Las elecciones del pasado 6 de junio nos han mostrado que hoy en día las ciudadanas y ciudadanos no nos rendimos ante las adversidades que se presentan, ejemplo de ello es el importante porcentaje de participación ciudadana que se tuvo ese día, y hay que agradecer el trabajo de las personas que participaron en este gran reto como: los funcionarios de casilla, el personal operativo, ejecutivo y de dirección de las autoridades que organizaron las elecciones, así como, a los representantes de los partidos políticos, candidatas y candidatos, observadores electorales, entre otros.

Las actividades desarrolladas por todos estos actores políticos, tuvo como finalidad hacer valer la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas mediante el ejercicio del sufragio, a través del cual la ciudadanía decidió y eligió a quienes serán sus representantes en los diferentes cargos de elección popular que se disputaron por la vía constitucional y legal.

De manera que, la participación ciudadana que en esta ocasión se distinguió por ser muy cuantiosa, corroboró el compromiso democrático de los electores, lo cual incidió en una democracia más fortalecida, pues tal como lo ha traducido la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la democracia es una forma de engrandecer la importancia de los pueblos, pues estos deciden de manera libre su régimen político, económico, social y cultural, así como su participación en todos los aspectos de sus vidas.

No debemos soslayar que, el pueblo mexicano a nivel federal y local decidió electoralmente hablando, ya que eligió informada y responsablemente a las personas que consideró serían las y los mejores para que, en su nombre, ejerzan el poder público, es decir, la participación ciudadana en las elecciones se tradujo en la legitimación de las mismas y, ello se convierte en representación efectiva en los órganos de elección popular. Este binomio incide frontalmente en la consolidación de nuestra democracia, puesto que sin participación ciudadana no hay representación, consecuentemente, no podríamos hablar de un régimen democrático consolidado, ni tampoco de lograr cambios materiales y necesarios para que los gobernantes y la ciudadanía puedan alcanzar los objetivos comunes y, así lograr una verdadera transformación de cada municipio, estado y del país en general.

En esencia, las elecciones concluyeron con los correspondientes resultados y declaratorias de validez de las diversas elecciones. A partir de estos, se abrió la etapa impugnativa, la cual constituye un derecho de los partidos políticos, de las y los candidatos; pues están en posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, a través del juicio de inconformidad con la finalidad de revertir los resultados de la votación, siempre que acrediten la materialización de alguna circunstancia legal que, eventualmente, pudiera modificar dichos resultados.

En la lógica de hacer que prevalezca la voluntad ciudadana, tanto partidos políticos como las y los candidatos (estos últimos en determinados casos por cuestiones de elegibilidad) en ejercicio de su derecho deben ser objetivos y presentar sus medios de defensa, sólo en los casos en que tengan la certeza de que en el proceso electivo hubo irregularidades y estas hayan viciado la elección, también se considere que cuando la diferencia de votos sea mínima y, por ello, se requiera de una revisión detallada de la votación.

En esta perspectiva, no es válido ni democrático que las y los actores políticos acudan a la jurisdicción sólo por estrategia sistemática con el propósito de poner en duda los resultados de las elecciones sin sustento legal; cuestionar sin razón la actuación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, exponiendo el proceso comicial a la opinión pública, sólo con el fin de hacer escarnio público de sus supuestas victorias.

En ese sentido, los operadores jurisdiccionales tienen un reto muy grande, ya que tendrán que aplicar debidamente la ley, vigilar que se cumplan las reglas y los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo cual permitirá demostrar que hemos celebrado elecciones libres, auténticas, transparentes y equitativas; por lo que tienen que ser muy cuidadosos y juzgar los asuntos bajo el tamiz de la constitucionalidad y legalidad, buscando en todo momento que prevalezca la voluntad ciudadana.