El Congreso mexiquense acordó exhortar al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, para que recupere el Viaducto Bicentenario en beneficio de la Nación y no siga en manos de la iniciativa privada, sin concesión alguna.
En el exhorto propuesto por Morena y avalado por la mayoría legislativa, también incluye un llamado al secretario de Movilidad del Estado de México para que esta dependencia estatal coadyuve con la SICT en la recuperación inmediata del Viaducto Bicentenario, el cual es una vía general de comunicación, de uso común, sujeto al régimen de dominio público de la Federación.
Sin embargo, plantea la exposición de motivos del Grupo Parlamentario de Morena, la empresa Aleatica – antes conocida como OHL- lleva más de 10 años explotando esta vía de manera ilegal e impunemente, al no contar con una concesión del Gobierno Federal, por no tener la autorización previa de la SICT.
Esto, explicó el diputado Faustino de la Cruz, se debe a que, de acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación, para explotar una vía general de comunicación se requiere concesión otorgada por la SICT, por conducto de su titular, misma que no existe en este caso.
No obstante, a pesar de que la SICT no ha otorgado concesión alguna relacionada con el Viaducto Bicentenario, Aleatica ha explotado en beneficio propio esa vía general de comunicación desde hace más de 10 años, obteniendo ingresos por montos multimillonarios en perjuicio de la nación.
Lo ha hecho al amparo de una supuesta concesión estatal, claramente inconstitucional e ilegal, que es objeto y producto de la administración de Enrique Peña.
En octubre pasado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito confirmó el amparo que había sido otorgado unos meses antes por el juez decimocuarto de Distrito en el Estado de México en favor del abogado Paulo Díez Gargari, quien exigió la recuperación del mismo.
De acuerdo a Morena, la explotación de la vía sin una concesión legalmente reconocida es un delito que debe sancionarse con hasta 12 años de prisión y la pérdida de las obras e instalaciones en beneficio de la Nación, sin derecho a indemnización de ninguna especie.
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