El diputado Octavio Martínez Vargas propuso reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México para reordenar, transparentar y equilibrar las condiciones bajo las cuales el gobierno estatal y sus municipios contratan arrendamientos, garantizando una administración responsable del gasto público.

Se trata de una medida de disciplina presupuestal para garantizar que cada peso destinado al arrendamiento se traduzca en condiciones dignas, seguras y eficientes para el servicio público, sin que ello implique un beneficio desproporcionado para unos cuantos propietarios.

La iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis establece que el precio de renta en los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a oficinas públicas no podrá exceder un valor máximo sustentado en avalúos oficiales, atendiendo a la zona, características y condiciones del inmueble. Esto para evitar avalúos simulados, desactualizados o elaborados a conveniencia para legitimar precios artificialmente elevados.

“Tampoco se trata de imponer controles de precios al mercado, sino de fijar un límite racional a lo que el Estado está dispuesto a pagar, con dinero público en un entorno donde los recursos son finitos y las necesidades sociales apremiantes, pues cada peso que se destina de más a una renta inflada, es un peso que se deja de invertir en seguridad, salud, medio ambiente o desarrollo social”, sostuvo.

Durante la presentación de la propuesta, ante la Diputación Permanente, explicó que la reforma incorpora límites a los incrementos de renta, en contratos con el sector público y exige condiciones mínimas de mantenimiento, seguridad estructural y habitabilidad, porque en los inmuebles con deficiencias y costos crecientes, el arrendador traslada todos los riesgos al Estado.

“El sector público no puede seguir siendo un arrendatario cautivo, obligado a aceptar aumentos automáticos o a operar en inmuebles que no cumplen estándares básicos de seguridad y funcionalidad” refirió.

Uno de los ejes centrales de la reforma es terminar con la simulación de la ley, que las propuestas sustentadas en avalúos irregulares sean desechadas y los responsables enfrenten consecuencias administrativas.

La medida responde a una exigencia social legítima que es poner fin a la discrecionalidad y a los acuerdos opacos que históricamente han beneficiado a unos cuantos, a costa del erario, por lo cual la iniciativa considera criterios de adjudicación preferente para inmuebles accesibles, sustentables y energéticamente eficientes.

“Ordenar el arrendamiento de oficinas públicas no es un tema técnico menor, es una decisión de justicia presupuestal, de responsabilidad política y de respeto a la ciudadanía. Con esta reforma el Estado de México avanza hacia un modelo donde el poder público deja de ser rehén de intereses inmobiliarios concentrados y recupera su capacidad de negociación en favor del interés general” remarcó el legislador de Ecatepec.

FOTOS: ESPECIALES.