La Legislatura del Estado de México recibió una iniciativa que plantea endurecer las sanciones contra abogados, patronos y litigantes que incurran en prácticas fraudulentas, omisiones graves o tácticas dilatorias que afecten la correcta administración de justicia.

El diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 181 del Código Penal estatal, con el objetivo de ampliar los supuestos del delito y aumentar las penas contra quienes vulneren el derecho a una defensa adecuada.

Endurecimiento de penas

La propuesta contempla un incremento en las sanciones actuales para los profesionales del derecho que incurran en conductas dolosas:

• Prisión de 2 a 5 años (actualmente es de 1 a 3 años).
• Multa de 100 a 500 días.
• Suspensión profesional hasta por 3 años.
• En caso de reincidencia, inhabilitación definitiva para ejercer la abogacía.

El legislador argumentó que el marco jurídico estatal presenta vacíos en comparación con el Código Penal Federal, lo que ha permitido que ciertas prácticas permanezcan sin sanción penal efectiva.

Conductas que se tipificarían como delito

La iniciativa propone incorporar nuevas fracciones para sancionar acciones que entorpezcan el acceso a la justicia pronta y expedita. Entre ellas:

• Aconsejar la presentación de pruebas o testimonios falsos.
• Simular actos jurídicos o promover escritos con información falsa para obtener resoluciones contrarias a la ley.
• Interponer recursos o incidentes notoriamente improcedentes con la única finalidad de retrasar el juicio.
• Fundamentar defensas en leyes inexistentes o derogadas, o alegar hechos falsos de manera consciente.
• Aceptar la defensa solo para gestionar la libertad caucional y abandonar el proceso sin ofrecer pruebas ni acudir a audiencias.

La propuesta busca sancionar tanto a defensores particulares como públicos que incurran en estas conductas.

Contexto penitenciario en el Estado de México

Durante su intervención en tribuna, Martínez Vargas señaló que el Estado de México cuenta con 22 centros penitenciarios y aproximadamente 39 mil personas privadas de la libertad, cifra que, dijo, se ha duplicado en la última década.

El legislador afirmó que un porcentaje significativo de internos podría encontrarse en prisión por deficiencias en su defensa jurídica. Estimó que hasta 25% de las personas privadas de la libertad podrían enfrentar esa condición por omisiones o actuaciones inadecuadas de sus representantes legales.

Impacto en familias y patrimonio

El diputado expuso que existen casos en los que familiares de personas privadas de la libertad entregan cantidades de entre 100 mil y 300 mil pesos bajo la promesa de obtener resoluciones favorables. Señaló que, en algunos supuestos, los recursos no se traducen en acciones jurídicas efectivas, lo que deja a los representados en estado de indefensión.

La iniciativa también se enmarca en la discusión legislativa sobre la tipificación de la fabricación de delitos por servidores públicos, tema que se analiza en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Objetivo de la reforma

El promovente sostuvo que la reforma no pretende criminalizar la profesión, sino fortalecer la ética en el ejercicio de la abogacía y proteger a los litigantes que actúan conforme a derecho.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación en el pleno legislativo.

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