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DE PANZAZO ASPIRANTES AL IEEM

Los 25 mejores promedios en el examen de conocimientos para ser consejero electoral del IEEM durante los próximos siete años dejaron mucho que desear. Su nivel es “regular”, cuando para cargos de este nivel no se podría pedir más que excelencia.

En otras 17 entidades los resultados fueron similares: de entre 6 y 7.9 puntos en una escala del 1 al 10, con excepción de la Ciudad de México, donde la mejor calificación fue de 8.8 y dos mexiquenses con 8.17, pero en resto tuvieron calificaciones menores.

Nadie podría esperar estos niveles de mexiquenses con muchos años de carrera electoral que además se dedican a formar a las nuevas generaciones en las aulas.

El tema es que desde 2018 se cambió el modelo de examen: eliminaron la parte de Historia y Geografía y dieron mayor peso al área de Matemáticas, que por lo visto no resultan tan sencillas para quienes tienen un perfil enfocado a las Ciencias Sociales, pues la inmensa mayoría de las y los aspirantes son abogados.

Quizá sea necesario revalorar el perfil de la evaluación: ¿Realmente es más importante que dominen los números o su capacidad de analizar y aplicar la ley? ¿Qué elementos deberían pesar para elegir a un consejero o consejera y garantizar un buen papel?

Es evidente que el conocimiento no basta si no hay imparcialidad, objetividad, ni honestidad.

EL REGRESO DE LABORES EN JUZGADOS

Las largas filas que se registraron afuera de los juzgados del Poder Judicial mexiquense durante el primer día de su reapertura pusieron en evidencia no solo la resistencia de muchos abogados al “Tribunal Electrónico”, sino también la falta de planeación del Poder Judicial del Estado de México, la disparidad de criterios entre los jueces, y el hecho de que no todos los expedientes están digitalizados.

Promover en línea reduce gastos y tiempo, pero el 92 por ciento de los casos se hicieron de manera presencial por varias razones: muchos litigantes llevan años trabajando así, no están acostumbrados a operar en línea, desconfían y no saben cómo hacerlo.

Sin embargo también pesa que una buena parte de los abogados cobran de manera directa y no declaran al SAT, ni pagan impuestos por esos ingresos y su principal temor es que Hacienda pueda hacer un cruce de información con las promociones en línea, los ubique y les requiera contribuciones de los cobros que hacen.

Sin embargo, también está la otra parte: algunos litigantes consideran que el Poder Judicial no se preparó para recibir a tantas personas, ni homologó criterios entre los jueces, ni tampoco va al día con la digitalización de expedientes, por lo cual no es posible trabajar todo por la vía electrónica.

Otra queja es que algunos jueces exigen a las partes que acudan a presentar promociones o tardan en subir los acuerdos, y ante la presión de los clientes, los abogados tienen que ir a los juzgados para conocer el avance de sus casos.

Adicional a eso, no todos los trámites se pueden hacer vía electrónica; por lo cual aun cuando cuenten con su firma tienen que acudir personalmente a los juzgados a desahogar pruebas, emplazar, notificar y embargar.

La ventaja, según algunos abogados, es que al principio el promedio para entrar era de tres horas, pero ahora sólo tardan una hora de espera.

LA LEY ERUVIEL O LEY ATENCO

A través de un pronunciamiento, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió a los diputados atender cinco temas en este periodo ordinario, entre ellos: la Ley de Amnistía, los matrimonios igualitarios, la Ley de Periodistas y Defensores, interrupción legal del embarazo y abrogar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública.

Esa última es un tema que en la anterior Legislatura generó polémica y la intervención de la Corte, donde los ministros declararon algunas partes como inconstitucionales y fue devuelta a la entidad.

Un artículo transitorio estableció que esa ley entraría en vigor una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera sobre la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas y que la Legislatura hiciera las adecuaciones a los artículos que la SCJN determinara como inconstitucionales y fueran publicados en Gaceta del Gobierno.

Sin embargo eso no ocurrió, por lo cual en estos momentos la ley no aplica, pero es un pendiente del Congreso, pues si bien actualmente no opera, existe una obligación establecida por los ministros de modificarla, pero también la exigencia de defensores de derechos humanos de abrogarla.

El argumento es que criminaliza la protesta y abona a la represión.

El tema que había quedado prácticamente olvidado para los actuales diputados ha sido retomado por el CDHZL y habrá que ver si hay una respuesta de los legisladores para no dejar esa norma en un limbo jurídico.

Algo evidente es que los cuerpos policíacos no han sido capacitados, pues se han registrado varios casos en los que recurren a la violencia contra la ciudadanía durante las detenciones que realizan.

 

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