Aprobación de cuentas públicas no exonera funcionarios
El pleno del Congreso del Estado de México aprobó las cuentas públicas de los municipios y el gobierno estatal sin que esto exonere a ninguna de las personas responsables de las finanzas de las 7 mil 476 observaciones que detectaron en los 410 entes fiscalizables, por lo que de no solventar en tiempo y forma se les fincarán responsabilidades que van desde multas hasta inhabilitación para seguir en cargos públicos e incluso denuncias penales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, dijo que las responsabilidades tienen una vigencia de siete años y que el Congreso hará un seguimiento hasta que se solvente todo o, en su caso, se sancione como lo marca la ley.
“La responsabilidad es de siete años y no termina con la calificación (…) Se tiene que aclarar todo lo que deben presentar tanto las dependencias estatales como el Gobierno estatal y los municipios.
“Se les da seguimiento a través de la auditoría, del Órgano Superior de Fiscalización, la gente, con los representantes y, en caso de que hubiera alguna situación, se llevaría a cabo todo el procedimiento legal, si fuera necesario”, aseveró.
En los dos decretos avalados por las y los diputados quedó establecido que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México deberá informar a la comisión legislativa de Vigilancia del OSFEM sobre los resultados de la etapa de aclaración que deberán atender los municipios y sus organismos descentralizados, así como el gobierno, los organismos auxiliares y autónomos.
Con la revisión de los informes de resultados que presentó el Órgano y la aprobación se dieron por revisadas y fiscalizadas las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025, por considerar que hay elementos suficientes para su valoración legislativa, pero recalcan que la aprobación no suspende el trámite de las acciones y previsiones promovidas por el OSFEM.
“La revisión, fiscalización y calificación de las cuentas públicas no implica la liberación de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por las autoridades de control y/o fiscalización federales o estatales que efectúan en el ámbito de su competencia o bien de aquellas que pudiera resultar de diversas auditorías que en ejercicio de sus atribuciones realice el órgano técnico”, señalan los acuerdos.
Los informes
En los documentos se informa la realización de 180 auditorías, de las cuales 75 fueron en el ámbito estatal (33 de cumplimiento financiero, ocho de inversión física, 21 de legalidad y 13 de desempeño) y 105 en el ámbito municipal (20 de cumplimiento financiero, 27 de inversión física, 21 de legalidad y 37 de desempeño), como parte del Programa Anual de Auditorías.
Los documentos detallan que las 180 auditorías se encuentran en la etapa de aclaración, pero advierten que, en caso de subsistir observaciones, serán turnadas a la Unidad de Investigación del OSFEM para que califique la falta administrativa y, en su caso, determine quiénes son las personas presuntamente responsables.
Los dictámenes se elaboraron a partir de un análisis para determinar si las cuentas públicas cumplieron con los criterios de la Ley de Fiscalización Superior estatal, lo que implica verificar, entre otros aspectos, si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustaron a los conceptos y a las partidas respectivas.
Asimismo, se verificó el cumplimiento de los programas autorizados; si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por la legislación; si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos, así como la gestión financiera de las entidades fiscalizables en sus programas y procesos concluidos.
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