Con el inicio del proceso de renovación de la rectoría en la Universidad Autónoma del Estado de México, salieron a la luz diversas problemáticas que la institución ha arrastrado durante años y que han sido un obstáculo para mejorar tanto la calidad educativa como las condiciones materiales en las que se imparte.

Tras los desaciertos observados en las primeras semanas del proceso por parte de las autoridades, los estudiantes, haciendo uso de un juicio crítico, decidieron alzar la voz, convocar a un paro y tomar las instalaciones universitarias para hacer visibles sus demandas.

Desde la postura oficial, se optó por solicitar la renuncia del rector en funciones, lo cual ocurrió apenas un día antes de que concluyera su periodo. Desde entonces, se ha hablado de acercamientos entre las autoridades interinas y los estudiantes en paro; sin embargo, la realidad es que no hay claridad sobre cuándo podrá reanudarse la vida universitaria para una comunidad de casi 100 mil personas, que permanece expectante ante lo que dos grupos minoritarios —aunque legítimos— logren dialogar y, aún más importante, acordar.

Lamentablemente, no se vislumbra en el corto plazo un consenso que permita atender las exigencias de los estudiantes y retomar las actividades académicas. Los canales de comunicación entre ambas partes no están siendo eficaces para informar sobre los temas en discusión, los avances, ni los eventuales acuerdos alcanzados.

En este contexto, cabe preguntarse si este es el nivel de negociación que cabe esperar de dos grupos que forman parte de una institución de educación superior. ¿Es que las autoridades no están escuchando realmente las demandas estudiantiles? ¿O es que los paristas no consideran la viabilidad de algunas de sus peticiones, muchas de las cuales dependen del presupuesto federal y no exclusivamente de los recursos propios de la universidad?

Ante la falta de avances, se puede afirmar que ninguna de las partes está escuchando con profundidad los argumentos de la otra. Siendo así, ¿qué puede hacerse? Desde mi perspectiva, es fundamental que toda la comunidad universitaria sea informada con claridad sobre cuáles son las demandas del movimiento estudiantil y cuál es su grado de viabilidad en función de los recursos disponibles. A partir de esa base, ambas partes deben acordar qué puede atenderse de forma inmediata, qué es factible en el mediano plazo y qué gestiones conjuntas se deben emprender ante la federación y el gobierno estatal.

Todo se resume en un ejercicio de escucha mutua, con el objetivo de construir soluciones sostenibles, no de prolongar el conflicto o, peor aún, profundizarlo.