Detención de periodistas 

Este domingo dos periodistas y una activista fueron detenidos por policías estatales, durante una protesta contra el monumento a Carlos Hank González, y tras un bloqueo y una fuerte presión en redes sociales, por la noche fueron liberados.

Inicialmente circuló un video donde el periodista Carlos Pérez es detenido por un policía estatal, y al cuestionar al efectivo por qué lo detenían, uno de ellos respondió que por “estar interrumpiendo las labores”.

Más adelante, ante los reclamos de periodistas, la Secretaría de Seguridad estatal señaló que la detención de las tres personas fue porque pintaron el monumento y publicó un video para demostrarlo, pero en él sólo se observa a una persona hacer pintas.

En boletín, la dependencia señaló que al revisar las pertenencias de los periodistas y el activista encontraron supuesta droga y fueron remitidos al Ministerio Público de Metepec, aún cuando fueron detenidos en Toluca.

La asamblea “Tenemos que Hablar” denunció, antes de la publicación del boletín de la Secretaría de Seguridad, que de forma ilegal se revisaron las pertenencias de los detenidos y les fabricaron la supuesta posesión de drogas.

En este asunto hay varias incongruencias, como el motivo de la detención y los señalamientos de que los policías “sembraron” droga a los periodistas y al activista. 

Las autoridades deben investigar estos hechos y no desestimar los señalamientos de fabricación de delitos, a la par de capacitar a la policía y enseñarle a respetar los derechos humanos.

Tanto la Comisión de Derechos Humanos, como el Mecanismo de Protección de Periodistas deben actuar e informar qué harán en este caso porque de nada sirve firmar convenios sí en los hechos no actúan.

Los millones de Latinus 

Gran tarea tiene el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), luego de que el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que más de mil 117 millones de pesos que recibió la empresa Latinus, en los últimos tres años, provinieron de la administración de Alfredo del Mazo, a través de tres empresas de salud que fueron favorecidas por el ISEM y el quebrado ISSEMyM.

La información debe estar en las últimas cuentas públicas del Estado de México, donde se contienen todos los gastos. 

Tanto el OSFEM, como la Contraloría estatal y los órganos internos de control del sector salud deben demostrar que también vigilan el uso y destino de los recursos públicos y deslindar responsabilidades en el gobierno encabezado por Alfredo del Mazo.

La buena relación de este gobierno con el anterior no debe generar que no se investiguen posibles irregularidades, y la revelación de la UIF pone sobre la mesa un asunto que amerita investigarse para evitar suspicacias o malos entendidos. Hay que transparentar esos gastos y garantizar el buen uso de los recursos.

Reelección

La semana pasada la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo presentó sus primeras tres propuestas legislativas, donde resaltó la eliminación de la figura de la reelección, de la cual han gozado abiertamente todos los partidos políticos.

Luego de probar en estos primeros años la elección consecutiva sin buenos resultados en cuanto a la profesionalización y continuidad de los trabajos, es evidente que la figura ha servido para que unos cuantos se eternicen en el poder por sí, o a través de sus familiares directos, sin contar que tienen el control territorial abierto para que nadie más haga campaña.

A eso sumamos el abandono en los ayuntamientos y las Legislaturas, de donde se ausentan alcaldes y legisladores por meses, para hacer campaña abierta, sin correr riesgos porque mantienen su primer cargo.

Hay pocos casos, pero existen, donde la o el diputado adquiere experiencia, lleva una fuerte carga de trabajo y ha dado resultados en la elección consecutiva.

El Tricolor 

El Partido Revolucionario Institucional cada vez está más a la deriva, tras los resultados electorales de las últimas elecciones, donde no se han cansado de perder espacios.

Lejos de aceptar las razones de su debacle, el priismo nacional, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, no da tiempo para procesar la herida y se empeña en sepultar a ese partido, ahora hasta ha aceptado que militantes de esa fuerza política intervinieron en el Pemexgate y están vinculados al asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Las declaraciones del dirigente nacional, al calor de la molestia y el reproche hacia quienes no apoyaron sus ansias reeleccionistas, no son palabras menores, pues implican unos de los escándalos más importantes en Pemex, y el homicidio de una de las principales figuras políticas de los últimos años. 

¿El PRI acepta que dio cargos y se ha apoyado en personajes vinculados a presuntos delitos?

El priísta más incómodo de todos los tiempos impulsó la reforma de los estatutos de ese partido para permitir la reelección de la dirigencia hasta por dos periodos, a nivel nacional y en los estados; con lo cual, Alejandro Moreno podría estar al frente del tricolor hasta el 2032.

La medida podría generar un lento y continuo éxodo de militantes que no esperarán a ver el entierro del partido que gobernó el país por casi 200 años y desde afuera lucharán para derrumbar los últimos cimientos del Revolucionario Institucional.

¿El priismo mexiquense? Apoyó la reelección de Alito, por supuesto.