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FOTO: ML

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, publicó las reformas a la Ley de Fiscalización de la entidad, con las cuales se permite a ex representantes populares  llegar al cargo de Auditor Superior de la entidad y encargarse de vigilar el uso y destino de los recursos públicos en los tres poderes y entes autónomos.

Con esto queda libre el camino para que la ex diputada federal, Miroslava Carrillo Martínez, pueda concursar por el cargo, una vez que la Legislatura emita la convocatoria a principios de enero del siguiente año, como acordaron los diputados locales.

Al final, el ejecutivo no vetó los ajustes a las fracciones 3 y 4 del artículo 11 y de la fracción 1 del artículo 17, donde se limitaba la participación de los ex diputados y ex senadores, a menos que se hubiesen separado del cargo tres años antes.

La ex diputada federal dejó el cargo el pasado 16 de diciembre y al ser abogada titulada y haber sido comisionada del Instituto de Transparencia de la entidad, cumple los requisitos que señala la norma.

Las reformas que entran en vigor este sábado piden carreras relacionadas con las actividades de contraloría, transparencia o rendición de cuentas y contar con una experiencia mínima de cinco años en esas áreas.

Permite la llegada de militantes de cualquier partido político pero no de dirigentes en activo, con lo cual se abre una nueva era en el Órgano Superior de Fiscalización, donde el siguiente paso será que la Comisión de Vigilancia del OSFEM emita la convocatoria, revise y analice cada una de las propuestas, entreviste a los aspirantes e integre una terna a la Junta de Coordinación Política para que la vote el pleno y quien obtenga los votos de las dos terceras partes ocupe el cargo de auditor.

Sólo falta definir si antes de la emisión de la convocatoria se reformarán otros apartados,  donde, entre otras cosas se limita a siete años el plazo para ser Auditor Superior y se prohíbe la reelección, pues actualmente el Auditor dura ocho años y puede ser nombrado por un plazo más.

La iniciativa que se turnó a comisiones considera necesario que el nuevo titular del OSFEM sea evaluado anualmente por la comisión, puntualiza como facultad el substanciar los procedimientos de auditoria por denuncia conforme a lo establecido en la ley, así como presentar denuncias y querellas penales en contra de servidores públicos o quienes hayan dejado de serlo y coadyuvar con el Ministerio Públicos en los términos de la legislación penal, así como iniciar ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades.

Reitera que mientras esté en el cargo no puede ser dirigente de partido político alguno, participar en actos políticos partidistas o hacer cualquier toó de promoción o proselitismo político; desempeñar otro empleo, cargo, o comisión, salvo los no remunerados como docente.

Los diputados buscan que el auditor pueda ser removido por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por no haber pasado la evaluación anual, no guardar sigilo de las investigaciones o por no dar cuenta a la Comisión de Vigilancia de los procesos de responsabilidad administrativa resarcitorios cada semestre o por dejar de señalar las faltas de los entes públicos.

 

 

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