FALLAS EN REGLAS DE OPERACIÓN

Las últimas revisiones de campo realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) han exhibido presuntas irregularidades en la entrega de apoyos que deben ser investigadas.

Beneficiarias de diversos programas, como el “Salario Rosa”, habrían sido aleccionadas para que el órgano no conozca la estructura con la cual operan.

En las auditorías de desempeño a los programas sociales, donde se aplican cuestionarios para conocer la eficacia y utilidad de esos apoyos, algunas mujeres reconocieron que nunca se inscribieron, a otras el beneficio les llegó a través de la “estructura” del partido en el poder, e incluso hay quienes desconocían las reglas de operación.

Las respuestas de las mujeres mostraron que una de las recomendaciones recibidas fue ponerse “buzas”, y ante posibles cuestionamientos, responder que se inscribieron por internet, o que alguno de sus hijos les hizo el trámite, pues de lo contrario, perderían el beneficio. También les plantearon la necesidad de tener sus documentos a la mano, por si es necesario armar el expediente.

Todo eso ha generado muchas dudas que se deben investigar hasta las últimas consecuencias, pues con esos testimonios pareciera que las autoridades se “brincan” las reglas y la entrega de apoyos habría sido discrecional y con intervención de la estructura tricolor, lo cual resultaría muy lamentable por quienes realmente necesitan el apoyo.

Los auditores buscarán entrar a fondo en ese y otros programas sociales que manejan millonarios recursos, mientras los legisladores han encendido focos de alerta y analizan si pueden evitar esas prácticas el 2021, en pleno año electoral.

PARTICIPACIONES ESTATALES PERDIDAS

Resulta preocupante que en medio de una fuerte crisis económica más de veinte administraciones municipales se hayan negado a firmar el convenio -que mandata la ley- con el gobierno estatal, en materia de recaudación.

A todos los municipios se les notificó que de no hacerlo estarían fuera del reparto de participaciones estatales, y aun así, no lo signaron.

Por esa razón, municipios como: Nezahualcóyotl, Huixquilucan, Coacalco, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Texcoco, Tultitlán, entre otros, no reciben participaciones estatales desde el mes de mayo; sólo un pequeño ingreso por el impuesto para la venta final de bebidas con contenido alcohólico.

En conjunto, tendrán una pérdida de al menos 56 millones de pesos, que les resultarían muy útiles para obras, servicios y hasta salarios.

Un ejemplo es Nezahualcóyotl, donde el actual alcalde se reeligió y  hay funcionarios con experiencia que no debieron omitir este convenio, por lo cual sólo reciben 414 mil pesos trimestrales, cuando le correspondían más de 10 millones de pesos.

Los funcionarios municipales nuevos o reelectos deben “ponerse las pilas” y aprovechar todos los recursos a los cuales tienen derecho; sobre todo cuando son incapaces de cubrir por si solos sus gastos.

A este paso la gente podría acusarlos de ineficiencia, omisión, e incluso daño al erario, pues por negarse a firmar convenios, han perdido recursos estatales.

NADIE RESPETA AL ISSEMYM

Si bien este año disminuyó el número de ayuntamientos que tienen adeudos con el ISSEMyM -por la retención de cuotas a sus empleados-, el monto general de pasivos aumentó en un 48 por ciento en sólo seis meses porque muchos siguen sin ponerse al corriente, y otros, se suman a la impunidad del “jineteo” de recursos.

Cuando un ayuntamiento, organismo municipal o estatal no tiene dinero, al parecer lo más fácil es “quedarse” con los recursos del ISSEMyM, porque nadie les dice nada, nadie los sanciona, ni castiga; incluso, les llegan a perdonar intereses, multas y otros accesorios, y todavía les dan oportunidad de pagar en cómodas mensualidades.

Tal vez en municipios pequeños podría resultar creíble, pero no en ayuntamientos como Toluca, donde el alcalde Juan Rodolfo Sánchez se quejó de las deudas que le heredaron, y ahora, después de estar al corriente, generó un adeudo de 64 millones en sólo seis meses.

Ese tipo de acciones tendrían que ser sopesadas por quienes quieren reelegirse, pero sobre todo por los electores, para quienes la eficiencia, capacidad y respeto a la ley deben pesar más que la popularidad.