Para nadie es ajena la realidad económica que atraviesa el Estado de México, situación que aunque no es exclusiva de nuestro estado, a nadie más que a los mexiquenses nos compete hacer frente especialmente en tiempos donde las autoridades se han quedado cortas de acciones pero también de respuesta.

La pérdida de empleos formales, los bajos niveles de inversión privada y para rematar las mal aplicadas medidas sanitarias por contingencia que han representado el tiro de gracia para miles de trabajadores informales mantienen al estado ya no solo en una situación de emergencia económica sino de verdadera crisis que está dejando sin oportunidades pero principalmente sin alimento a casi 10 millones de habitantes que de por sí ya se encontraban en condición vulnerable.

Resulta escandaloso imaginar que tantos millones de personas en territorio mexiquense no pueden adquirir ni siquiera lo mínimo para sobrevivir pero para dimensionar el hecho basta saber que, según Coneval, durante el primer trimestre de 2020 el 33.2% de los mexiquenses que trabajaban recibió un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimenticia ($1,593 mensuales); si esto percibió un tercio de la población que si tiene empleo, imaginemos cuánto recibió el enorme grupo poblacional que por diversas circunstancias no cuenta con empleo ni algún tipo de ingreso que por lo menos le permita cubrir con el costo de la canasta alimenticia, ya no se diga la línea de bienestar mínimo ($3,195 mensuales).

Toda esta información no es privilegiada ni mucho menos escondida, las autoridades son conscientes de las condiciones económicas y sociales en las que viven la mayoría de mexiquenses, no obstante, han decidido mantenerse exclusivamente en el discurso romántico de “todo va estar bien” mientras que los habitantes mueren de hambre. Las pocas acciones que el Gobierno del Estado de México (GEM) ha tomado han sido meramente electoreras a través de programas sociales poco efectivos.

El dinero de los mexiquenses es para los mexiquenses, no hay mayor verdad. Por lo tanto, en un estado donde su gobierno cuenta con poco más de 300 mil millones de pesos de presupuesto, lo coherente sería que por lo menos el 10% de este monto se destine directamente a rescatar a las más de 2 millones de familias en pobreza laboral.

¡Hay solución al problema económico! ¡Si se puede erradicar la pobreza en el Estado de México! No se necesita ni siquiera el 10% del presupuesto, con tan solo 27 mil millones de pesos es posible garantizar un ingreso de bienestar mínimo a 10 millones de mexiquenses que se encuentran desempleados o en situación de pobreza. Esto no es un regalo o una mera transferencia gubernamental, es un acto de justicia para todos aquellos que han sido marginados.

Cabe resaltar que la creación de un ingreso mexiquense no solamente beneficiaría a las personas en situación vulnerable, también representa un rescate económico para el estado  toda vez que el gobierno estaría inyectando dinero líquido al sistema económico fomentando el consumo y los encadenamientos productivos locales, en términos prácticos, sería una inversión pública efectiva.

*Economista y secretario de la Fundación Plan México