*En los institutos de transparencia no se tomó en serio la defensa del derecho de acceso a la información.

Hace ya varios meses ofrecí a este medio una serie de tres colaboraciones sobre los institutos de transparencia y la discusión sobre su desaparición, cumplí con dos e hice una larga, muy larga, pausa para presentar este, el último. Un poco por reflexionar cual sería el mensaje de mi última alusión sobre una instancia a la que dediqué seis años de mi vida y otro poco porque cada vez me parecieron menos importantes para el debate actual. Hoy quiero cerrar este ciclo y prometer uno nuevo sobre el tema más importante de nuestro tiempo: la reforma judicial.

Al finalizar las distintas fases de confrontación armada en nuestro país, experimentadas durante las primeras décadas del siglo XX, se instauró un régimen político de corte bonapartista que privó a las clases sociales de todo vestigio de poder político y fundó, en la corrupción y la cooptación, sus mecanismos básicos de legitimación. Ese tipo de régimen logró institucionalizar a la revolución, petrificando sus contenidos, desviando y controlando el ánimo transformador del pueblo y mediatizando los intentos de libre participación política a través de un sofisticado entramado partidario que se confundía con el gobierno y que hegemonizaba el ejercicio del poder.

Las últimas décadas del siglo pasado fueron esenciales para entender el proceso de lucha social y ciudadana que, ante cada irrupción y tras cada aparente derrota, permitió recuperar enseñanzas e incentivar los mecanismos de organización que resultaron claves para debilitar los procesos de control y mediatización política.

El nuevo milenio representó para México la ilusión de lo que la academia generalizadamente identifica como la realización de la transición mexicana a la democracia, visible por la alternancia, en la Presidencia de la República, por parte de los dos partidos políticos tradicionales. 

A la llamada transición le siguió el periodo de la alternancia, se experimentaron una serie de modificaciones en el diseño institucional que se pretenden identificar como las características del supuesto arribo de la democracia: la pluralidad en la integración del Poder Legislativo y la incapacidad del partido en el gobierno para contar con una mayoría absoluta, ya no digamos calificada, de su partido en el Congreso de la Unión, factor en el que se funda el fortalecimiento del Poder Legislativo como una forma de vivificar la teoría de los pesos y contrapesos en una república democrática; la coexistencia de un gobierno federal con gobiernos estatales de orígenes partidarios distintos y el empoderamiento, con ello, de Gobernadores con capacidad de influir, a través de los legisladores federales, en la toma de decisiones, factor que permite replantear un nuevo federalismo mexicano; la creación de mecanismos institucionalizados para dar cauce a la demanda social, a los niveles de participación ciudadana y la reivindicación de derechos, entre los cuales se encuentra la creación de diversas agencias especializadas para la garantía de bienes relevantes y derechos humanos; por último, el fortalecimiento del Poder Judicial a través de una política basada en el incremento de prestaciones económicas, un régimen exclusivo de control y de responsabilidades, equipado de una serie de reformas constitucionales que pretendían transformar la forma de impartir justicia.

Pero la llamada alternancia partidaria, que pretendía superar el periodo de la transición y, con ello superar el periodo de la revolución institucionalizada, al parecer, en realidad, termino siendo algo que he decidido llamar como la etapa de transacción institucionalizada. Evidentemente que el México del 2000 no era el mismo del que llegó a la víspera de la elección presidencial de 2017, pero eso no necesariamente fue resultado de las transformaciones gubernamentales sino, seguramente, de la persistencia y tenacidad del pueblo para resistir los efectos de un periodo en el que el autoritarismo represivo no cesó, sino que adquirió distintas narrativas, en las que las prácticas de corrupción no menguaron sino que se incrementaron visible, descarada e impunemente; en el que los fraudes electorales persistieron basados en los procesos de manipulación y cooptación de los electores y en la operación especializada de las nuevas autoridades electorales, mientras que el pueblo padecía los efectos de un proceso descontrolado de concentración de la riqueza, ampliación de la desigualdad social y transferencia de los costos del desarrollo a los sectores sociales más desprotegidos.

Los cambios institucionales no necesariamente lograron el impacto y los resultados que se ofrecían, la constelación de agencias especializadas, regidas por la condición de autonomía constitucional, fueron colonizadas por agentes especializados en aparentar lejanía de la lucha política, pero que con una sumisión total que terminó por mediatizar y limitar su impacto y resultados.

El régimen de la transacción institucionalizada generó un sistema de arreglos, impunidad y complicidades que permitieron el aprovechamiento desquiciado de los recursos y bienes públicos, la crisis de la seguridad y la justicia, así como el empobrecimiento y la pérdida de esperanza de la población, indefensa ante un gobierno y sus agencias, entregados a aparentar el cambio y a asegurar el arreglo de sus intereses.

Los institutos de transparencia, su sistema y sus integrantes jugaron ese triste papel: hacer una serie de cambios procedimentales para que, en el fondo, en los asuntos más importantes para la gente: la declaración de alerta de género, la corrupción en las concesiones a OHL, bueno, en el acceso de los familiares de una mujer que perdió la vida por atropellamiento, se impidiera el acceso a la información de manera oportuna, de calidad y suficiente, recuerdo que el mal chiste, en este último caso, fue el intento de alguna parte del pleno para darle la videograbación ocultando la placa de circulación, lo que era, en realidad, lo único útil de dicha obligación.

Lamentablemente y a pesar del cariño y estima personal que guardo a casi la mayor parte de mis antiguos colegas debo decir que lo mejor que hice fue abandonar un día la sesión ante la hipocresía y lo absurdo de las decisiones. Fue mi forma de protestar, en su día, frente a la manipulación del proceso y la falta de garantía por la toma de decisiones basadas no en la ley ni en el derecho, sino en los intereses que los habían llevado al cargo.

Los órganos de transparencia y los espacios de comisionados fueron parte del botín político, de ahí que, desde la emisión de la más reciente ley estatal, una diputada del PAN presionara hasta el extremo para tratar de someter a ratificación a los integrantes y buscar así que su esposo, actual comisionado, pudiera entrar a sustituir a uno de los que en ese momento estaban en funciones. 

Las y los comisionados pasados y algunos de los presentes, decidieron jugar ese papel de defraudadores del verdadero derecho de acceso a la información y lo hicieron con el regocijo, lamentable, de sus beneficios personales y de la falta de sanción ante el incumplimiento de sus obligaciones, actualmente es sumamente grave la enorme tardanza con la que se resuelven los recursos de revisión y que no encuentra excusa en la cantidad de ellos que, en efecto, podría justificar algún retraso razonable si se percibiera al comisionado y al instituto volcado en la tarea jurisdiccional y no en el periodismo o los eventos sociales, ni qué decir del último amargo hallazgo que obtuve: el incumplimiento de mis colegas de pleno en publicar las versiones públicas de las resoluciones que aprobamos y de las que fueron ponentes, lo que, además, impide la publicación de los votos disidentes y particulares de los demás.

No encuentro otro epitafio más triste de la intrascendencia y vanidad que provocaron el debacle en la legitimidad de los órganos de transparencia que la reciente, o quizá ya ni tan reciente, publicación de la portada de una revista que desconozco si ya terminó siendo del espectáculo con una super estrella comisionada, a la que estimo y aprecio mucho, pero de la que no comparto que se asuma como autora del estándar de competencia en materia de acceso a la información, cuando el expediente documental y las intervenciones públicas en el pleno señalan que esa acción fue resultado de un esfuerzo colectivo y cooperativo del pleno y de diversas áreas de la institución.

Los institutos de transparencia terminarán sucumbiendo como lo que fueron, espacios de privilegios en los que no se tomó en serio el derecho de acceso a la información.