La mayoría de los 125 Bandos Municipales del Estado de México tienen disposiciones que discriminan, generan desigualdad, injusticia y violencia, pues las personas integrantes de la comunidad LGBTTTI+ son tratadas como delincuentes y enfermas.
La organización Fuera del Clóset analizó esos cuerpos normativos y advirtió que en ellos existe desconocimiento en materia de diversidad sexual y de género, por parte de las autoridades, incluídos las y los presidentes municipales y las y los integrantes del cabildo.
Por eso, planteó la necesidad de derogar artículos, apartados y capítulos de los bandos municipales, a fin de garantizar los derechos humanos de esa comunidad.
En la revisión hallaron que 116 de los 125 Bandos, es decir, el 92.8% contemplan infracciones vinculadas a las “faltas a la moral y/o las buenas costumbres” y tanto esos conceptos como los de decencia, obscenidad, pudor, exhibicionismo y escándalo son argumentos que se suelen emplear por parte de autoridades municipales, especialmente policías, para detener a personas LGBTTTI+ en espacios públicos, bajo el argumento de que darse un beso, tomarse de la mano o usar cierta ropa son actos que van en contra del orden establecido.
“Ello se traduce en un alto nivel de discriminación institucionalizada que avala sanciones hacia las personas, simplemente, por no ser heterosexuales, cisgénero o no cumplir con las expectativas dentro del sistema binario de sexo -género”.
Además, en 50 Bandos se castigan las prácticas erótico-sexuales en la vía pública, sin que tengan por objetivo llegar a la cópula, pero el procedimiento para determinar cuáles se catalogan bajo ese supuesto resulta discrecional y subjetivo, y ha sido un pretexto para la detención de parejas del mismo sexo a lo largo de la entidad por parte de policías, dando pie a abusos de autoridad, extorsión y maltratos.
Otro dato es que en 36 municipios, es decir, el 28.8 por ciento, se registran normativas jurídicas en los que se expresan acciones concretas para proteger los derechos LGBTTTI+, aunque también se contemplan infracciones relacionadas con “la inmoralidad o la indecencia”.
Además, solo nueve municipios en todo el estado no consideran las “faltas a la moral y/o las buenas costumbres”, aunque únicamente en tres, esto es el 2.4% se alcanzan los mínimos deseables para garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, al menos, a nivel jurídico, para las personas LGBTTTI+, pues no sancionan las faltas a la moral y son: Toluca, Cuautitlán Izcalli y Juchitepec.
El estudio arroja que en 31 municipios, que representan el 24.8% del total de la entidad, los castigos contemplan detenciones; estos son: Almoloya del Río, Amanalco, Amecameca, Atenco, Atizapán, Axapusco, Calimaya, Cocotitlán, Chiautla, Chicoloapan, Ixtapaluca, Ixtapan del Oro, Xalatlaco, Jocotitlán, Lerma, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzoloapan, San Felipe del Progreso, Tenango del Valle, Teotihuacán, Tequixquiac, Texcalyacac, Texcoco, Tianguistenco, Tlatlaya, Villa Guerrero, San José del Rincón y Tonanitla.
En 45 ayuntamientos no solo consideran “la moral y las buenas costumbres” como una obligación que debe regir el actuar de la población, sino además se contempla que, en caso de ser incumplidas, se pueden sancionar con multas que pueden llegar hasta los nueve mil 700 pesos, aproximadamente.
Hallazgos
El estudio encontró Bandos que contemplan sanciones por faltas a la moral y las buenas costumbres y ningún tipo de protección a la población LGBTTTI+.
Los peores ordenamientos en materia de protección y garantía de derechos humanos de la población LGBTTTI+ en el Estado de México son de los municipios de: Amatepec, Atenco, Axapusco, Chiautla, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Jilotepec, Jiquipilco, Morelos, Ocoyoacac, Otzoloapan, Tianguistenco, Tlatlaya, Tonatico, Xonacatlán, Zacazonapan, Zumpahuacán y Zumpango.
Otros consideran sanciones por faltas a la moral y buenas costumbres y poca protección a la diversidad sexual y de género, pues el tema de las infracciones administrativas es muy alto y la protección a las personas LGBTTTI+ es poca o casi nula.
Los que contienen las peores prácticas son; Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya del Río, Amanalco, Apaxco, Atizapán, Atlautla, Ayapango, Coatepec Harinas, Chapa de Mota, Chapultepec, Chicoloapan, Chiconcuac, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Xalatlaco, Jaltenco, Jilotzingo, Jocotitlán.
También Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Nextlalpan, Nopaltepec, El Oro, Otumba, Ozumba, Polotitlán, San Antonio La Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Sultepec, Tejupilco, Temamatla, Temascalcingo, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle.
De igual forma Teoloyucan, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcaltitlán, Texcalyacac, Texcoco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Tultepec, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Zacualpan, Zinacantepec, Luvianos, San José del Rincón y Tonanitla.
“Resalta el Ayuntamiento de Tultepec, el cual cuenta con un apartado específico sobre el tema, denominado “TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO DE LA CIVILIDAD, MORAL PÚBLICA Y BUENAS COSTUMBRES CAPÍTULO ÚNICO DE LA CIVILIDAD, MORAL PÚBLICA BUENAS COSTUMBRES”, en el que se determinan “las medidas pertinentes para el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”, señala el análisis.
Detrás de los textos que contienen “faltas a la moral y buenas costumbres”, de acuerdo con Fuera del Clóset, se ocultan las figuras anquilosadas del poder que buscan controlar, censurar y sancionar las vidas y los cuerpos que no se consideran dentro de la cis-heteronorma.
“Estos pretenden regular el comportamiento bajo ciertos estándares de modelos de vida tradicional, mientras que otras formas, experiencias, deseos, familias e identidades son sometidas al escrutinio público, la exclusión, la burla y el menoscabo de sus derechos”.
La organización señala que aún cuando la homosexualidad o la transexualidad nunca han sido consideradas como un delito en el Código Penal de México, eso no ha sido obstáculo para que históricamente en el andamiaje socio-cultural y político, las personas LGBTTTI+ sean tratadas como criminales o enfermas.
Eso se expresa bajo múltiples expresiones simbólicas, actos cotidianos, discursos o documentos legislativos, los cuales han derivado en discriminación y violencia sistematizada en su contra.
“Y ahí radica la importancia del presente documento, la de visibilizar una serie de actos cotidianos que permanecen, mayoritariamente en la impunidad, no solo como un acto de denuncia, sino como una herramienta para exigir a las autoridades municipales la actuación inmediata.
“A través de la derogación de artículos, fracciones y capítulos de sus Bandos Municipales que impidan la discriminación institucional motivada por los prejuicios entorno a la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género de las personas, así como establecer la necesidad urgente de que el Estado proteja, respete y garantice el ejercicio de los derechos humanos de la población LGBTTTI+”.
Conclusiones
Las conclusiones del análisis son que hay tareas urgentes que deben ser atendidas por el Estado, relacionadas con la armonización legislativa, el impulso de reformas y leyes que eliminen la discriminación, a la par de generar acciones afirmativas, destinar recursos etiquetados, crear políticas públicas, realizar programas comunitarios, afianzar los lazos con la sociedad civil, aplicar investigaciones y garantizar, desde los municipios, el acceso a herramientas que permitan a las personas LGBTTTI+ disminuir las brechas de desigualdad e injusticias históricas para alcanzar una vida en condiciones de dignidad.
Una de esas acciones es la creación de Unidades, Direcciones o Departamentos dedicados exclusivamente a atender las necesidades y problemáticas de la población LGBTTTI+, las cuales deben estar dotadas de certeza jurídica, pero también de elementos financieros, políticos y humanos que les permitan transversalizar una perspectiva de diversidad sexual y de género en todas las acciones de la administración municipal.
Foto: Fuera del Clóset
