La pandemia de COVID-19 situó a la ciencia en el centro del debate y frente a ella a la clase política que en varias naciones la adoptaron como punto clave para la toma de decisiones, aunque en muchas otras la rechazaron, ignoraron y/o minimizaron. En momentos donde se alistan campañas políticas en México resulta fundamental que partidos políticos o aspirantes independientes consideren el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. Establecer acciones concretas para garantizar este derecho, sin duda, redundará en medidas más eficientes en materia de educación, salud y el combate a la pobreza.
A nivel internacional el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones forman parte del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México, el artículo tercero de la Carta Magna ordena que “toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”. En territorio mexiquense, con seguridad se armonizará el marco jurídico local mediante la reforma que ya alista el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México.
El derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones impacta directamente en la vida de la población. Por ejemplo, en momentos donde la educación a distancia es ‘la alternativa’ para evitar la propagación de la COVID-19, garantizar el acceso a Internet mediante políticas públicas claras ayudaría a una buena parte de las y los estudiantes.
Ante eventuales crisis sanitarias futuras, proteger esta garantía, obliga al Estado a contar con reglas transparentes, recursos y estrategias precisas para acceder a una vacuna o medicinas de calidad. En el combate a la pobreza la ONU promueve que “los estados y el sector privado tienen que trabajar juntos para determinar las necesidades prioritarias de las poblaciones marginadas”. Por donde se vea, atender a este derecho redunda en beneficios sociales.
Finalmente, la salvaguarda de este derecho sitúa al conocimiento y a la comunidad científica-académica en el lugar que se merece: con apoyos, recursos y espacios dignos para su labor. De acuerdo con las Naciones Unidas, se requiere favorecer “la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología, así como a la libertad indispensable para la investigación científica”. Al mismo tiempo, hace partícipe a las comunidades en la toma de decisiones sobre las diversas propuestas de investigación y desarrollo. Dichas acciones redundan al fortalecimiento de la vida democrática del país.
En palabras de la especialista en asesoramiento científico parlamentario, Alma Cristal Hernández Mondragón, México requiere superar la etapa de “micro esfuerzos macro desorganizados” y, por el contrario, contar con leyes y políticas públicas concretas para garantizar este derecho. Las plataformas políticas y propuestas de campaña son un buen inicio para abordar el tema. Por tanto, resultaría deseable que todos los partidos políticos contemplen en sus iniciativas la defensa y promoción de este derecho.
