Primer planteamiento
La cultura de la legalidad es fundamental para lograr el desarrollo de una sociedad justa, equitativa, respetuosa de los derechos humanos. En México, diversos casos recientes demuestran la importancia de fortalecer este valor para combatir la corrupción y la impunidad, por lo que podría ser una herramienta de singular importancia para los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Un breve catálogo de ejemplos de conductas ilícitas
Hace más de un año, la judicatura rebelde protagonizó una serie de acciones basadas en el abuso de jueces y magistrados en funciones para emitir decisiones contrarias a la Constitución y a la ley, con la única finalidad de proteger los privilegios acumulados como gremio. Al amparo de la autonomía e independencia del Poder Judicial, pensaban que los límites salariales establecidos en la Constitución no les aplicaban.
Apenas hace unos días, en el Estado de México se realizó el operativo “Caudal” a través del cual las autoridades desmantelaron una serie de estructuras que tenían el control y el aprovechamiento ilícito de volúmenes de agua cuya comercialización, se dice, representaba un negocio de millones de pesos diarios.
Entre ambos acontecimientos hay innumerables casos de corrupción y abuso, en el que la delincuencia común termina involucrando a los servidores públicos:
Ya sea en las redes criminales para despojar a las personas, especialmente a las personas mayores o en vulnerabilidad, de su patrimonio. En esas redes estuvieron involucrados abogados, jueces, notarios, funcionarios de catastro y del registro de la propiedad. Incluso, se rumora, que algunos exalcaldes también se beneficiaron de estas acciones.
Otros ejemplos más son las historias de la falsa facturación de servicios no realizados al sector público, el fraude en la retención y no entrega de las cuotas de los servidores públicos al sistema de seguridad social del estado, las licitaciones previamente arregladas.
Sin olvidar el famoso CUSAEM que, si bien comienza a regularizar sus pagos al ISSEMYM, sigue sin atender el problema más importante: su falta de contribución actual en los ingresos del estado, al ser un servicio de seguridad privada auxiliar del Estado, como la Policía Bancaria de la Ciudad de México y sin investigarse las cuentas del pasado que, seguramente, terminaron en el patrimonio de algunos ex secretarios o ex procuradores del estado.
Esa lista de casos podría incrementarse con muchos otros que no menciono y que, por sus dimensiones, agravian a una sociedad en la que los recursos públicos siempre son insuficientes para atender la demanda social e integran un fenómeno que requirió de años para alcanzar esas dimensiones que, seguramente, no pasaron desapercibidas para las autoridades anteriores que, en el mejor de los casos, fueron omisas; y en el peor terminaron como cómplices o protagonistas de los abusos.
¿Por qué es importante la legalidad para la sociedad?
La ley es un instrumento del Estado que pretende contribuir a la solución pacífica de los conflictos, a la ordenación de los intereses individuales y a la definición de un conjunto de deberes y competencias de los servidores públicos.
La ley genera una serie de expectativas de reconocimiento, cuando nuestros comportamientos son consistentes con esas convenciones democráticamente establecidas, y de consecuencias perjudiciales en nuestros derechos cuando nuestra actuación ha sido contraria a las normas y perjudica a las personas, a la sociedad o al Estado.
El gran problema de nuestro país, cobijado en el régimen autoritario del siglo pasado, fue que la ley no importaba y sólo servía para simular el funcionamiento de un Estado formalmente liberal, pero profundamente autoritario y violento.
La mal llamada transición, a la que denomino “el régimen de la transacción institucionalizada” tampoco pudo consolidar el Estado de Derecho porque cualquier conducta ilícita, mientras produjera dividendos y mientras estos beneficios pudieran dispersarse, no sólo era tolerada, sino hasta protegida.
Por esa razón la incidencia delictiva nunca bajó, ya que no se perseguía a la persona que cometía un delito, sino a la que no podía resistir los abusos institucionales, lo que incrementó las cifras de homicidios, feminicidios, robo, e incentivó los delitos de “cuello blanco” que afectaron gravemente al erario, al mismo tiempo que se llenaron las cárceles de personas pobres y vulnerables.
La respuesta de la Cuarta Transformación
Afortunadamente los esfuerzos que se realizan, desde el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez y desde el Gobierno de la República que preside la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, van encaminados a enfrentar ese ecosistema de corrupción e impunidad que, tarde o temprano, terminan contribuyendo a las condiciones de inseguridad que también se atacan.
La Cuarta Transformación se plantea transformar la vida pública del país, y esto implica combatir la corrupción, terminar con la impunidad, proteger los derechos de las personas y garantizar la integridad en el servicio público. Algunos casos aislados nos llaman a estar alertas y a no perder el camino por una confianza inocente.
Propuesta: Fomentar la cultura de la legalidad
Con la finalidad de contribuir al debate en ese sentido, propongo poner especial énfasis en un aspecto preventivo de enorme importancia que podría contribuir a fortalecer la estrategia de prevención y combate a la corrupción y a la impunidad, me refiero a la cultura de la legalidad.
Si queremos que los objetivos de la transformación se cumplan es necesario conservar mecanismos renovados del control de las conductas gubernamentales y de los particulares y entre esos procedimientos se encuentra el fomentar el aprecio y reconocimiento social a los comportamientos que respetan la norma, evitando el formalismo excesivo y promoviendo una verdadera cultura de la legalidad.
El fomento de la cultura de la legalidad debe ser una herramienta que permita promover comportamientos éticos, orientados por el interés general y que cierre el paso a la arbitrariedad, la ilicitud y el abuso, puede ser un elemento que contribuya a lograr la paz y la seguridad a la que aspiramos todas y todos.
En nuestro estado hay una ley de cultura de la legalidad y un consejo que podría diseñar programas y acciones efectivas para difundir este valor, modificar inercias de incumplimiento e impunidad, incentivar la integridad de los servidores públicos y mejorar la atención a las personas.
Conclusión
Promover la cultura de la legalidad y verificar su debido cumplimiento, por parte de las autoridades, es un paso esencial para garantizar la igualdad, la protección de los derechos de las personas y cerrar el paso a la arbitrariedad y la impunidad.
Como decía, el benemérito, entre las personas, “como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. La clave para lograrlo se encuentra en el cumplimiento adecuado de las normas, el reconocimiento social a esos comportamientos y la decisión de aplicarlas con justicia, equidad e integridad, por parte del Estado.
