Cinco de las seis aspirantes a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México para el período 2025-2029, firmaron un exhorto para pedir el cese inmediato de cualquier intento de criminalización, intimidación o represalia en contra de quien ha ejercido su derecho a protestar.
A través de un documento firmado por Benhumea González Laura Elizabeth, Bernáldez Aguilar María José, Durán García María Dolores, Moreno Zagal Maricruz y Delgado Marta Patricia, exigieron el pleno reconocimiento a la manifestación, que el Consejo Universitario exhorte al rector Carlos Eduardo Barrera Díaz a establecer una mesa pública de diálogo con carácter urgente y resolutivo.
Además, que instruya de manera inmediata a la Comisión Especial Electoral para que establezca, defina e informe públicamente las acciones concretas que implementará para garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso electoral en curso y de manera especial y suficiente la forma cómo se llevará a cabo la auscultación cuantitativa.
Las aspirantes piden se resuelvan antes de la jornada electoral las impugnaciones formalmente presentadas por las firmantes, relativas a las evidencias probadas de violaciones cometidas por una aspirante porque la omisión de esta resolución comprometería gravemente la legitimidad del resultado.
“Hoy más que nunca este proceso exige unidad más allá de quien resulte electa como rectora. Las cinco aspirantes firmantes coincidimos en que la universidad debe estar por encima de intereses individuales, por ello nos comprometemos a trabajar juntas, en la construcción de una nueva etapa institucional, en donde la legalidad, la dignidad y la participación plena sean pilares inquebrantables de la vida universitaria”.
Dijeron estar preocupadas por la forma como se ha desarrollado el actual proceso de elección, pues ha sido un proceso injusto, inequitativo y carente de garantías mínimas de transparencia e igualdad.
Reconocieron en las expresiones del estudiantado una manifestación legítima de lo que piensan y sienten; pues su voz organizada representa hoy una de las expresiones auténticamente libres dentro de la comunidad, de lo que se calla por temor a represalias.
Todas reiteraron que cumplieron cabalmente con los términos de las bases del proceso, pero no todos los actores han sido observados con el mismo rigor. Las disposiciones previstas en la legislación universitaria y la falta de respuesta institucional han contribuido a generar un clima de incertidumbre y desconfianza.
Consideraron Injusto que por la actuación de una persona que ha incurrido en reiteradas violaciones a la normatividad y ante la falta de respuesta de la Comisión Especial Electoral se comprometa la legitimidad del proceso y se vulnere el principio de equidad entre las aspirantes.
“La omisión institucional no solo genera desconfianza, sino que coloca en desventaja a quienes han actuado con responsabilidad, respeto a la ley y apego a los principios universitarios” , subrayan.
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