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Un sistema democrático no puede concebirse sin la presencia activa de las mujeres, ya que es necesaria la participación de ellas en los asuntos de carácter público. No obstante, tanto a nivel internacional, como en México, a las mujeres se les ha impuesto barreras que frenan su desarrollo personal, así como profesional y, por ende, se ha reducido su presencia en los órganos de toma de decisiones públicas. Esta situación es consecuencia de los estereotipos y roles asignados socialmente, los cuales han propiciado una desigualdad entre ambos géneros.

La distinción injustificada entre mujeres y hombres ha derivado en acontecimientos de violencia política que enfrenta el género femenino, razón por la cual, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de Toluca, organizó el conversatorio “La mujer en el siglo XXI a 44 años de la instauración del día internacional de la mujer”, en cuyo evento participaron diversos ponentes, quienes analizaron los avances, obstáculos, experiencias y propuestas sobre diferentes tópicos que afectan la participación política de las mujeres.

En este foro se señaló que, a partir del año de 1975, la Organización de las Naciones Unidas decretó conmemorar el 8 de marzo como el “Día Internacional de la Mujer”. También se destacó que, en México, desde el 17 de octubre de 1953, se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas para ejercer un cargo público, lo que ha beneficiado a que el género femenino tenga avances sustantivos en el ámbito público.

En este sentido, el camino recorrido por las mujeres en la defensa de sus derechos ha sido largo, pero ha dado resultados satisfactorios, los cuales están plasmados en los ordenamientos jurídicos; como, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, a través de la reforma política-electoral del año 2014, se consagró la paridad de género, por lo que, ahora ellas tienen más probabilidades de llegar a desempeñar un puesto de elección popular.

Sin embargo, con el incremento de la participación del género femenino en los procesos electorales, así como, en los cargos públicos, se agudizó y se visibilizó el fenómeno de la violencia dirigido específicamente contra las mujeres con el fin de restringir sus derechos político-electorales y, con ello, evitar su acceso a los espacios de toma de decisiones públicas.

Dicha violencia política por razones de género hacia las mujeres se ha manifestado mediante la tolerancia de actos u omisiones que atentan contra su integridad física y psicológica, su patrimonio, su libertad sexual, entre otras. Frente a estos acontecimientos, los ponentes coincidieron en que el sistema jurídico mexicano a nivel nacional, propiamente en las materias penal y electoral, adolece de una regulación que prevea y, en su caso, persiga y sancione de manera ejemplificativa este tipo de violencia.

Por otro lado, en el conversatorio se habló sobre las desigualdades padecidas por las mujeres de las comunidades o pueblos indígenas, quienes, por pertenecer a este grupo vulnerable, han sido atacadas con mayor frecuencia; por lo tanto, se propuso que las autoridades electorales realicen la implementación de políticas públicas que garanticen y maximicen los derechos de este sector de la población.

Otro tema abordado por los panelistas fue la misoginia, la cual se caracteriza por el odio hacia las mujeres, quienes son víctimas de esta forma de discriminación. Teniendo en cuenta que las sociedades democráticas modernas no deben consentir que se continúe manifestando este tipo de actos, se planteó que para combatirla es indispensable llevar a cabo campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Asimismo, respecto de la sororidad, se habló de que las mujeres pueden crear alianzas o redes con el objetivo de derribar las barreras que limitan sus derechos, pero no solo les compete a ellas, sino también a los hombres; porque, si ambos géneros se encuentran unidos, podrán eliminar las brechas de desigualdad construidas por la cultura social.

En conclusión, en los últimos años en México y a nivel internacional, se han dado avances en materia de igualdad, sin embargo, los esfuerzos realizados no han sido suficientes; puesto que, se siguen presentando actos de violencia política por razones de género contra las mujeres, conductas que tienen como finalidad menoscabar sus derechos políticos electorales. Ante esta situación, es necesario que, tanto las autoridades electorales, como los partidos políticos y la sociedad, elaboren conjuntamente acciones que rompan los estereotipos y roles fijados con el propósito de erradicar la violencia hacia las mujeres.

*Consejera electoral del IEEM

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