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FOTO: ESPECIAL

INFOGRAFÍAS: IGNACIO HERNÁNDEZ

El Código Penal del Estado de México contempla 33 delitos como graves donde no es posible alcanzar la libertad bajo caución y es necesario seguir el proceso y defensa desde la cárcel, aun con la posibilidad de ser inocente.

A nivel federal recientemente se reformó la Constitución para ampliar el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a quienes sean acusados de: abuso o violencia sexual contra mujeres, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburo, petróleos o petroquímicos, desaparición forzada de personas y delitos de materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea.

En la entidad varias de estas conductas son consideradas como graves, en especial los relacionados con el robo, cuando se cometa con violencia, en el interior de una casa habitación, el objetivo es causar la muerte; se robe vehículo con mercancía abordo, participe un servidor público, ocurra en un espacio educativo; se desmantele autos robados, venda, use, cuide, posea o traslade.

El Código Penal del Estado de México está vigente desde el 25 de marzo del 2000. En casi 19 años ha tenido 125 decretos que han modificado, adicionado o derogado parte del contenido, sin ajustar por completo el artículo 9, donde se señalan como conductas graves acciones que ya no son consideradas como delitos en la entidad, como es el caso del cohecho, el peculado o el abuso de autoridad y el feminicidio que no están con el articulado señalado.

En sus 355 artículos existen varias operaciones que ya no son sancionadas penalmente, como es el incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas; la coalición, el tráfico de influencia, la concusión, el enriquecimiento ilícito, la venta ilícita de bebidas alcohólicas, los cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia.

Y otras que tienen sanción penal y no son ampliamente conocidas por la población como: la impartición ilícita de educación, la autorización de baile con contenido sexual en unidades económicas, la falsificación de llaves, quien cambien su nombre ante la autoridad, el estorbar bienes de uso común, la obstrucción a la inversión, irrupción en evento público, la violencia laboral o por parentesco, que incluso no figuran en la lista de consignaciones de la entidad.

El último ajuste al Código Penal entró en vigor en septiembre de este año, pero fue aprobada por la 59 Legislatura. Actualmente existe una propuesta para agravar los crímenes de odio, pero desde el 2017 no se ha tocado el artículo 9 donde se enlistan los ilícitos considerados como graves que a continuación se detallan:

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