Piden cerrar vacíos legales que debilitan la justicia
La transformación del Poder Judicial no puede limitarse a la elección de sus integrantes; también exige instituciones con reglas claras, responsabilidades definidas y mecanismos efectivos para prevenir irregularidades y garantizar que ninguna actuación judicial quede comprometida por contradicciones legales.
El diputado Octavio Martínez Vargas propuso una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, con el propósito de corregir inconsistencias normativas que afectan su funcionamiento y pueden debilitar la seguridad jurídica de la ciudadanía.
A poco más de un año de la publicación de la nueva legislación judicial, el análisis de sus disposiciones frente a la Constitución estatal revela contradicciones, duplicidad de atribuciones, vacíos procedimentales y disposiciones que todavía responden al anterior modelo de organización del Poder Judicial.
Estas inconsistencias no representan únicamente problemas de técnica legislativa. Cuando distintas autoridades tienen facultades coincidentes para resolver un procedimiento, autorizar una licencia o determinar una sustitución, sus decisiones pueden quedar expuestas a impugnaciones por falta de competencia, con consecuencias para las personas involucradas en los procesos judiciales.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es fortalecer el régimen de responsabilidades y evitar que las conductas de corrupción reciban un tratamiento jurídico incompatible con su gravedad.
El documento advierte que la legislación vigente incluye la expresión «incurrir en corrupción» dentro de las faltas administrativas no graves, pese a que conductas como el cohecho, peculado y desvío de recursos están tipificadas como graves en las leyes de responsabilidades administrativas.
Por ello, la propuesta corrige dicha clasificación para armonizarla con el marco jurídico aplicable y evitar contradicciones que debiliten los procedimientos disciplinarios.
La iniciativa plantea delimitar con precisión las competencias del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, respetando la distribución de funciones establecida en la Constitución local.
En materia de responsabilidades administrativas, considera que la Contraloría Interna investigue, substancie y resuelva las faltas no graves del personal administrativo, mientras que los procedimientos por faltas graves sean resueltos por las comisiones competentes del Tribunal de Disciplina Judicial, conforme al esquema establecido en la iniciativa.

También busca fortalecer la independencia del Tribunal de Disciplina Judicial, precisar la separación entre las autoridades investigadoras y resolutoras y establecer reglas claras para los medios de impugnación, como garantías fundamentales del debido proceso.
Otro eje fundamental es la evaluación de las personas juzgadoras electas por voto popular. La iniciativa incorpora criterios e indicadores mínimos para evaluar su desempeño durante el primer año de ejercicio, en concordancia con el mandato constitucional, y contempla mecanismos posteriores de seguimiento de carácter informativo.
Además, armoniza las disposiciones sobre licencias, renuncias, vacantes y sustituciones de magistraturas, juezas y jueces, con el objetivo de garantizar la continuidad de la función jurisdiccional y evitar incertidumbre sobre la legitimidad de quienes ejercen temporalmente esos cargos.
Indica la necesidad de concentrar en el Órgano de Administración Judicial las competencias que constitucionalmente le corresponden, incluidas las relacionadas con la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional, así como establecer un sistema único de información estadística para eliminar reportes duplicados y contar con datos oficiales consistentes sobre el desempeño institucional.
La reforma también contempla ajustes en materia presupuestal, carrera judicial, jurisprudencia, control interno y funcionamiento de los órganos de gobierno judicial.
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