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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe, en su artículo 1º, párrafo quinto, cualquier forma de discriminación “motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Bajo esta consideración, debe plantearse la construcción de una democracia incluyente, la cual se entiende como aquella en la que todos los sectores de la sociedad mexicana estén representados en los poderes Ejecutivo, Legislativo y tengan una adecuada defensa ante el Poder Judicial. Es decir, los grupos minoritarios tienen derecho a ser escuchados y participar en la toma de decisiones, a fin de que las autoridades les reconozcan y den solución a los problemas sociales que les aquejan.

Constantemente, los grupos sociales minoritarios, como son los integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las personas discapacitadas; la comunidad LGBTTTIQ+; los adultos mayores; los afrodescendientes; las niñas, niños y adolescentes, entre otros; se encuentran en situaciones de desventaja, ya que participan limitadamente en los asuntos públicos o, en muchos casos, se les vulneran sus derechos político-electorales.

Por tal motivo, las y los consejeros de 29 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con base en la experiencia que han adquirido en el desempeño de sus funciones, han decidido coadyuvar a la consolidación de una democracia incluyente por medio de la creación de la asociación civil denominada “Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, (RENACEDI, AC)”, cuyos objetivos son: fomentar la inclusión y la intervención de los grupos vulnerables en el ámbito político-electoral, así como garantizar y potencializar los derechos de los grupos minoritarios. Es importante mencionar que los integrantes de los OPLE de Colima, Nuevo León y Sonora, posteriormente, podrían incorporarse a los trabajos de la asociación.

En ese sentido, el 20 de agosto del presente año, en la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se reunieron 34 Consejeras y Consejeros integrantes de 20 órganos electorales locales con el propósito de establecer la estructura de la RENACEDI. Asimismo, se definieron las directrices y las líneas de acción que permitirán cerrar la brecha de desigualdad entre los distintos sectores de la sociedad.

Para tal efecto, los integrantes de la RENACEDI acordaron conformar órganos colegiados que se encargarán de efectuar los trabajos y acciones tendentes a incorporar a los grupos minoritarios al ámbito público, los cuales se denominan “vocalías”, a saber: pueblos y comunidades indígenas; adultos y adultas mayores; afrodescendientes y grupos minoritarios; ciudadanía en el extranjero; ciudadanía en los hospitales; ciudadanía en prisión preventiva; personas con discapacidad; LGBTTTIQ+; juventud; mujer indígena; migrantes; niños, niñas y adolescentes.

Cabe señalar que la asociación realizará actividades encaminadas a fomentar la participación de toda la ciudadanía en el ámbito público, ya que la democracia no solo se construye en los procesos electorales, sino también fuera de estos, pues las y los ciudadanos a través de su intervención activa en los asuntos gubernamentales contribuyen al fortalecimiento de los sistemas democráticos. De igual forma, se promoverá la impartición de cursos para capacitar y sensibilizar a los servidores electorales de los distintos OPLE, con la finalidad de erradicar cualquier tipo de discriminación dirigida a los integrantes de los grupos vulnerables.

Por otra parte, se destaca que la RENACEDI incluyó temas novedosos en su estructura, como es: la ciudadanía en prisión preventiva, lo cual tiene como fin procurar que, las personas que aún no han sido sentenciadas, puedan ejercer su derecho a votar en las elecciones y, con ello, maximizar sus derechos político-electorales por encontrarse en esta situación.

Finalmente, se enfatiza que la asociación trabajará en la recopilación de información para generar investigaciones en las cuales se identifiquen los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos político- electorales de los grupos minoritarios y, a partir de ello, implementar y ejecutar acciones que permitan la participación efectiva de todos los sectores sociales.

* Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México

 

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