Hay momentos en los que acceder a información objetiva, cierta y oportuna puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, así como contribuir a la toma de decisiones adecuadas para preservar la seguridad y la integridad de las personas. El extinto Inai no fue capaz de apreciar la oportunidad que tenía para diseñar una plataforma de transparencia en casos de desastre. Lamentablemente, la nueva autoridad garante no ha logrado sacudirse el burocratismo para asumir un papel activo y útil en la atención de emergencias.

Una de las críticas más fuertes al anterior modelo de transparencia y acceso a la información pública consistió en su falta de relevancia social. Esa fue una crítica real y efectiva. El INAI y los órganos garantes promovieron un sistema en el que el acceso a la información se convirtió en un instrumento privilegiado para aquellos sectores de la sociedad interesados en la accountability o la rendición de cuentas, lo que no era equivocado, pero si insuficiente.

Como consecuencia de ello, el modelo de la Plataforma Nacional de Transparencia se orientó a la publicación oficiosa y permanentemente actualizable de diversos conceptos que pretendían exponer información para ello, tratando de homologar formatos y contenidos que terminaron por, a fuerza de la abundancia de los datos, provocar el efecto contrario a lo deseado: la opacidad y la falta de relevancia.

Esa fue la principal debilidad del diseño anterior del acceso a la información: destinar múltiples recursos y esfuerzos institucionales para atender las demandas de un conjunto de usuarios frecuentes que bien podían usar esa información para promover el control de las élites y de ciertos sectores académicos o civiles, sobre la función de gobierno, pero sin involucrar al grueso de la población.

El evento que hizo más evidente la falta de utilidad del INAI y el sistema nacional de transparencia fue el sismo de 2017. En aquella ocasión, la burocracia de la transparencia, lejos de asumir la responsabilidad del Estado que les correspondía, se desmovilizó y dejó que fuera la ciudadanía la que emergiera y supliera la falta de información, adoptando herramientas esenciales para organizar la respuesta ciudadana frente a la emergencia, creando, en cuestión de horas, proyectos como #Verificado19S.

Meses después del sismo, en la ciudad de Taxco Guerrero, quienes formábamos parte del Sistema Nacional de Transparencia tuvimos un encuentro en el que tuve la oportunidad de reflexionar sobre el papel relevante que los órganos garantes deberíamos de asumir en casos de desastre y la necesidad de ser útiles ante las necesidades de las personas. El llamado no tuvo mayores resultados.

Al interior de Infoem iniciamos algunos trabajos para diseñar un Sistema de Información Estratégica y de actuación en casos de desastre o fenómenos perturbadores que, entre otros aspectos, debería contener mapas de lugares de siniestro, focalización de puntos de encuentro para voluntarios, centros de acopio, centros de mando en la zona siniestrada, replicar de manera constante el listado de requerimientos en tiempo real, de personas víctimas, desaparecidas, canalización y centros de atención médica, promoción de la transparencia y rendición de cuentas para la recuperación o reconstrucción. Aunque comenzamos estos trabajos, fue una acción inconclusa.

Uno de los aspectos más importantes, de la nueva legislación en materia de transparencia consistió en el nuevo matiz de la transparencia: el sentido social.

Estoy convencido de que el Estado cuenta, a través de diversas instituciones y especialmente las que instrumentan los planes de acción frente a los desastres, con importantes sistemas para recopilar información y tomar decisiones. Sin embargo, son sistemas intergubernamentales.

Luego de los desastres naturales que nuestro país ha padecido y entre los cuales se encuentran los huracanes en Acapulco o las recientes y trágicas inundaciones en los estado de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, hay razones mayores para promover el diseño de una plataforma de información para casos de desastre, que permita monitorear los fenómenos perturbadores, brindar información en tiempo real e, incluso, activar alertas masivas a través de los sistemas electrónicos disponibles para que la población se informe de las recomendaciones de las autoridades para enfrentar los riesgos, así como para actualizar en tiempo real la identificación de las zonas afectadas, la ubicación de las comunidades y los efectos provocados, todo lo cual sería tremendamente útil para generar certeza, promover la seguridad de las personas y garantizar la atención oportuna de las víctimas. Sería una transparencia con verdadero sentido social.

En las recientes inundaciones, fuimos testigos del compromiso y la decisión de la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para responder a las necesidades de la emergencia. Pero no podemos dejarla sola, es necesario ayudarle.

El extinto INAI fracasó en su deber constitucional cuando su personal se desmovilizó después del sismo de 2017, pero a 8 años de distancia y luego de su transformación, “Transparencia para el Pueblo” tampoco ha percibido el papel estratégico que podría jugar y la utilidad de su función para atender a las personas cuando mayor atención e información necesitan.