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Este 6 de junio se elegirán en el Estado de México 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación proporcional, 125 presidencias municipales, 966 regidurías y 136 sindicaturas, pero de acuerdo al portal del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) todas las candidaturas se muestran homogeneizadas, sin participación de candidaturas indígenas.

Pero, ¿por qué hablamos de candidaturas indígenas?, en primera instancia para responder a esta interrogante es necesario mencionar que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que al pie de la letra menciona en su artículo 17 que el “Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Reconociendo como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahuas (jñatrjo-jñatjo), Otomí (hñahñü), Nahuátl (nahua), Matlatzinca (fot’una) y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena…” De acuerdo con el censo de población INEGI 2020 la población de 5 años y más hablantes de alguna de estas lenguas indígenas en el Estado de México son un total de 414,450.

A nivel nacional, el pasado 08 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), emitió el acuerdo INE/CG508/2017 con un apartado dedicado a acciones afirmativas en materia de representación indígena y propone a los partidos políticos nacionales postular a personas que se autoadscriban como indígenas en 12 distritos electorales federales que cuenten con 40% o más de la población indígena.

Esta medida constituye una acción afirmativa en tanto brinda preferencia a las personas indígenas. Aunque esta resolución solo contempla a los distritos con 40% o más de la población indígena, estas acciones afirmativas deberían contemplarse para todos los estados del país que alberguen presencia de comunidades y pueblos indígenas.

Entendemos que las acciones afirmativas son acciones que emprenden las instituciones, entidades, dependencias que buscan una mayor inclusión de los grupos excluidos y discriminados y cuya característica principal es garantizar una mayor participación de estos grupos.

Sin embargo, en el Estado de México el tema parece no estar presente en el proceso, ni en la agenda electoral del Estado de México, pues aunque a nivel federal estableció los criterios para obligar a los partidos políticos a postular a personas indígenas, esto no ha sido impulsado por  instituciones como CEDIPIEM y mucho menos por los partidos políticos.

La población indígena está preocupada por la nula participación que han tenido en estos procesos electorales y en la lucha hacia el reconocimiento de sus derechos políticos electorales que por mucho tiempo se han violentado.

En la Constitución y leyes locales del Estado de México no se señala la aplicación de acciones afirmativas para las comunidades indígenas, excluyendo a las comunidades de su participación en la toma de decisiones y de la vida política del Estado, siendo ellos los afectados de las políticas homogeneizadoras que no toman en cuenta su cosmovisión, sus valores, sus instituciones, sus demandas, sus necesidades. Por ello se vuelve un tema que se debe replantear y reformar las leyes y la Constitución para propiciar la participación activa de las comunidades y pueblos originarios que comprenden el Estado de México.

¿Por qué esta reforma se vuelve necesaria y en qué beneficia a las comunidades indígenas? Si bien en el Estado de México no tomó mucha relevancia el tema de las candidaturas indígenas, ni se escuchó la voz de estos pueblos y tampoco se ha dado impulso a estas acciones afirmativas, no se logró ver actividades irregulares por parte de los partidos políticos respecto a las candidaturas, toda vez que en este proceso de impulsar la acción afirmativa en otros estados de la república, las candidaturas indígenas de muchos candidatos se basaron en la usurpación de identidades y arrebato de lugares que les correspondía a personas que son verdaderamente de las comunidades, lo que deja al descubierto que los derechos de las comunidades indígenas siguen siendo violentados y que su participación no se ha tomado en serio.

En ese sentido, al no tener claridad en las candidaturas indígenas en el Estado ni la participación de las comunidades, persiste el desafío de implementar una reforma a la Constitución y leyes locales que en primer lugar reconozca a las comunidades indígenas como sujetos de derecho y participes de las tomas de decisiones políticas y no se vean solo como un museo andante con los que se puedan tomar una fotografía; en segundo lugar que impulse de manera obligada en todas las dependencias, instancias, órganos autónomos y demás, acciones afirmativas con enfoque de paridad de género e interculturalidad que permitan la  mayor participación de las comunidades indígenas y que sean ellos quienes tengan el poder de postular y decidir quién los representa y que esta decisión no sea una decisión impuesta con fines e interés políticos. Esto nos permitirá una mayor inclusión en la vida democrática del Estado.

Lo anterior representará para las comunidades indígenas no solo el respeto y reconocimiento de sus derechos políticos electorales, sino que les permitirá ser representados por personas que conozcan sus cosmovisiones, valores, normas, instituciones y demás elementos que conforman su identidad para atender con pertinencia cultural y con amplio conocimiento de sus demandas, necesidades y problemáticas.

Se tiene que quitar la imagen estereotipada que se tiene de las comunidades indígenas al considerarlas como personas que no saben del desarrollo de su Estado, por el contrario, con una visión cooperativa entre Estado y Sociedad se puede llegar a un desarrollo sustentable y sostenible del Estado de México y comenzar atender problemas públicos que urgen, siempre tomando en consideración los derechos de los pueblos y comunidades originarias del Estado de México.

*Licenciada en Lengua y Cultura. Premio Estatal de la Juventud. Cursa la Maestría en Políticas Públicas.

 

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