no les gusta la transparencia: se resisten a ella, al igual que sus gobiernos.
Basta echar dar un vistazo a sus portales de transparencia: en el estado de México los partidos más grandes cuentan con ellos, pero no para rendir cuentas; sino para dar a conocer sus actividades, algunas convocatorias, eventos, emitir boletines, pero no sus gastos, ni los salarios de sus dirigentes, ni como reparten los recursos que cada año se les entregan.
La transparencia como muchos otros valores, actitudes y formas de ser empiezan en casa. ¿Cómo podemos tener servidores públicos comprometidos si sus orígenes no son transparentes? Si quienes forman parte hoy de la Legislatura, de los ayuntamientos, del gobierno estatal y muchas otras instancias públicas provienen de partidos políticos poco comprometidos con la apertura y con la rendición de cuentas.
Partidos van, partidos vienen y poco sabemos de ellos en cuanto a sus gastos. La ley los considera como “entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios”, pero debemos enfatizar que sobreviven con recursos públicos, provenientes de los impuestos que paga la población, con cantidades nada despreciables, que ya quisieran las universidades, los hospitales o rubros como seguridad pública.
Del año 2010 a la fecha, en el estado de México los partidos han recibido 3 mil 444.2 millones de pesos de financiamiento público, ya sea para actividades ordinarias, obtención del voto o para actividades específicas, donde se incluye la capacitación de sus cuadros. Esa cantidad les representa una disponibilidad financiera de un millón 572 mil 694 pesos, es decir: que cada hora nos han costado 65 mil 528 pesos; algo así como unos 897 salarios mínimos cada 60 minutos.
Si tomamos en cuenta estas cifras es claro que vale la pena vigilarlos: saber qué hacen, en qué gastan el dinero, si están cumpliendo con sus funciones y obligaciones relacionadas “con promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan”.
No se trata de denostar a los partidos políticos, pues son necesarios para la vida democrática, para renovar las esferas del poder, para formar cuadros que puedan dirigir el rumbo de un municipio, de un estado o del país entero, que se encarguen de hacer leyes, de fiscalizar, a fin de que prevalezca el sano equilibrio entre poderes, pero sobre todo para alcanzar mejores estadios de vida. El objetivo no es hacer un linchamiento; sino concientizar sobre la importancia de seguirlos y exigirles que rindan cuentas.
NIVEL CUMPLIMIENTO
En el estado de México tenemos nueve partidos políticos: PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista.
Los partidos, al igual que muchas otras instancias públicas tienen varias deficiencias en materia de transparencia: la primera es que no todos tienen un portal como partido estatal, excepto los tres partidos más grandes: PRI, PRD, PAN y Nueva Alianza, aunque particularmente este último cuenta con una página muy deficiente.
Una revisión a las páginas de los diferentes partidos muestra como coincidencia varias fallas: la mayoría cumple con pocos rubros, lo hacen de manera incompleta, no actualizan su información: usan formatos y archivos muy pesados, sus datos no son claros, algunos no corresponde al ámbito estatal, o no son visibles; en algunos casos hay que navegar por varias ventanas hasta poder dar con esa información. Todavía hay algunos que no han colocado el link de transparencia en un lugar visible.
Enterarse de lo que hacen los partidos, los salarios asignados a sus dirigentes, los ingresos, compromisos y otros detalles no es fácil, requiere de tiempo y mucha paciencia para los usuarios.
La revisión a las páginas de transparencia de los nueve partidos políticos reconocidos legalmente a nivel estatal evidencia partidos poco transparentes.
En estos momentos los partidos tienen 20 obligaciones como información pública de oficio; sin embargo la nueva ley –a la cual deben homologarse las normas de todas las entidades- muestran que además de las 38 obligaciones comunes para todos los sujetos obligados, hay 30 específicas en el artículo 76 solo para las fuerzas políticas, que incluyen todos sus documentos, convocatorias, datos curriculares de sus dirigentes, de sus candidatos, recursos que reciben y aquellos que entregan. El detalle de las obligaciones es el siguiente:
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;
XI. El acta de la asamblea constitutiva;
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV. El directorio de sus órganos de dirección nacional, estatal, municipal, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa;
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal;
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos;
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto, y
XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.
La revisión, hecha a portales nacionales para completar la poca y casi nula información que existe en los partidos que tienen páginas estatales, solo a los 20 puntos que debían tener con la ley anterior, arroja que todos cumplen tres rubros: exhibir sus documentos básicos, las facultades de los órganos de dirección, así como reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, porque al ser de carácter nacional sus directrices tienen el mismo perfil.
En el padrón de afiliados empiezan los problemas: algunos sólo exhiben cifras nacionales, otros estatales, en casos como el Partido Verde, simplemente no abre su archivo y hay casos como Morena y PT que viene detallado por estado y municipio, con nombre y apellido, además de mostrar estadísticas de sus principales características; mientras MC y Encuentro Social también muestran sus registros por entidad.
Algo que podría ser muy sencillo es dar a conocer el listado de los integrantes de los comités estatales, pero no para los partidos porque algunos se limitan a ofrecer el nombre, sin dirección, teléfono, ni correo de contacto. Tampoco hay detalles de cómo gastan el dinero que reciben, estados financieros, ni nada que evidencie ingresos, ni egresos.
No se puntualiza con quiénes tienen contratos por servicios. Quien detalla más de 12 contratos, aunque datan de 2012 es Nueva Alianza, entre ellos señala que tiene relaciones con CUSAEM y otras instancias, donde llama la atención un acuerdo comercial con Viajes Premier por un millón 200 mil pesos en 2012, donde señala la compra de boletos de avión en cualquier momento, sin detallar el número de servicios, pero sí que estarían pidiendo información sobre costo de limousines en Estados Unidos y Canadá; Cruceros, Autobuses Trans en Europa, entre otros servicios que podrían no tener mucho que ver con sus funciones políticas.
No se conocen a detalle qué tienen los partidos: si rentan, son dueños de negocios, quiénes les hacen aportaciones. El único que aclara que no posee inmuebles es Morena y renta tres edificios: dos en el Distrito Federal por 90 mil pesos y uno en Jalisco por 14 mil 300 pesos. De lo que no ofrece información es de las universidades que están apoyando a partir de este año.
Los tabuladores de las remuneraciones, que sería algo básico, no se atiende en todos los casos, el PRD sólo da a conocer los montos nacionales que por cierto son bastante confusos y a primera vista escandalosos cuando se observa que el presidente nacional cobra, tan sólo de viáticos 414 mil 481 pesos, sin especificar si son mensuales o anuales; luego indica que tiene 448 mil 439 pesos como total de remuneraciones que suman un total de dirigentes de 862 mil 915 pesos, de manera que gastan en nómina 42.6 millones de pesos, pero a nivel estatal no dicen nada.
Llama la atención que el Partido Verde, PT y Movimiento Social dicen que todos sus cargos son honorarios, es decir, que nadie cobra, aunque en el caso del PVEM –según su tabulador- cada miembro del consejo nacional debiera cobrar 75 mil pesos de salario bruto y 71 mil 500 de neto (lo que evidenciaría un mal cálculo del pago de impuestos) y a nivel estatal 35 mil pesos mensuales como pago bruto.
En Nueva Alianza su presidente gana 100 mil pesos y le retienen 27 mil 605 pesos de impuestos, el estatal 88 mil 491 de forma bruta y 65 mil netos y señala que no tienen estímulos o ingresos distintos. El secretario tiene 64 mil 810 pesos de salario bruto.
En el caso de Morena sólo el presidente del Consejo Nacional cobra 50 mil pesos, pero no se especifica si brutos o netos, así como el titular del CEN y los secretarios de Organización y Finanzas son los únicos que están en la nómina; el resto no cobra ni un peso, pero no detalla si ellos cubren todos sus gastos con recursos propios. Los cargos operativos cobran por honorarios asimilados cantidades que van de los 8 mil a los 12 mil pesos, pero no hay nadie del Estado de México.
En Movimiento Ciudadano el coordinador nacional puede percibir de 55 mil a 75 mil pesos al mes; mientras los estatales, de 20 a 35 mil pesos; en Encuentro Social, el presidente tiene un salario de 60 mil pesos netos; el secretario general de 49 mil 999 pesos y los delegados estatales de 20 mil pesos al mes.
En el PRI estatal no se señala nada, pero en el nacional se precisa que el presidente estatal tiene una percepción bruta de 84 mil pesos al mes y de 60 mil 515 pesos; mientras la secretaria general de 54 mil pesos brutos y de 40 mil 45 pesos netos al mes; el coordinador de área 48 mil pesos brutos y 35 mil 839 pesos netos. Además, tienen 20 de días de aguinaldo, vacaciones de acuerdo con la ley y 25 por ciento de prima vacacional.
Lo que no se aclara es si al tener dos cargos los líderes cobran solo uno: caso los dirigentes del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, que son diputados federales los dos primeros y local el tercero, al mismo tiempo de ser líderes de esas fuerzas.
Es necesario que los partidos políticos, a nivel estatal, cuenten con sus portales de transparencia, con áreas de transparencia de manera física; que actualicen la información porque mucha data del 2012 y 2013. También es necesario que atiendan las solicitudes de información, e incluso promuevan la rendición de cuentas como lo que es: una obligación, no una opción.
En general el escenario que ofrecen los partidos políticos en la entidad es de opacidad, partidos que no están acostumbrados a rendir cuentas, un problema que debe cambiar a partir de que los ciudadanos exijan y las instancias encargadas de velar por la transparencia los evidencien, sancionen y emplacen a que cumplan de manera completa, clara, visible, accesible y verídica.
La Ley federal es muy buena, incluso puede ser una buena guía para solicitar información, pero lamentablemente la experiencia nos indica que una cosa es la norma y otra la realidad; por eso también necesitamos un Instituto de Transparencia que sea autónomo, con integrantes que no sean cuotas políticas. Un órgano garante que haga valer los derechos de acceso a la información y de protección de datos, pero que este último no sea pretexto para no rendir cuentas.
Las obligaciones de los partidos van a aumentar: necesitan ponerse al día, demostrar que la transparencia inicia en casa, y junto con los partidos van todas las autoridades y los diputados, porque son el rostro de las fuerzas políticas. Cuando son candidatos los partidos los presumen les piden a los ciudadanos que voten por ellos; después muchos se deslindan y si se meten en problemas, ni se acuerdan de ellos.
A veces se menciona que los municipios son el “patito feo”, pero en el estado de México la mayoría de los portales de transparencia son deficientes: no están actualizados, no son accesibles, es todo un reto buscar información y eso implica a los tres poderes, órganos autónomos y a los ayuntamientos, pues hasta marzo, apenas 25 tenían su página.
Exhibirse es exponerse y hay que exigir a todos los partidos que se transparenten, que rindan cuentas, pues hacerlo es una oportunidad para ellos de recuperar credibilidad y confianza. La transparencia no les gusta; pero hay que presionarlos, seguirles los pasos, militantes o no, el tiempo de la opacidad ya pasó.
No se vale que nos digan que no tienen la información o que no contesten adecuadamente; porque si recurren a esas estrategias hay que exhibirlos, pero sobre todo: denunciarlos. La nueva ley lo contempla.
Vamos a seguirlos: gastan mucho y no hay cuentas claras: los invitamos a presionarlos, a no soltarlos, pero no solo en elecciones, sino todo el tiempo. Ellos siempre reciben dinero, siempre gastan y lo justo es que siempre rindan cuentas.
*Ponencia presentada el 8 de abril en el Foro "Los nuevos sujetos obligados y los cuaces para la participación ciudadana".
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Infografía: Ignacio Hernández.
