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FOTO: ESPECIAL

INFOGRAFÍAS: IGNACIO HERNÁNDEZ

Las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Procuración y Administración de Justicia en el Poder Legislativo del Estado de México dejaron pendiente la dictaminación de la iniciativa de ley que elimina el fuero para que todos los servidores públicos sean procesados penalmente.

El tema que se discute en el Congreso de la Unión es para delitos de carácter federal. Cada entidad, cuenta con sus propias reglas donde algunos dan fuero hasta los titulares de órganos autónomos como el Instituto de Transparencia o la Comisión de Derechos Humanos.

De acuerdo a una revisión que hizo la bancada de Morena a la legislación del país, encontró que en 13 entidades el fuero no existe o está normado de manera distinta y en todos se sanciona por separado las faltas administrativas.

 

EL FUERO EN EL PAÍS

En Baja California se requiere mayoría calificada para desaforar al gobernador o presidentes municipales y mayoría absoluta de los presentes en la sesión para el resto de servidores públicos. Si se niega se suspende el procedimiento y continuará hasta que concluya su cargo y si es positiva el sujeto queda a disposición de las autoridades competentes.

Jalisco sanciona y persigue cualquier delito cometido por cualquier servidor público.

En Nuevo León no procede el juicio político por la expresión de ideas. Se sanciona y persigue cualquier delito cometido por cualquier servidor público.

Guanajuato condena y persigue actos de corrupción, enriquecimiento ilícito cometido por cualquier servidor público y particulares con el decomiso de los bienes con las penas que correspondan.

En Coahuila mediante juicio político se impondrán sanciones; no procede por la expresión de ideas. Se sanciona y persigue cualquier delito cometido por cualquier servidor público, tanto penal como administrativamente.

En Hidalgo se sanciona y persigue cualquier delito cometido por cualquier servidor público. Si obtienen un beneficio económico que dañe el patrimonio tendrá una multa de hasta tres tantos el beneficio emanado.

En Campeche serán objeto de juicio político los servidores públicos. Las sanciones serán procedentes cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que afecten los intereses públicos. Los delitos comunes serán perseguidos y castigados en los términos de la legislación penal. Teniendo sentencia no podrá concederse indulto.

En Nayarit no procede por expresión de ideas, se sanciona a servidores públicos mediante juicio político cuando causen perjuicio al estado. La comisión de delitos se persigue como lo marca la ley. El enriquecimiento se castiga con el decomiso de los bienes.

En Querétaro hay juicio político al servidor público que incurra en faltas que dañen la administración pública. Los delitos son sancionados como lo marca la ley penal. Se requiere de una declaración de procedencia para proceder en contra de diputados, magistrados, procurados, presidentes y titulares de órganos autónomos.

Quintana Roo señala juicio político para los titulares de los poderes, jueces, magistrados, al titular del Auditoria estatal, comisionados de transparencia, consejeros electorales, secretarios electorales, titular de la Comisión de Derechos Humanos. Serán responsables por sus actos, el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

En Yucatán hay juicio político para los titulares de los poderes y órganos autónomos, con excepción de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos y los consejeros electorales. El Congreso se erige en Gran Jurado y dicta resolución por mayoría absoluta y puede intervenir el Senado.

Y en San Luis Potosí hay juicio político por daño al interés público. Los delitos son sancionados legalmente, independiente de las sanciones administrativas y el enriquecimiento ilícito se sanciona con el decomiso de los bienes.

EN EDOMEX A PUNTO DE SALIR

La iniciativa que se discute en comisiones fue presentada por Azucena Cisneros Coss de la bancada de Morena, a finales de diciembre. Antes, el 11 de octubre lo hizo Omar Ortega Álvarez, del PRD, por lo cual ambas serán fundidas en un documento, junto con las observaciones de la panista Ingrid Krasopani Schemelensky Castro.

Pero esta no es la primera ocasión que se presenta el tema. En octubre de 2017, diputados del PRD y MC pidieron reformas a la Constitución, Ley Orgánica municipal y Ley de Responsabilidades para eliminar el fuero, a lo cual el PES se unió. A inicios de ese año el PAN había presentado la primera iniciativa de ley al respecto, pero nunca se abrió la discusión en comisiones.

En esta ocasión ya llegó a comisiones y se espera que salga por consenso o cuando menos por mayoría.

A continuación, se puede observar el poco contraste que existe entre las dos iniciativas de ley que están en comisiones

 

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