Acuerdos de gobierno cerrados
La coalición “Va por el Estado de México” conformada por PAN-PRI-PRD-NAEM entregó en un sobre cerrado el acuerdo de gobierno que mantendrán, en caso de ganar las elecciones del cuatro de junio.
Los compromisos pactados estarán bajo llave y nadie que no pertenezca a los altos mandos de esos partidos tiene información clara de cómo pretenden dividirse el gabinete y llevar a la práctica lo que podría ser el primer gobierno de coalición.
El acuerdo de “secrecía” va en contra de lo que el PAN y PRD prometieron: total claridad de los acuerdos y dejan a la población sin elementos suficientes para saber qué papel podría jugar cada fuerza en la siguiente administración si logran triunfar.
Validan gobiernos de coalición
Minutos antes que el Consejo General del IEEM aprobara el convenio de coalición que encabeza el PRI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró válidas las reformas que regulan los gobiernos de coalición en el Código Electoral mexiquense.
Sin embargo, la votación dividida entre las y los ministros es evidencia de un tema inacabado que seguramente se irá perfeccionando con el tiempo, pues la postura final no fue unánime y dos votos hicieron la diferencia para no invalidar esa figura.
Los gobiernos de coalición ya son posibles en el Estado de México, pero que se materialicen dependerá de los resultados del 4 de junio.
Si la coalición “Va por el Estado de México” gana, esa figura podría aplicar, pero si triunfa la candidatura “Juntos Haremos Historia” la reforma no tendría implicaciones.
Precampañas
Como en otros procesos electorales, la realidad supera a la ley y obliga a delimitar mejor el tema de precampaña, pues si bien esa etapa es considerada como una promoción dirigida a la militancia, al final todo el electorado termina bombardeado por spots, pintas, lonas y espectaculares al por mayor.
Los partidos ya no tienen financiamiento público para hacer precampaña, pero falta quitarles el tiempo gratis en radio y televisión para anunciarse; una prerrogativa innecesaria para llegar a los cerrados círculos que realmente toman las decisiones en los partidos. Es urgente terminar con esa simulación.
Si hay precandidaturas únicas no es necesario hacer actividades proselitistas internas de manera pública, ni difundirlas en toda la entidad, pero es claro que ningún partido va a renunciar a la oportunidad de posicionarse y empezar a ganar puntos antes de la verdadera contienda.
La ley es flexible en ese tema, pues basta con señalar que la propaganda va dirigida a militantes y simpatizantes, aunque en realidad busque impactar a todas las personas.
Camionetas y viáticos
En la pasada sesión del Consejo General del IEEM, salió a relucir un beneficio más que tienen las consejerías electorales: 10 mil pesos para el pago de casetas y viáticos, un tema nada nuevo, pues toda la vida se han pagado traslados y lo mismo pasa en otras instancias públicas.
Valdría la pena que hagan público la totalidad de apoyos que reciben las personas en nómina del IEEM para cumplir con su labor, a fin de que no haya más sorpresas. Finalmente las consejerías llevan años sin aumento salarial, ni la auto asignación de bonos especiales.
Lo que no se puede, es calificar a la transparencia como una “campaña de desprestigio” para el instituto y cargar a una persona las acciones de un órgano colegiado que tiene como principio rector la máxima publicidad.
Las consejerías adquirieron ocho camionetas por un monto total de cinco millones de pesos, pues cada unidad modelo 2022 costó 689 mil pesos.
Esos vehículos, de acuerdo con los criterios para pagar tenencia, son considerados de lujo, pese a que el representante de Nueva Alianza considere que ese costo es parte de una “normalidad económica”.
¿Cuántas personas tienen la capacidad económica para adquirir una camioneta de ese precio?
Lo anormal no es que se exhiban las compras, sino que se pretenda ocultarlas, cuando se trata de recursos públicos.
La ley obliga a transparentar todas las prestaciones y la ciudadanía no tendría que presentar una solicitud de información para conocer esos datos que deberían ser públicos, de oficio, en los portales de transparencia de todos los entes.
