El Poder Judicial del Estado de México estableció nuevas reglas obligatorias para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en juzgados, tribunales y áreas administrativas, con restricciones para la elaboración de resoluciones judiciales, protección de datos personales y posibles responsabilidades por errores derivados de estas tecnologías. El acuerdo emitido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, el 20 de octubre y publicado en la Gaceta del Gobierno, contiene 33 artículos distribuidos en ocho capítulos y entrará en vigor el 11 de noviembre. La normativa establece que las herramientas tecnológicas únicamente podrán utilizarse como apoyo en tareas jurisdiccionales y administrativas, sin sustituir las facultades legales de jueces y magistrados para valorar pruebas, interpretar disposiciones jurídicas o emitir sentencias.

El artículo 7 determina que toda sentencia, acuerdo o actuación judicial elaborada con asistencia de inteligencia artificial será responsabilidad exclusiva de la persona servidora pública que la suscriba, por lo que las fallas, imprecisiones o referencias jurídicas incorrectas no constituirán una justificación para deslindarse de posibles consecuencias legales. Los artículos 8, 11 y 12 prohíben utilizar sistemas cuyos resultados no puedan explicarse o auditarse, reservan a las personas juzgadoras la valoración probatoria y establecen que los contenidos generados por IA tendrán carácter de borradores auxiliares. Además, el personal judicial deberá comprobar la autenticidad de leyes, jurisprudencias, documentos, preceptos procesales y referencias probatorias, con identificación del folio, foja o registro digital correspondiente, antes de incorporar cualquier información a los expedientes.

Prohíben ingresar expedientes judiciales a plataformas abiertas

El artículo 22 establece la prohibición de introducir expedientes judiciales completos o parciales, datos personales sin anonimizar, testimonios de menores de edad e información protegida por secrecía en plataformas abiertas de inteligencia artificial que operen fuera de la infraestructura institucional. Los artículos 13 al 15 priorizan el desarrollo de herramientas propias, repositorios bajo control del Poder Judicial y sistemas de almacenamiento gubernamentales. En caso de contratar proveedores privados, los contratos deberán impedir el aprovechamiento de datos judiciales para entrenar modelos comerciales, exigir mecanismos de ciberseguridad y permitir auditorías técnicas. Los artículos 24 y 25 ordenan eliminar información personal utilizada durante el entrenamiento de modelos, mientras que el artículo 26 establece la conservación de respaldos cifrados de los conjuntos de datos durante al menos un año después de que el sistema sea declarado obsoleto o sustituido.

Las disposiciones también condicionan la utilización de cualquier programa, extensión o sistema de IA a una evaluación de ciberseguridad de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico y a la autorización formal del Órgano de Administración Judicial, conforme al artículo 16. El artículo 17 exige que los modelos de lenguaje destinados al estudio de expedientes utilicen mecanismos de recuperación de documentos para limitar sus respuestas a información verificable. Por otra parte, el artículo 19 permite detectar indicios de contenido generado mediante inteligencia artificial en trabajos del personal judicial y revisar posibles incumplimientos. En contraste, el artículo 20 precisa que abogados, litigantes y particulares podrán emplear estas herramientas para preparar demandas, promociones y solicitudes, sin que su utilización constituya por sí misma una irregularidad, aunque deberán responder por la autenticidad y veracidad de los documentos presentados.

Habrá auditorías, capacitación y posibles sanciones administrativas

Los artículos 27, 28 y 29 obligan a realizar evaluaciones de impacto sobre derechos humanos, privacidad y posibles sesgos discriminatorios antes de implementar sistemas de inteligencia artificial, además de establecer mecanismos de supervisión continua y suspensión inmediata ante fallas graves. Si las deficiencias resultan irreparables, el Órgano de Administración Judicial deberá ordenar el retiro definitivo de la herramienta. Los artículos 30 y 31 contemplan capacitación permanente del personal, con revisión anual de los programas académicos, mientras que el artículo 32 considera faltas administrativas la emisión de resoluciones sin supervisión humana y la exposición no autorizada de datos sensibles. La vigilancia corresponderá al Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. El acuerdo concede 60 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas complementarias.

FOTOS: ESPECIALES.