A un año de concluir con su gestión al frente del Poder Judicial del Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar dio a conocer que ha cumplido metas y ha asumido nuevos retos, además de desarrollar infraestructura para acercar a los mexiquenses a la justicia, adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad.

Este Cuarto Informe, dijo, plasma la realidad en la que hoy se encuentra la institución, donde el acceso efectivo a la justicia constituye un verdadero estado de derecho, que brinda certeza a la sociedad y legitima las acciones del Estado.

En esta administración, señaló, se han asumido las políticas públicas que permiten avanzar en la impartición de justicia, por lo que el 2023 ha sido una oportunidad más para potencializar la labor de servidoras y servidores judiciales a quienes le reconoció el trabajo, la dedicación y el esfuerzo como el mejor capital de la institución.

Advirtió que para 2024 enfrentarán retos que no son menores a las metas alcanzadas como:

• La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
• Llevarán a cabo el proceso de certificación de abogados litigantes
• Harán de la capacitación y formación judicial el pilar fortalecido para el acceso y permanencia a las distintas categorías que conforman la carrera judicial.

Marca precedente a nivel nacional

Ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y con la Gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer que trabajan ya en diversas acciones para conmemorar los 200 años de la de la instalación del Poder Judicial del Estado de México, en el 2025, a partir del Plan Estratégico Bicentenario que se emitió en el 2021 bajo ejes vinculados con la academia, la cultura, la vinculación y el deporte.

Destacó que en el último año se marcó un precedente a nivel nacional, al impulsar el proceso de certificación voluntaria de licenciadas y licenciados en derecho y abogadas y abogados, con el propósito de elevar su profesionalización y generar certeza a las personas justiciables.

Aunado a ello se impulsó la transversalidad de la perspectiva de discapacidad en el quehacer institucional, se aprobó el programa de PJEM accesible e incluyente, con una visión a cinco años, para lo cual se creó el Consejo Consultivo, enfocado a las políticas y acciones institucionales que coadyuven a la efectiva inclusión social.

Se creó la Sala de Asuntos Indígenas, como un hecho histórico, por qué dieron voz y participación a las personas de origen indígena, con respecto a sus tradiciones. Derivado de la nueva ley, se incorporó la formación de jurisprudencia por reiteración, precedente, consideración y contradicción, con lo cual se abona a la eficiencia del sistema judicial y se permite que haya casos resueltos de manera consistente con los anteriores.

Nueva Ley Orgánica del PJEM

Derivado de la implementación de la nueva Ley se ha realizado la transformación de ejecutores y notificadores a actuarios, optimizar los procesos laborales y jurisdiccionales, y otorgar un mejor servicio, más eficiente, donde las nuevas centrales de actuarios ampliaron su ámbito de aplicación a las materias mercantil, civil y familiar, atendiendo inicialmente en algunos juzgados de la región judicial de Ecatepec, Texcoco, Tlalnepantla y Toluca.

El magistrado Ricardo Sodi subrayó que con la reciente publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se ha diseñado un plan rector para su implementación, incluyendo la instalación de un grupo de trabajo estratégico para la transición; conversatorios y la asistencia a la instalación de la comisión para la coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar.

Todo esto tiene como finalidad brindar un marco de referencia y un insumo para la planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo y por lo cual a finales del 2022 se elaboró la Visión Perspectiva 2050, Retos, Escenarios y Agenda Estratégica, donde destaca la propuesta para ampliar el número de jueces, el fortalecimiento de la justicia digital y de los medios alternos de solución de controversias.

Plan Estratégico 2020-2025

Sobre el plan, destacó que el Consejo de la Judicatura mantiene la paridad de género, se integraron ocho convocatorias para concursos de oposición con un total de 153 plazas, siete convocatorias para cursos de formación inicial, se creó la Sala Unitaria Civil de Ecatepec y la familiar de Tlalnepantla y para mejorar y agilizar la impartición de justicia, una nueva sede judicial en Cuautitlán Izcalli que prioriza la atención civil y familiar.

Niñas, adolescentes y mujeres recibieron atención integral especializada en perspectiva de género y derechos humanos. Se mantiene “cero tolerancia” contra el acoso y el hostigamiento sexual.

Estadística jurisdiccional

En el periodo del informe se iniciaron 322 mil 121 asuntos en primera y segunda instancia y se concluyeron 280 mil 963. En materia penal los delitos más frecuentes fueron: el robo; contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo; lesiones, homicidio y delitos contra la salud, lo cual fue muy parecido en materia de justicia para adolescentes, donde la principal conducta fue el robo, las lesiones, abuso sexual, violación y delitos contra la salud.

En este año se dictaron 26 sentencias condenatorias y radicaron 224 asuntos por feminicidio, 471 por violencia familiar y 50 por trata de personas; mientras, en justicia ambiental el Poder Judicial destaca por ser el único en el país que ha formado a 20 juzgadores en esta especialidad, y en materia de amnistía se otorgaron 176, en su mayoría por robo.

En lo referente a la justicia digital, el magistrado Ricardo Sodio indicó que implementaron una nueva versión, más renovada para poder acceder desde cualquier teléfono celular, acercar los servicios a la ciudadanía de manera ágil y sencilla, poder iniciar un proceso de mediación, consultar en el boletín judicial notificaciones de los juzgados, edictos, jurisprudencias, circulares, resoluciones, convocatorias, entre otros, además de incluir procesos y servicios de gestión interna institucional.

El juzgado familiar en línea atendió mil 839 procedimientos judiciales y emitió mil 223 sentencias definitivas; mientras, los juzgados especializados en cateos, órdenes de aprehensión y medios de protección en línea han otorgado 5 mil 151 órdenes y se han usado 6 mil 93 videoconferencias para el desahogo de audiencias.

Se iniciaron 23 mil 447 procesos alternativos de solución de conflictos, se capacitó y certificó a mil 635 mediadores de otras instituciones públicas y privadas, además de continuar con el programa de capacitación en materia jurisdiccional, sensibilización en igualdad y derechos Humanos y se obtuvo el reconocimiento de validez oficial de estudios de la Especialidad de Administración de Tribunales, bajo el sistema no escolarizado.

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