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INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ
Si la Legislatura no aprueba este año la reducción de financiamiento público para los partidos políticos, tendrán un incremento de 5.6 por ciento durante el 2020 al pasar de 673.9 a 712 millones de pesos, lo cual les daría una disponibilidad financiera de casi 2 millones de pesos diarios.
Mientras eso ocurre el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), aprobó su proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal con un monto de mil 595 millones de pesos, de los cuales el 44 por ciento sería para los institutos políticos con derecho a recursos públicos.
El proyecto contempla una partida para el arranque del proceso electoral del 2021, en el cual se deberán elegir diputados locales y ediles, pues de manera previa se deben instalar juntas electorales, entre otras actividades relacionada con la jornada.
Aunque la propuesta todavía puede sufrir modificaciones en el Poder Ejecutivo y Legislativo, el monto para los partidos políticos está a salvo porque se estima con base en una formula legalmente establecida.
El presidente del Consejo General del IEEM, Pedro Zamudio, precisó que el monto señalado para los partidos es un estimado porque todavía falta conocer el monto de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).
Asimismo, falta definir si los legisladores modifican la fórmula para calcular el financiamiento y si se acuerdan ajustes a las funciones del órgano electoral, a partir del uso del uso de urnas electrónicas o de las medidas a nivel federal.
“Hoy la ley señala que las juntas municipales y distritales se instalen en septiembre del año anterior a la elección, pero bien se podría prescindir de ello para instalarlas en febrero, pues parte de su trabajo ahora lo realiza el INE”.
Durante la sesión, Miriam Pérez, representante de Morena, se manifestó a favor de reducir gastos, incluso habló de bajar las prerrogativas hasta en 75 por ciento, pero pidió que el Instituto también elimine gastos.
Javier Rivera, del PRD, reconoció que se trata de un tema controversial, donde el IEEM no asigna el financiamiento, sino se hace mediante una formula. “Ojalá y si se entre a una reforma electoral, pero integral, para fortalecer el tema de fiscalización y transparencia”.
Alfredo Oropeza , del PAN, calificó el proyecto como un presupuesto responsable y acorde la dinámica, sin simulación mediática sobre austeridad.
El petista Joel Cruz apoyo la idea de organizar y desarrollar procesos electorales más austeros; mientras, Efrén Ortíz, de Nueva Alianza, añadió que el problema no es sólo en financiamiento público, pues apenas representa el 10 por ciento de las erogaciones en campaña, el verdadero gasto “se da bajo el agua”.
Actualmente estas son las reglas que rigen la distribución de financiamiento:
5 PROPUESTAS LEGISLATIVAS
La Legislatura pretende bajar el monto del financiamiento que anualmente se entrega a los partidos políticos. En comisiones hay dos iniciativas de ley donde coinciden en la necesidad de bajar estos recursos a la mitad.
La propuesta de Morena se limita a modificar la fórmula para bajar el monto actual a la mitad. En tanto, el PT quiere que además se cambie la distribución y el 70 por ciento de los recursos se repartan de manera igualitaria entre todos los partidos y sólo el 30 por ciento de manera proporcional a los votos de cada partido.
En su propuesta van por las elecciones concurrentes y consideran nombrar a un gobernador interino al termino del actual mandato, quieren debates obligatorios, normar la revocación de mandato, evitar la reelección plurinominal de diputados, flexibilizar las candidaturas comunes, entre otros aspectos.
El PAN va también por una reducción de 50 por ciento al financiamiento público de los partidos políticos, pero piden aumentar el margen de los ingresos privados y migrar al voto electrónico. Esta iniciativa se presentará el siguiente periodo ordinario de sesiones en el pleno.
A estas tres propuestas se suma otra de PAN que se presentó el 17 de octubre pasado y una del PRD el 26 de diciembre, para homologar la fecha de la elección de gobernador con la federal, las cuales llevan varios meses en espera de análisis.
El plazo para dictaminar las iniciativas y la reducción se pueda plasmar en el presupuesto del 2020 es antes de aprobar el paquete fiscal para el siguiente ejercicio fiscal, en diciembre. Pero en general la norma establece que:
“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Con lo cual la segunda fecha fatal para los legisladores se cumpliría a finales de mayo.
