Una verdadera democracia exige que no se abuse del poder público, esto se puede prevenir a través de instituciones y acciones que garanticen la división de los poderes del estado. El acceso a la información pública, la transparencia, la legalidad y la libertad de expresión, son elementos fundamentales en el desarrollo de los procesos electivos, ya que los hacen más legítimos y confiables.

En el marco del inicio de un proceso electoral de gran calado como el que se avecina para el año 2021 en el que contendrán un gran número de cargos de elección popular, destacando 15 gobernaturas, se erige de manera particular la certeza de los comicios, la cual es la piedra angular de su legitimación por parte de la ciudadanía; de tal manera que la transparencia y la rendición de cuentas son las herramientas indispensables para que las autoridades electorales y, demás  actores políticos logren convencer a la ciudadanía y al electorado sobre las correspondientes gestiones que realizan.

Ahora bien, se debe entender a la transparencia como un mecanismo de evaluación ciudadana que, a través de la publicidad de la información sobre las actividades que realizan las instituciones electorales en calidad de sujetos obligados, así como también los actores políticos (partidos políticos, pre candidatos/as, candidatos/as y, las candidaturas independientes, en ejercicio de recursos públicos) puedan ser evaluadas positiva o negativamente. De igual manera, la transparencia conlleva la rendición de cuentas, ya que permite evaluar mediante el acceso a la información la responsabilidad de los funcionarios y servidores electorales que les es encomendada por la propia normativa.

En ese contexto, con el acceso a la información útil y oportuna se fortalece la integridad de los comicios, pues se generan condiciones de confianza y legalidad, dado que permiten el escrutinio por parte de la ciudadanía; por ejemplo, la publicación y actualización en tiempo y forma de los informes sobre el origen y destino de los recursos públicos que ejercen los actores políticos, así como las estructuras institucionales. Información que debe ser ampliamente accesible, en términos de lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta porción constitucional, establece la accesibilidad a la información pública en posesión de sujetos obligados, es decir, de aquellas estructuras institucionales, personas físicas o morales que ejercen recursos públicos, en la especie los partidos políticos y demás actores políticos que apliquen este tipo de recursos, están obligados constitucionalmente a transparentar y hacer pública toda la información que tenga que ver con su actividad política.

En definitiva, la transparencia electoral, sin duda alguna, fortalece los procesos electivos, pues permite el escrutinio directo de la ciudadanía sobre los recursos públicos que se ejercen en las elecciones, sin embargo, es importante eficientar los procedimientos de entrega de la información por parte de los sujetos obligados, ya que, en algunos casos, buscan evadir esta obligación argumentando que se trata de información confidencial, reservada o inexistente, ello con la finalidad de no entregar dicha información.

Sin duda alguna, con procedimientos más eficaces en la entrega de la información, se evitarán  posibles fraudes  a la ley, así como desconfianza y la falta de legitimidad en la actuación de las autoridades electorales y de los actores políticos, lo cual fortalecerá a nuestra democracia.