Comunidades del municipio de El Oro siguen sin servicio de abasto de agua potable ni recolección de basura; mientras, el Poder Ejecutivo analiza la petición formal que entregó el cabildo para destituir a la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza y la Contraloría del Poder Legislativo integra ocho denuncias en contra de la presidenta municipal que podrían derivar en una inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Hace unos días, integrantes del cabildo acudieron a Toluca para presentar la petición de destitución tanto al Congreso local como al Poder Ejecutivo. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Vázquez Rodríguez, dio a conocer que este poder debe esperar a recibir una petición formal de la gobernadora para proceder.
El síndico Ubaldo Velázquez dio a conocer que existe mucha inconformidad en el municipio, por lo cual hace unos días amarraron al director de Servicios Públicos y a un representante de Gobernación y se organizan para ir a dejar la basura afuera de la casa de la alcaldesa, por la falta de atención del gobierno estatal.
Detalló que las quejas son varias, desde la falta de pagos al personal, la destitución de funcionarios, hasta la retención de los recursos del municipio, por lo cual anunció que va a presentar varias denuncias ante el Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría del Poder Legislativo, este viernes, pues tiene pruebas de que alcaldesa se ha quedado con los ingresos propios del municipio.
Hay 8 denuncias
En la Contraloría del Poder Legislativo hay ocho denuncias en contra de la presidenta municipalpor la destitución de funcionarios sin autorización del Cabildo, omitir la entrega de información al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), irregularidades en la selección del cronista, despidos injustificados, no pagar al personal su salario y faltas con el Comité de Participación Ciudadana.
Dos denuncias fueron anónimas, una es del OSFEM, otra de un aspirante a un cargo, y el resto de ex funcionarios despedidos de manera injustificada.
Estas han sido presentadas en los tres últimos meses. Se espera que en este mes se tengan integrados al menos cuatro casos y llamen a la presidenta a su garantía de audiencia como lo establece el debido proceso, en el cual pueden tardar entre seis y 12 meses para emitir una resolución.
El contralor José Hernández Vences dijo que las sanciones van desde la amonestación pública y privada hasta la destitución por un año del cargo. Pero si el asunto es considerado grave se turna al Tribunal de Justicia Administrativa, donde el castigo puede llegar a 10 años de inhabilitación.
Separación del cargo
El contralor explicó que la facultad de destituir y sustituir a un edil corresponde al Poder Legislativo, pero en caso de detectar un peligro inminente de seguir causando más daño, se puede decretar la separación del cargo, en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Junto con estos casos, la Contraloría tiene alrededor de 2 mil asuntos en investigación y está en espera de recibir más de este municipio.
El contralor puntualizó que estarán atentos a nuevas denuncias. Para ello pueden acudir presencialmente a las oficinas en Toluca o hacerlo en la página https://www.contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/ o en las ventanillas electrónicas que hay en los municipios, donde a través de un código QR pueden hacerlo desde el celular, e incluso de manera anónima.
FOTOS: ESPECIALES Y CLAUDIA HIDALGO
