Ante la discusión que se prevé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la prisión preventiva oficiosa, las y los gobernadores de todo el país se pronunciaron por mantener esa figura y advirtieron que de no ser así, podría venir el colapso de tribunales federales y un grave impacto en la seguridad pública.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez se sumó a la petición de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para pedir a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucia Piña Hernández, mantener la prisión preventiva oficiosa en el país.
Gómez Álvarez informó, mediante sus redes sociales, que, como integrante de la CONAGO, al igual que las y los 32 gobernadores de México, firmó el documento, y resaltó que la prisión preventiva oficiosa es vital para proteger a las víctimas y para preservar la seguridad pública.
Entre los argumentos esgrimidos por la CONAGO, destacan que eliminar la prisión preventiva oficiosa generaría efectos adversos en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana y advirtieron la necesidad de mantener la supremacía constitucional, respecto a cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno, a fin de impedir la vulneración de la Carta Magna y de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos y la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, señala el documento.
El escrito advierte que la prisión preventiva oficiosa se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social, en los que el Ministerio Público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad y cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
La prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con la CONAGO, responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos; así como proteger a las víctimas de delitos, procurar que no haya impunidad y lograr la reparación del daño.
Esa conferencia llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar su petición, pues eliminar esa figura tendría consecuencias negativas.
“Nos pronunciamos en calidad de Amicus Curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN, a efecto de que se considere también el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”.
Aún cuando admite que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, la CONAGO precisa que deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución mexicana; por lo cual, debe converger el respeto a los derechos humanos y a la soberanía y ordenamiento jurídico interno.
Otorgar preferencia a una norma de carácter internacional, sobre el derecho interno, advierte, se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso internacional tendría el alcance de invalidar, en sentido práctico, una norma de rango constitucional y se vulneraría a la Constitución, emanada de la voluntad del constituyente permanente, y no de un acuerdo de voluntades entre estados miembros de la comunidad internacional.
FOTOS: ESPECIALES
