Según el diccionario Jurídico Mexicano la amnistía es “el Acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo bien los procesos comenzados o que han de comenzarse, bien las condenas pronunciadas”.
La adopción de esta ley perfectamente puede entenderse como el resultado de una aspiración y una lucha legítima promovida desde la sociedad, la respuesta propositiva de una fuerza política ascendente en el estado y distinta a la que hegemónicamente ejerció el poder durante el periodo de “la transacción institucionalizada”, así como la resistencia de un régimen político autoritario en proceso de desmantelamiento y en descomposición.
La estructura y contenidos de la ley, tanto como la figura adoptada nos dice mucho de la mentalidad de ese grupo gobernante en proceso de retirada: se trata de una medida que asumieron las instituciones para “olvidar” y “abolir” las condenas establecidas en contra de personas que fueron encontradas culpables de la comisión de determinados delitos ya sea porque su condición de pobreza y vulnerabilidad les condujeron a cometerlos o porque no lograron interponer una adecuada defensa, pero no porque el Estado haya cometido una injusticia, bueno, si, quizá una, juzgar a las personas indígenas sin que contaran con un intérprete.
Hasta el 31 de marzo de este año, a través de este procedimiento se han otorgado 3,666 amnistías, de las cuales 2,072 fueron solicitadas por la defensoría de oficio y 1,294 por el Poder Judicial.
Durante este periodo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió 23 pronunciamientos derivados “de que se desprenden violaciones a derechos humanos en un caso específico, en el que se propone la libertad de una persona procesada o sentenciada, la cual podrá ser remitida al órgano jurisdiccional para su análisis y resolución, a efecto de que se determine si es susceptible de otorgar la amnistía”, veinte de las cuales ya fueron otorgadas.
Según datos del INEGI, en 2024, la población privada de su libertad en los centros de readaptación social del Estado de México alcanzó las 35,771 personas y según puede constatarse en diversas fuentes, el modelo de seguridad, procuración y administración de justicia del viejo régimen trataron de responder al contexto generalizado de inseguridad a través de la demagogia penal (la constante creación de delitos y el incremento de las penas) y un modelo fallido que llenó las cárceles de personas inocentes que, en condiciones de precariedad, no pudieron allegarse de una defensa adecuada, traicionados por abogados filibusteros y engañados por policías y ministerios públicos capaces de mentir, fabricar pruebas, alterar escenas del crimen, vulnerar la cadena de custodia, y con más frecuencia de lo que se quiere aceptar: torturar y someter a las personas detenidas a tratos crueles y degradantes, a incomunicación, a detención por un delito (casi siempre posesión de droga), para luego acusarles de cohecho y, finalmente tener el tiempo necesario para armar testigos a modo, únicos, con intereses o circunstanciales, para basar sus casos y resolver otros delitos aprovechándose de una defensa débil o inexistente.
Pero la responsabilidad no es sólo de la instancia de investigación. Es triste y lamentable leer sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contra México, en los que dicha instancia considera que el control judicial de las actuaciones de investigación será suficiente para evitar violaciones a los derechos humanos. Bueno, eso podría ocurrir en cualquier otro lugar, pero no en nuestro país y mucho menos en el Estado de México, por eso, en por lo menos dos sentencias internacionales nuestro país fue hallado responsable por las faltas y omisiones de los jueces mexiquenses, me refiero a los casos García Cruz y Sánchez Silvestre y Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco.
Lamentablemente la actuación del Poder Judicial del Estado de México en materia penal se encuentra muy lejos del cumplimiento de los derechos de presunción de inocencia y del debido proceso, ha sido un poder judicial a modo y de consigna, que lejos de garantizar el principio del juez imparcial e independiente, se alió con las acusaciones, que victimizó a los más pobres de entre los pobres y a la persona más débil en el proceso penal, para responder a la estrategia de los exgobernadores Montiel, Peña Nieto, Ávila y del Mazo, en su intento autoritario de legitimación de una política criminal fallida, como lo acreditan los índices delictivos no resueltos.
Por esa razón, al acudir la semana pasada al foro “Más allá de la Amnistía” y escuchar una vez más los testimonios de las víctimas directas e indirectas de esa estrategia de seguridad fracasada, considero indispensable que se inicie un proceso de revisión y reforma profundo de la Ley de Amnistía del Estado para que permita, con mayor celeridad y mejores resultados, revertir las condiciones de las personas injustamente presas a las que el sistema penal les falló y les incriminó, para que las instituciones, entre ellas la Comisión de los Derechos Humanos asuma con mayor responsabilidad estas tareas y amplíe sus beneficios entre la población inocente en prisión, pero sobre todo, a que no olvidemos un factor esencial.
La amnistía se concede a una persona a la que el sistema penal le violó previamente sus derechos humanos y las garantías esenciales del proceso penal, víctimas de estos hechos han sido las mujeres, las y los integrantes de comunidades indígenas, personas en condiciones de pobreza y precariedad. Ninguna medida posterior a esa decisión podrá restituir su derecho al estado anterior a su afectación y ninguna reparación será perfecta. Lo que necesitamos urgente e imperiosamente es controlar el comportamiento de la Fiscalía General de Justicia para que se dejen de fabricar culpables, así como de las juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado para que hagan valer, realmente, los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, así como la eficaz dirección de la investigación complementaria, para que haya seguridad y paz, pero con justicia y verdad.
