El Gobierno del Estado de México dio a conocer el Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar en Escuelas de Educación Básica, el documento pretende garantizar entornos escolares seguros, libres de violencia y con pleno respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo medidas de prevención, atención y no repetición
El protocolo establece la obligación de las escuelas de promover una cultura de paz, respeto y convivencia armónica. Entre las acciones preventivas se incluyen la sensibilización permanente de la comunidad escolar, la capacitación del personal docente y directivo, así como la implementación de estrategias pedagógicas que fomenten la resolución pacífica de conflictos y la detección temprana de conductas de riesgo. De igual forma propone implementar procedimientos de quejas y denuncias como buzones anónimos y diversas vías para hacer llegar quejas o consultas sobre acoso escolar. Además de diversas acciones para combatir el ciberacoso.
En cuanto a la atención de casos de acoso escolar, el protocolo define un procedimiento claro que deben seguir las autoridades educativas dividido en cuatro etapas: detección, notificación, intervención y seguimiento.

La detección se basa en indicadores generales y específicos que permiten identificar posibles casos, como cambios de conducta, malestares físicos o evasión de actividades. Una vez notificado el caso, se activa un colegiado escolar que determina si se trata de acoso y se elabora un plan de intervención que incluye actas de hechos, medidas de protección, acompañamiento psicológico y actividades restaurativas.
Asimismo, el documento señala que las medidas de atención deben aplicarse con perspectiva de derechos humanos y enfoque de interés superior de la niñez, garantizando la confidencialidad de la información y el debido proceso para todas las partes involucradas. También se contempla la participación de madres, padres o tutores, así como la coordinación con instancias externas cuando la gravedad del caso lo amerite. Todo ello mediante la elaboración puntual de actas y bitácoras que permitan contar con un registro y seguimiento de cada caso.

Finalmente, el protocolo incorpora medidas de no repetición, orientadas a prevenir que los actos de acoso vuelvan a ocurrir. Estas acciones incluyen la evaluación de las prácticas de prevención, la identificación de factores de riesgo, la implementación de asambleas en las aulas de manera periódica, con el fin de abordar conflictos de forma temprana y resolverlos en términos pacíficos, así como el seguimiento continuo a los grupos y comunidades donde se haya identificado violencia escolar.
Con la aplicación de este protocolo se prioriza la protección de la víctima, la intervención inmediata del personal directivo y la notificación a las instancias correspondientes, además de establecer el acompañamiento psicológico y el seguimiento puntual de cada caso para evitar la revictimización.
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